Fernando Maldonado
En el Instituto Electoral del Estado han sido sacrificados los “principios rectores” de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza. Con ello han abierto la puerta a eventuales impugnaciones de los actores en la contienda que se sientan desfavorecidos por el voto, o que con toda claridad se hayan fijado como propósito entrampar la elección.
Una valoración política pesó más en el ánimo de al menos dos de los integrantes del Consejo General del IEE que la lógica jurídica, para evitar que la secretaria general del Consejo Municipal de la capital, Sonia Duarte fuera cesada después de un conjunto de irregularidades cometidas en el cargo y por las que estuvo incluso, a punto de ser denunciada ante el Ministerio Público.
Ya desde el sábado 3 de abril, en que hubo un escena de confrontación entre los integrantes del consejo municipal y el consejero estatal, Fidencio Aguilar Víquez, ya se les había anticipado el desenlace de ese episodio: “No es pertinente para el consejo, si al consejo le pega el asunto político (…)esa es la razón por la cual me atreví a venir aquí: que no hagamos de esto un asunto político”
Una grabación de ese agrio encuentro, cuya duración alcanza casi 40 minutos llegó a las manos Parabólica. Por el indiscutible valor periodístico, se reproducen dos fragmentos de la intervención del consejero Fidencio Aguilar Víquez en un inédito episodio en el que claramente gestiona ante los miembros del consejo municipal, la permanencia de la funcionaria.
En efecto, la secretaria general había presentado documentos con firmas falsas y que después fueron colocados en los estrados del consejo municipal. El 5 de abril pasado, en otra entrega de Parabólica, se dijo que “…habría presentado firmas apócrifas en los estrados del propio consejo, en un presumible acto ilegal…”
“Antes había comunicado vía telefónica a su padrino del riesgo que se cernía sobre su propia persona por un acto irregular, que ya había despertado la sospecha de una buena parte de los consejeros”, escribió este columnista.
Después de ese episodio ampliamente documentado vino la orden del propio presidente del instituto Jorge Sánchez Morales por iniciar un proceso que terminara con la destitución, ya que de acuerdo con un análisis jurídico, Duarte incurrió en una serie de irregularidades claramente documentadas.
Primero presentó los documentos con firmas que no son coincidentes unas con otras, hubo robo de notificaciones, contrató personal de manera irregular y que sigue cobrando en la nómina, pero además, cambió deliberadamente el contenido de minutas levantadas durante sesiones de trabajo que los propios consejeros habían consensado.
Y no obstante el cúmulo de ilegalidades, Sonia Duarte despacha aún como secretaria general, respaldada por el consejero Aguilar Víquez para quien no solo no es responsable de inconsistencia alguna, sino además merecedora de una disculpa pública.
“La sustracción de firmas también es una acusación seria, es una acusación seria (…) en el caso de que la secretaria se viera exonerada, ¿ustedes van a ofrecer una disculpa?”, dijo en aquél inopinado encuentro.
Jorge Sánchez Morales y Fidencio Aguilar Víquez deberán responder con puntualidad por la tenaz defensa de una servidora pública que en cuestión de horas se ganó la desconfianza de los consejeros electorales municipales que llegaron mediante el consenso de los integrantes del IEE.
No es justificable que una funcionaria menor, que ha mostrado una clara proclividad para actuar de manera concertada con uno de los representantes de partido, se haya mantenido en funciones, aún a riesgo de que entre sus torpezas se lleve la legitimidad del proceso en la capital poblana.