UN1ÓN reporta que en 2016 se cumple el plazo constitucional para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en las entidades federativas.
El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) realizó un estudio en el que evalúan la situación actual de los procesos de implementación y operación del nuevo sistema de justicia en los estados del país.
Al finalizar el 2014 ninguna entidad federativa cumplió con los estándares establecidos para ese periodo, y acaso los estados de Baja California, Chihuahua y Guanajuato superaron los estándares del 2013, según el Reporte de hallazgos 2014 sobre los avances en la implementación y operación de la reforma penal en México.
Puebla se encuentra situada en la posición número 14 del ranking de condiciones para la implementación del nuevo sistema de justicia, realizado en función del avance y calidad del proceso de implementación de la reforma penal.
Entre los elementos que se contemplan para la medición se encuentran las instancias técnicas de coordinación, las áreas de apoyo técnico y especializado, los recursos económicos invertidos y la coherencia de todos estos elementos con los proyectos de planeación integrales y particulares de cada institución.
Actualmente hay registro de 16 estados de la República que han operado el nuevo sistema penal durante un año o más tiempo dentro de los que se encuentran Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Puebla, junto con Coahuila, Tamaulipas y Veracruz son los estados que más recientemente comenzaron la operación, en el año 2014.
Dentro de los aspectos en los que el estado de Puebla destaca es en la armonización del 100% de la legislatura local con los códigos establecidos por el nuevo sistema de justicia, además es uno de los cinco estados que ha comenzado labores de construcción de infraestructura para los Centros de Justicia.