Los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría del Ciudadano, Valentín Meneses Rojas y Martín Fuentes Morales, respectivamente, recibieron a representantes de defraudados en Tehuacán, alrededor de un millar de personas, por la Caja Popular del Sureste, empresa con matriz en Oaxaca, donde aseguran, afectó a más de 40 mil inversores.

Durante la reunión, donde también se contó con la presencia del Subprocurador del Ciudadano, Mario Arturo Cruz Oropeza, se les explicó a los dirigentes, alternativas jurídicas y pasos administrativos tendientes a alcanzar el apoyo económico gubernamental contemplado por el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago, FIPAGO o FIDEPAGO).

Los afectados, agrupados en el Comité de Defraudados “9 de abril de 2010”, en referencia a la fecha en que en Tehuacán cerró sus puertas la Caja Popular del Sureste, en la citada reunión, fueron representados por el presidente del comité, Mario Miguel López; tesorera, Catalina Contreras Pacheco; y por la secretaria, Ubalda Leticia Martínez López, quienes con suma atención escucharon los requisitos a cubrir para lograr el apoyo del FIDEPAGO.

Se les instó a que cuanto antes todos las y los afectados presenten sus denuncias ante el agente del Ministerio Público en contra de los socios de la Caja, con ello, se tendrá un estimado del número de personas y los montos que defraudaron los responsables; al margen de estructurar un padrón de afectados para tratar de sensibilizar al Gobierno Federal y abra la posibilidad de apoyo por parte del Fideicomiso Pago, “aunque es un proceso sinuoso y largo en tiempo”.