Fernando Maldonado

Cuando el líder estudiantil Joel Arriaga Navarro cayó sobre el volante de su automóvil Opel modelo 1971, comenzó a escribirse la historia de pasajes insondables que alimenta el mito, y también la desmemoria.

Uno de los más iracundos detractores de la derecha, ese espacio de la geopolítica mexicana de la época de la Guerra Fría en el que convergieron una buena parte de la clase política de hoy, fue Arturo “el sapo” Loyola González, hoy regidor en la planilla del alcalde electo, Eduardo Rivera Pérez.

Al igual que el ex gobernador Gonzalo Bautista O’Fárril, el “activista de la izquierda” declaró en una mesa de agencia del ministerio público por el crimen del dirigente estudiantil ultimado tres décadas atrás, ya cuando el asesinato había prescrito.

Según consta en la foja 634, el próximo regidor dijo que “cursaba como el octavo semestre” en la carrera de contaduría pública. En el interrogatorio efectuado por la licenciada María Gema del Rocío Montero Valencia, admite haber sido procesado por diversos delitos (averiguación previa 123/2130/72/DMS).

“A la cuarta pregunta que diga el compareciente la fecha en que fue encarcelado y el motivo, a lo que contestó: con precisión no lo recuerdo pero fue en el mes de octubre, a finales. Fui encarcelado por los delitos de homicidio, asalto, robo, lesiones y son los que recuerdo en este momento”.

En el inicio de la declaración, el militante del PRD expone que previo al homicidio de Arriaga Navarro, se había desatado “una campaña de linchamiento por las autoridades de aquélla época y grupos vinculados principalmente con la derecha”.

Dice el texto de la declaración: “Que diga el compareciente a qué se refiere con la palabra denominada la campaña de linchamientos que se dio en aquélla época (1972)”.

A lo que respondió: “Se utilizaba como un sinónimo de amenazas, y estas eran utilizadas constantemente por el grupo FUA (Frente Universitario Anticomunista), Juventud Nueva, Náhuatl, la Asociación de Barrios y Colonias y grupos empresariales”.

Acusó de este clima de opinión en contra de los dirigentes estudiantiles no solo a los grupos conservadores, sino a los medios de comunicación como El Sol de Puebla, La Opinión y a La Voz de Puebla. “De radio en éste momento no recuerdo”, respondió ante la fiscal de la Procuraduría General de Justicia.

Al momento de su declaración, ya con un largo y sospechoso pasado se acreditó como contador público y “de ocupación asesor jurídico de transportes”. Conmueven sus primeras palabras, cuando dice ante quien le tomó la declaración: “me siento en la obligación a fin de que el homicidio del arquitecto Joel Arriaga Navarro no quede impune (…) que es lo que alienta a que se sigan cometiendo actos de este tipo”.

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Fernando Maldonado

Somos presa de lo que decimos. Más si escrito está en algún documento que después se vuelve testimonio de la historia. La referencia obliga. Varias circunstancias así lo evidencian.

Sobre el escritorio del reportero descansa un documento que contiene más de mil fojas. Se trata de un expediente del que se desprenden variadas conjeturas. Extraigo un caso que me llama la atención, único y tal vez último: la declaración ministerial de un ex gobernador de Puebla, tras un suceso de sangre que marcó a Puebla.

Todo comenzó el 20 de julio de 1972 con el levantamiento de un cadáver. A las 23:30 horas el licenciado Román Salazar Ramírez, agente segundo del ministerio público, adscrito a la inspección general de policía realizaba la tarea, hasta esa noche rutinaria.

Un automóvil Opel modelo 1971 con placas de circulación 398 BAE del D.F., en la boca-calle de la 24 Norte y 2 Oriente con varios impactos de bala. Consta en el acta 1875/levantamiento de cadáver.

Hace 38 años México era gobernado por el hegemónico PRI. Difícil pensar en la alternancia. En el número 1 de una lista de 100 títulos del Billboard sonaba con fuerza la melancólica “Love”, composición de John Lenon.

Un trienio previo, los jóvenes de entonces traían a cuestas la convicción de abrir los espacios de participación política. Corría el emblemático 1968. Ya la plancha de la Plaza de las Tres Culturas se había cubierto de sangre. Las universidades eran espacio de discusión política, acalorada y radical.

“2 de octubre no se olvida”, corearon este sábado desde distintos puntos de la geografía nacional, en memoria de los caídos aquélla tarde fría en la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco. Hace 42 años un poblano en la euforia del poder presidencial, obseso por el control, Gustavo Díaz Ordaz asumiría después la responsabilidad histórica.

Era el contexto. La Universidad Autónoma de Puebla,espacio de confrontación de ideas, pero también de ofensas. Románticos unos, oportunistas otros. Los que legítimamente buscaban un interlocutor inteligente; otros solo la polarización.

Ya el turbio escenario había propiciado la caída de un gobernador, el general Rafael Moreno Valle, abuelo del mandatario electo. En curso, ya estaba la declinación del sucesor: Gonzalo Bautista O’Farrril.

El cadáver que aquél 1972 fue reportado a las autoridades era el del director de la escuela Preparatoria Nocturna de la UAP, Joel Arriaga Navarro, uno de los más serios aspirantes a ocupar la rectoría universitaria, entonces en las manos de Sergio Flores Suárez.

El reporte del Laboratorio de Criminalística e Identificación Judicial (foja 35) concluyó que después del estudio presentado, fue que Arriaga Navarro sufrió seis heridas producidas por igual número de proyectiles de arma de fuego.

