Excélsior informa que con datos imprecisos, algunos contradictorios, proporcionados por las 32 entidades del país y todas las instituciones federales involucradas en el tema, la Secretaría de Gobernación entregó al Senado el Primer Informe Anual 2013 de las acciones del Estado mexicano contra la trata de personas, en el que destaca el registro de mil 174 víctimas, pero aún ninguna sentencia condenatoria de los casos abiertos el año pasado.

El reporte deja ver que durante 2013, la Federación y 25 estados y el Distrito Federal abrieron 600 averiguaciones previas referentes a la trata de personas y detuvieron a un total de 395 presuntos delincuentes, de los cuales 308 fueron consignados, pero en ninguno de estos casos hay sentencia condenatoria.

Sin embargo, durante ese 2013 los juzgados de 11 estados y el Distrito Federal emitieron 78 sentencias por el delito de trata de personas, de las cuales 76 fueron condenatorias y dos absolutorias, pero todas ellas referentes a procesos abiertos en años anteriores al reportado en este Informe.

De igual forma, se observa que los estados del país minimizan este delito, al grado de que sólo 11 entidades reportan una ley específica para perseguirlo.

Pero además el Informe deja ver una serie de datos contradictorios proporcionados por los gobiernos de los estados.

Por ejemplo, en uno de los capítulos, 21 estados reportan haber atendido un total de mil 174 víctimas y haber detenido a 395 presuntos delincuentes, pero en otro de los capítulos del Informe se observa que 15 estados, algunos diferentes a los 21 primeros, reportan haber atendido a 542 víctimas y tener a 415 presuntos responsables.

En el capítulo denominado Protección, Asistencia y Atención a Víctimas de Trata de Personas, se observa que los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz reportaron haber atendido a mil 174 víctimas.

Pero en el capítulo  llamado Cooperación Interinstitucional de las Autoridades en Materia de Trata de Personas, los estados de Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas dicen que registraron un total de 542 víctimas.

En el caso de Nayarit se observa que admite la existencia de dos mil 880 víctimas de delitos relacionados “de violencia familiar y delitos sexuales”, que reportó dentro del ámbito de trata de personas, pero después, cuando precisa los procesos judiciales abiertos sobre este tema se observa que sólo es uno en materia de trata de personas.

Los estados que no dieron información alguna para estos dos capítulos fueron Baja California Sur, Campeche, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

En el rubro del reporte en materia de averiguaciones previas abiertas en 2013 por el delito de trata de personas, los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Sinaloa y Yucatán dicen que no se registró ningún caso que ameritara comenzar una investigación.

Mientras los estados que no reportaron avance alguno en materia de una legislación destinada a combatir la trata de personas son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Durango y San Luis Potosí reportaron tener avances en la construcción de sus leyes contra la trata de personas.

De los estados que sí entregaron la información requerida por la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el Distrito Federal destaca por ser el que más detalle tiene en torno a las averiguaciones que tiene abiertas, los presuntos delincuentes, los detenidos, los consignados y las sentencias.

La Federación, —que entregó información vía la PGR, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimpra) de la propia PGR y la extinta Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito—, admite que, a pesar de los avances logrados para que el delito de trata no quede impune, “el esfuerzo debe ser mayor y focalizado para lograr que la punición del delito sea efectiva, y que no se disfracen con otros tipos penales, ya que los daños causados a las víctimas de trata de personas son múltiples, por lo que no deben quedar en estado de indefensión”.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/05/990693