El Sol de Puebla documentó 22 preliberaciones más de reos que bajo ninguna circunstancia tenían derecho a gozar de este beneficio, al cometer delitos graves como homicidio, robo, violación, secuestro, entre otros, tras presentar los primeros siete casos el lunes pasado.

En una entrevista con Valentín Meneses Rojas, secretario de Gobernación durante la administración de Mario Marín Torres, indicó que “sí se autorizaron preliberaciones, pero a personas indígenas (que no sabían leer y escribir), de la tercera edad, enfermos terminales y que no hubiesen cometido delitos graves", sin embargo, refiriéndose a los 22 nuevos casos documentados por este medio, todos corresponden a delitos graves y además tampoco cubren con los requisitos mencionados por el ex funcionario estatal.

Y es que según lo señalado en el artículo 54 bis de la Ley de Ejecuciones de Sanciones Privativas de la Libertad en el Estado, los delitos antes referidos no tiene derecho a este beneficio preliberacional. Dentro de los 22 archivos a los que tuvo acceso este rotativo, se encontró que: nueve corresponden a acusaciones por robo, robo de vehículo y robo de vehículo calificado; siete a homicidio en diversas modalidades (simple intencional, calificado y en razón de parentesco); tres a violación equiparada o calificada y las otras tres restantes a secuestro, fraude o lenocinio.

Del total, en 10 casos, los detenido incurrieron no solamente a un delito grave si no que a dos, tres o inclusive cuatro. Bajo el mismo tenor, de acuerdo con copias de las 22 pre liberaciones, se detectó que quienes fueron investigados por tres o cuatro delitos consiguieron el trámite de su pre liberación al purgar tan sólo un poco más del 50 por ciento de su sentencia que iba de un rango de 11 a 18 años de prisión, como en el caso de Ángel Ezequiel Sánchez Rosas, quien bajo el proceso penal con número 64/99 fue aprehendido el 9 de abril de 1999 por los delitos de: asalto, robo, lesiones y daño a propiedad ajena doloso.

En dicho caso, las autoridades le establecieron una condena de 18 años y seis meses de prisión en el Cereso de Xicotepec de Juárez pero según lo dictaminado por el Comité Técnico, al supuestamente cumplir con los requisitos establecidos para gozar del referido beneficio este sujeto fue pre liberado al permanecer dentro del penal únicamente 11 años y 9 meses, restándole poco más de seis años de su condena.

A lo anterior, se suma la situación de Octaviano Jaime Osnaya, sentenciado un 18 de noviembre de 2003 a 11 años y 6 meses de cárcel, al ser señalado como actor de los ilícitos de: robo de vehículo, robos calificados y asociación delictuosa, consiguiendo su pre liberación el 11 de enero de 2011 quedándole por pagar 4 años, 4 meses y 7 días.

Como se ha venido informado, diversas irregularidades en los procesos, métodos o formas de ejecutarse las preliberaciones, a cargo del ex Secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas, casi al término de la administración del entonces gobernador Mario Marín Torres, han sido detectadas a través de distinta documentación oficial.

Pues además de tratarse de sujetos que han matado, violado, secuestrado o robado con violencia, son delincuentes que en poco tiempo de haber conseguido su pre liberación han reincidido en delitos de igual o mayor gravedad, significando un peligro para la sociedad. Pero además, según lo comentado en su momento por los familiares de los hasta entonces presos, para obtener el citado beneficio jurídico tuvieron que cubrir cuotas de entre 500 mil y un millón de pesos.

En torno a este tema de las pre liberaciones otorgadas en la recta final del sexenio marinista, el actual mandatario del Estado Rafael Moreno Valle Rosas, sostuvo que el Gobierno actuará con apego a la Ley sin importar los partidos políticos o las personas: "Lo único que yo puedo garantizar es que estaremos actuando apegados a derecho, para nosotros lo fundamental es que se cumpla la ley independientemente de los niveles, de los cargos, de las personas o de los partidos, queremos que todos estemos sujetos a un marco jurídico y que lo respetemos".

Por último, cabe resaltar que las acciones cometidos en durante el gobierno marinista, con base en lo establecido en el Código Penal de Puebla, entran en los delitos de: abuso de autoridad o incumplimiento de un deber así como en evasión de presos, que se sanciona de 6 meses a 6 años de prisión en el primer caso, y de 3 a 10 años de cárcel, en el segundo.

Fuente: http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n3596177.htm