Fernando Maldonado
Ayer pudimos conocer una nueva faceta del propietario de la empresa Construcciones Perecar y Asociados, Alberto Pereyra: su vocación por la condición de clase a la que desde luego, es ajeno.
Impulsó desde su pretendida condición anónima una revuelta con el cierre a la circulación a una de las avenidas más importantes del valle de Puebla, como el bulevar Atlixcáyotl a las 9:00 de la mañana para favorecer a interpósita persona, al golpear a un objetivo visible: el secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Javier García Ramírez.
Sorprende la capacidad de logística y planeación de un hombre cuya especialidad es la de pegar ladrillos, para organizar una manifestación que consiguió el propósito inicial: crispar a los usuarios de esa arteria vial, entre quienes se encuentran los sectores más privilegiados de la pirámide social.
Y al mismo tiempo permitió a Pereyra tender una cortina de humo para distraer la mirada atenta de los abusos en los que incurrió al término de la obra del tramo que comprende el puente del río Atoyac: las deudas por pagar, que contrastan con el dispendio.
No solo tiene cuentas pendientes con al menos seis empresas que subcontrató para la terminación de los trabajos que le fueron asignados y que alcanza los diez millones de pesos, cuando tiene meses que cobró. De otra manera no podría entenderse la adquisición de dos departamentos de lujo en la Torres La Vista, valuados en seis millones de pesos cada uno.
Quedaron cabos sin atar: la ausencia de los trabajadores que realizaron la obra, afiliados al sindicato Ponciano Arriaga. Su dirigente Mauricio de Ita se llamó a sorpresa por la exigencia de un grupo ajeno que demandó el pago de un trabajo y que su gremio realizó.
En el sótano…
Pocas probabilidades existen para que un priista afín al grupo del ex edil Enrique Doger Guerrero alcance cupo en la renovada dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, bajo la batuta del aún secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Lastiri Quiroz.
Esa fue la consigna con la que operaron los personeros del ex candidato al gobierno estatal, Javier López Zavala desde hace dos semanas. “Si no llega zeta, que tampoco lleguen ellos”, concedió un alto dirigente priista hace algunos días, cuando ya el traspiés político de este grupo era evidente.
Es probable que lo consigan. Sobre todo a la luz de un hecho inocultable: López Zavala no está muerto. Los “zabalifóbicos” lo lamentan y los “zabalifílicos” lo ponderan: el activismo del marinista no conoce reposo ni pausa.
El proceso llegó a un momento en el que las negociaciones entre grupos priistas se disputan los cargos de mayor relevancia en un partido que en Puebla, ha formado parte de una muy discutible simbiosis con el aparato gubernamental.
Y es ese el espíritu que rige la decisión para bajar de la carrera sucesoria en el edificio del PRI de la Diagonal Defensores de la República a un priista, que si bien convocó la voluntad de 850 mil ciudadanos a través del voto, no fue suficiente capital político para volver a competir en la interna.
Para cuando el secretario de organización del comité priistas poblano, Gerardo Pérez Marín asuma la dirigencia priista en un interinato que se extenderá por 20 días, a partir de la primera semana de noviembre, el proceso priista entrará en una nueva ruta de colisión por la disputa de espacios privilegiados.
No alcanzará el adjetivo artero, ni la descalificación obsesiva del dogerato para subirse al tren de la nueva dirigencia que deberá jugar el papel de un opositor que dignifique la práctica política ante la llegada al poder de un grupo que deberá mostrar su eficiencia, aún no probada.
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