Fernando Maldonado
El viernes 10 de septiembre se habrán cumplido el primer cuatrimestre de que la Procuraduría General de Justicia incumple sistemáticamente con las disposiciones establecidas en la ley de transparencia, al negar entrega de la averiguación previa de la investigación del asesinato del activista universitario Joel Arriaga.
No es asunto menor porque se trata de la instancia responsable de procurar justicia, que sin embargo niega al obviar responsabilidad legal, pública y moral con una negativa para conocer el expediente que necrológicamente ha muerto, desde el punto de vista legal.
Asesinado el 20 de julio de 1972 en las inmediaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en medio de cruentas batallas entre los integrantes de fuerzas antagónicas como FUAS (Frente Universitario Anticomunista) y Carolinos, la suerte de este episodio parece ser el de la secrecía y la complicidad.
A menos, claro que el poblano Eduardo García Casas llegue hasta las oficinas del secretario de Estado Vaticano, cardenal Tarsicio Bertone en noviembre próximo para entregar el expediente negro de un grupo de santones de la derecha recalcitrante, como José Antonio Quintana Fernández y Bernardo Ardavín, ambos fundadores de la organización clandestina El Yunque.
Paradójicamente la Procuraduría de Justicia poblana, instancia terrenal concede aliento artificial y político al alimentar la maledicencia que sugiere que detrás de un gesto inequívocamente ilegal, el poder público protege a los actores de una trama criminal, como los prominentes actores de la derecha poblana.
La Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla dio ya muestras de compromiso con su potestad al mandatar la entrega del expediente sobre este crimen, que la PGJ desatendió. Será el contralor Víctor Sánchez Ruiz el que deba sancionar a los renuentes servidores públicos frente a un mandato de ley.
La moneda está en el aire.
En el sótano…
El Ayuntamiento de Puebla pasó en dos años del lugar 17 al primer lugar en materia de transparencia, tras obtener una calificación de 91.7 en una escala de 100 en la última evaluación que realizó el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA).
Con el reconocimiento de CIMTRA, Blanca Alcalá Ruiz, consolida a la capital como un referente a nivel nacional en innovación gubernamental, además de impulsar la construcción de un gobierno verdaderamente cercano a las personas.
Después de un largo periodo de imprecisiones, especulaciones y maledicencia en torno a la construcción del Centro Expositor, ayer el secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Javier García Ramírez dejó en claro que la obra costará mil 580 millones de pesos.
El acuerdo entre el gobernador electo, Rafael Moreno Valle y la dirigencia del Partido Verde en manos de Juan Carlos Natale, se fraguó ayer en un desayuno ofrecido en las oficinas del partido que en la elección pasada fue aliado del PRI. Los cortés no quita lo valiente.
Hoy a las 11 de la mañana está prevista una conferencia de prensa de Guillermo Deloya. Hablará del proceso interno priista para suceder a Alejandro Armenta el próximo ocho de octubre. Más de dos aspirantes se tirarán al piso, según se puede ver.
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