Cataluña celebrará el primer referéndum de independencia de su historia el próximo 1 de octubre, una fecha en la que decidirá si sigue vinculada al Estado español o si, por el contrario, decide constituirse como un Estado independiente en forma de una nueva República.
El gobierno catalán, presidido por Carles Puigdemont, firmó la noche de este miércoles la convocatoria del referéndum después de que en el Parlamento regional aprobó la ley que da amparo legal tanto a la consulta ciudadana como a la eventual “desconexión” de las instituciones catalanas de las españolas en el caso de que finalmente gane el sí a la secesión. Desde Madrid se anunciaron querellas judiciales y una batería de denuncias ante el Tribunal Constitucional.
El conflicto político entre Cataluña y España entró en un punto de no retorno. Las instituciones catalanas, gracias a la mayoría absoluta del bloque de partidos que apoyan la independencia más la abstención de la formación emergente Catalunya si que es pot -la marca electoral de Podemos en la región- llevó a cabo el primer gran paso para la independencia, que fue la aprobación de la ley del referéndum con 72 votos a favor, de los partidos Junts pel sí -integrado por la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)- y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), las 11 abstenciones de Catalunya si que es pot y ningún voto en contra tras el abandono del pleno del resto de grupos parlamentarios en señal de protesta.
Esta ley permitirá desarrollar la hoja de ruta para llevar a cabo el referéndum y la que dará cobertura legal, por encima de la legislación que rige en España, a las instituciones y ciudadanos catalanes.
Después de estampar su firma en el documento que abre la vía a la independencia, Puigdemont afirmó que “hemos aprobado el decreto de convocatoria del referéndum en el amparo de legalidad del Parlamento, que representa al pueblo de Cataluña. Convocamos a los ciudadanos de nuestro país para que decidan de qué manera se tiene que orientar el futuro de Cataluña. Su decisión nos vinculará”. Y añadió que “nadie tiene la autoridad ni el poder para confiscar el derecho a decidir. No nos dejaremos desahuciar de la democracia”.
Al abrirse la histórica sesión, la vocera del grupo Junts pel sí, Marta Rovira, solicitó la palabra para reclamar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, un cambio en el orden del día para que se incluyera la votación de la ley del referéndum. Idéntica petición realizó minutos después la CUP, a lo que se opusieron el resto de los grupos, Ciudadanos, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el Partido Popular (PP) y una postura más equidistante por parte de Catalunya si que es pot.
Finalmente, y tras un primer y agrio enfrentamiento dialéctico, se decidió votar en el pleno el cambio en el orden del día, que finalmente se aprobó y se incluyó entonces la tramitación y el debate para votar la ley del referéndum, las réplicas y la presentación de enmiendas.
Mientras seguía el pleno, que tenía programada una sesión de control al gobierno, una parte de cada uno de los grupos parlamentarios se ausentaron para redactar sus particulares enmiendas, con la excepción de los grupos que apoyaban la estrategia de los partidos independentistas, que permanecieron en el pleno todo el tiempo.
Después de un debate y una sesión de más de doce horas, se convocó a los diputados para votar la ley que abriría las puertas al referéndum. En ese momento los diputados de Ciudadanos, PP y PSC abandonaron el pleno y al menos los del PP depositaron unas banderas catalanas y españolas en sus escaños, que fue cuando se registró uno de los momentos más tensos de la sesión, cuando la diputada de Podemos, Angels Martínez, se levantó de su escaño y decidió retirar del Parlament únicamente las banderas españolas.
Después de la votación y la aprobación, los diputados que votaron a favor cantaron el himno catalán -Els segador-, en un momento muy emotivo para los partidarios de la independencia.
Una hora y media después de la votación, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, convocó a todo su gabinete para firmar la nueva legislación que consta de 34 artículos distribuidos en ocho capítulos, una disposición adicional y una disposición final. Es una norma que se fundamenta en los principios internacionales alrededor del derecho de autodeterminación, y basa buena parte de su articulado en la legislación española de régimen electoral ya existente. También firmó la convocatoria al referéndum.
Antes de la aprobación de la ley se registró un hecho que añadió nervios a los partidarios de la independencia, cuando el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, registraron un escrito dirigido a la Mesa del Parlament en el que alertaban que la tramitación de las leyes del referéndum y de ruptura chocaba con las advertencias del Tribunal Constitucional (TC). En concreto, los letrados recordaron el "deber" de la Mesa de frenar cualquier iniciativa "jurídica o material" de los grupos que suponga "eludir o ignorar" las sentencias y los autos del Constitucional que han anulado distintas resoluciones independentistas aprobadas en la Cámara y advertían que “el incumplimiento de este deber puede dar lugar a responsabilidades de los miembros de la Mesa”.
En medio de la confusión y el malestar por parte de los grupos partidarios que mantener el actual modelo de vinculación a España, Ciudadanos anunció una moción de censura contra el presidente catalán, que tiene previsto presentar en los próximos días, pero que tiene difícil que prospere al no contar con la mayoría necesaria.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/
