Las negociaciones paralelas que la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizó para aumentar los beneficios de sus agremiados, aunado a que la seguridad social a nivel federal y estatal se ha caracterizado por “una gestión inercial, deficiencia operativa, de crisis financiera y de mala calidad de los servicios”, provocaron que el sistema de pensiones de los maestros requiera una reforma urgente, ya que su viabilidad financiera está comprometida, reconoce este gremio en un diagnóstico.
El SNTE realizó el análisis de los sistemas de seguridad que sirven a un millón 700 mil de sus afiliados, que revela la crisis que se enfrenta en este rubro.
Detalla que los sistemas de pensiones de los maestros requieren una “reforma urgente” en diez estados del país, más una transformación en el mediano plazo, ya que su viabilidad financiera está comprometida e impacta las condiciones de jubilación y la atención a la salud, prestaciones como el crédito de vivienda e incluso en el pago de la nómina.
Entidades con déficit
Baja California, Colima, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz y Chiapas están en situación de inviabilidad financiera, ya que a partir de 2012 presentan déficits para el pago de la nómina de los jubilados.
Las entidades que también requieren una reforma urgente porque su viabilidad es de hasta cinco años más son: Durango, Tamaulipas, Zacatecas y Tabasco.
Al abordar las condiciones de jubilación de los trabajadores de la educación y de los cuatro millones 760 mil de sus familiares; así como 450 mil pensionados más dependientes, el sindicato asegura que los sistemas de jubilación de Guerrero, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Yucatán, Campeche, Sonora, estado de México y Puebla, “requieren una reforma en el mediano plazo”, puesto que su viabilidad financiera tiene una vigencia de hasta 20 años.
Responsabiliza a los líderes
En el análisis de las condiciones de retiro en los sistemas estatales, el SNTE reconoce que hoy afecta a los agremiados lo que la dirigencia fomentó con negociaciones paralelas —en la gestión de Elba Esther Gordillo—, esto es, “en algunos casos los aumentos de beneficios que se realizaron mediante acuerdos con los órganos directivos sin estar previstos en la ley”.
De los 32 sistemas estatales de pensión, nueve son viables y 10 necesitan una reforma urgente, cantidad equivalente a una transformación a mediano plazo, mientras que tres más no cuentan con información.
En el caso de las que están en crisis, significa que “los ingresos presentes y futuros de dichos sistemas no alcanzan para pagar la nómina de pensiones de los trabajadores actuales y de los futuros jubilados”.
Respecto a la atención de la salud, el SNTE que preside Juan Díaz de la Torre, señala que el aumento de la violencia y la drogadicción, así como padecimientos propios de países pobres como los gastrointestinales, así como las enfermedades crónico-degenerativas y el crecimiento del estrés, depresión y ansiedad, son males que “comienzan” a afectar a los maestros y para su atención el servicio de las instituciones de seguridad social es “deficiente”.
Respecto a las prestaciones vinculadas, el sindicato asegura que en 39 años sólo la mitad de los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tuvieron acceso a un crédito de vivienda; y en el caso de quienes lo obtuvieron, se enfrentan a “unidades habitacionales abandonadas por problemas de infraestructura y servicios”. El documento que realizó la dirigencia nacional del SNTE y que difunde a través de su portal de transparencia, señala que también existe demora en la liberación de hipotecas y escrituras; deficiencias por el centralismo administrativo; descuentos indebidos; y que el promedio de espera para obtener un crédito hipotecario es de 21 años.
El análisis de 26 cuartillas refiere que 7% de la población nacional corresponde a los trabajadores de la educación en vigencia o en retiro, más sus familias, es decir, siete millones 387 mil personas.
