Fernando Maldonado
La alta burocracia en la que está convertida la militancia de altos vuelos en el partido de la “revolución institucionalizada” en Puebla le impide advertir en toda su inmensidad el tamaño de la catástrofe que supone una derrota electoral, como la vivida en el estado.
Por sobre la veda en el ejercicio del poder y sus implicaciones como la suspensión de prebendas, acceso a cuantiosos recursos del erario, negocios que rayan en la ilicitud y la componenda, está el alejamiento de una sociedad que expresa su hartazgo en procesos como el emblemático 4 de julio.
Miopía y ausencia de sensibilidad política es la que viste a esta estirpe. Y es también de la se atavía el dirigente de esa fuerza política, Juan Carlos Lastiri Quiróz.
Será por lo menos durante los meses de diciembre y enero uno de los miembros de la clase política más caro para el erario en México, y Puebla.
Como integrante de la Cámara de Diputados federal, a donde regresó ayer tras su paso por la Secretaría de Desarrollo Social en Puebla, y como dirigente de un partido que se dice representante de las “mayorías”, de las “clases populares” y “fuerzas vivas” (sic) tendrá en la bolsillo del pantalón 268 mil pesos, solo en diciembre sin sumar el aguinaldo como legislador federal.
Consultados varios ex presidentes priistas en el estado confiaron en que el salario devengado alcanza los 120 mil pesos mensuales, a los que habría que añadir los 148 mil como diputado federal. La suma en un solo mes alcanza para la compra de una casa de interés social, o dos departamentos en condominio popular.
No solo dobla el sueldo del gobernador de Puebla, que de acuerdo con diversas fuentes es de 150 mil pesos mensuales, sino también el del presidente de México, Felipe Calderón que anda por la misma cifra.
En algo tiene razón Juan Carlos Lastiri cuando sostiene que la ausencia de un gobernador priista no debilita al PRI en el estado.
La debilidad de un partido es responsabilidad de la alta burocracia partidaria que cada vez más se aleja de las auténticas demandas de la sociedad. Para empezar, la del decoro en la conducta pública, por ejemplo.
En el sótano…
La temperatura en la negociación por la designación del comisionado restante en la Comisión de Acceso a la Información Pública subió al máximo ayer, cuando Fernando Manzanilla empujó fuerte a Federico González Magaña, ex consejero de la vocalía del IFE que junto a Alfredo Figueroa denunciaron al arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca y Pacheco por presunto delito electoral.
Por su parte el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas mantiene como su carta a un ex trabajador de la CAIP que no goza de la mejor carta credencial como Jorge Morales Martínez. Tan duro el tironeo que la sesión de la Gran Comisión, instancia calificadora en el Congreso local ha tenido que ser pospuesta. Se vale cruzar apuestas.
Anoche recibí una comunicación del director del fideicomiso de la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, Rafael Moreno Valle Buitrón.
Sobre la entrega de la Parabólica de ayer titulada Puebla Verde: activismo sin justicia anticipó que cualquiera que sea el desenlace jurídico, no se volverá a cobrar un peso a los usuarios del parque Jardín del Arte, tal y como sucedió en el pasado.
Menos mal que ese espacio de la ciudad no sea ya caja chica de nadie. Y eso debe incluir a la regidora electa, Verónica Mastretta.