“Le produjeron la muerte en poco tiempo”.

Una parte medular de la declaración ministerial de Bautista O’Farril dice: “los estudiantes de aquélla época para poder inscribirse (en la UAP) tenían que presentar una credencial de miembros activos del Partido Comunista, 200 pesos, 200 cartuchos y una pistola de cualquier calibre”.

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Fernando Maldonado

Si no hay cambio de última hora (como la revuelta golpista en Ecuador), la próxima semana será presentado el protocolo para la protección de periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que redacto el poblano Juan Pablo Piña Kurzcyn.

No es un asunto menor porque se trata de un documento que deberán observar con detenimiento las instituciones del Estado en México, sobre todo en momentos en que la práctica del comunicador se ha transformado en una forma de exposición a grupos criminales.

A la presentación del texto, que preparó el joven abogado poblano en su calidad de Director del Programa de General de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH está confirmada la asistencia de organismos ha defensores de informadores en América Latina y el Caribe.

Se trata por ejemplo de la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y una buena cantidad de agrupaciones encargadas de ver por la seguridad de los informadores sujetos casi siempre a los poderes de bandas criminales.

Cuando nuestro país está considerado como el más peligroso para ejercer el oficio de informar, el documento debe ser visto como el producto del trabajo de un profesional del derecho comprometido con su tiempo.

Cifras preliminares indican que desde el inicio de este sexenio, el número de reporteros de prensa, gráficos y de la imagen alcanza por lo menos 70.

La organización Reporteros sin Fronteras estima “que México se ha convertido en el país más peligroso del continente para los medios de comunicación. La actividad de los cárteles de la droga, sumada a la ineficacia y la corrupción de las autoridades explican en gran parte este panorama”.

Quizá el caso más escandaloso en el tiempo reciente es el del Diario de Juárez, que perdió ya a dos de sus reporteros.

Una editorial inédita en la historia del periodismo en México y que podría ser materia de análisis en la academia fue el editorial de ese medio cuyo destinatario era justamente ese sindicato del crimen. En Puebla los agravios son notorios y están documentados.

En ese contexto habrá que esperar el contenido del documento que Juan Pablo Piña ha preparado para ser presentado el jueves de la próxima semana en la Antigua Escuela de Medicina, en República de Brasil 33, en la Ciudad de México.

En el sótano…
Que siempre sí fueron tres tristes gatos que buscaban tragar trigo en el trigal del nuevo gobierno. Eran tres tristes tigres: Gerardo Pérez Salazar, secretario de Finanzas; Alfredo Arango, de Salud; y, Eduardo Macip, director del Soapap. Pobres, supusieron que de la audiencia que pidieron, nadie se enteraría.

Por cierto que es un hecho: a la reunión de procuradores de justicia de todo el país, que se celebra hay un invitado que trae jiribilla: Carlos Alberto Julián y Nácer, que ya fue procurador de Justicia y que todo apunta, repetirá.

El secretario de Educación, Darío Carmona y sus similares del país expresaron una enérgica protesta ante la Federación por el recorte presupuestal que pretende aplicar a ese renglón el titular de Hacienda, Ernesto Cordero. Ya son dos años los que se busca castigar a los estados con la disminución de recursos para educar a nuestros niños y jóvenes. Eso como se llama?

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Fernando Maldonado

La suerte de la delegada Imelda Calvillo Tello en la Procuraduría General de la República podría convertirse turbio a la luz de un conjunto de acontecimientos que aún son motivos de investigaciones en la Sub procuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO).

No solo la libertad que decidió conceder a Jaime Rodríguez Hernández, confeso “jefe de escoltas” de Manuel Antele Velasco, jefe zeta de la plaza en Puebla la han puesto en el blanco de indagatorias que siguen en curso.

De acuerdo con un reporte interno de la SIEDO, la funcionaria federal tuvo en su poder a dos sujetos detenidos en la zona de Huauchinango acusados de los probables delitos de delincuencia organizada, a quienes decidió no iniciar averiguación previa y acta circunstanciada. Y hay constancia de ello.

Lo anterior se desprende del proceso 58/2008 en el juzgado tercero de distrito, ya que después de que Imelda Calvillo Tello decidió dejarlos libres, se supo que pertenecían al grupo criminal de los zetas, originarios del estado de Tamaulipas.

Ambos sujetos fueron detenidos en las inmediaciones de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en la capital. Dijeron responder a los nombres de Juan José Torres Cruz, originario de Laredo, Tamaulipas y Víctor González Figueroa, originario de Reynosa, en el estado fronterizo.

Lo que también se desprende del prolijo documento, es que hubo otros involucrados, entre quienes se encuentra el esposo de la propia delegada, por el que ella misma tuvo que rendir declaración.

“El testimonio de la licenciada Imelda Calvillo Tello, delegada Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla, en nada aporta a la defensa del inculpado, ni varia la realización de los hechos”, dice la parte medular del reporte interno.

En este episodio, fueron detenidos además de los ya plenamente identificados zetas, el poblano Víctor Hugo Amador Sandoval, oriundo de Ajalpan, Misael Toledo Gómez, agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la subsede en Huauchinango, así como René Jorge Martínez Flores, agente de la llamada Agencia Federal de Investigación, en la misma subsede.

Todos los nombres mencionados derivaron de la detención de un miembro zeta detenido en la sierra norte. Conforme avanzó el interrogatorio, el presunto delincuente fue soltando los nombres antes citados, de los que después derivarían otros que paradójicamente también tuvieron la gracia de la delega de la PGR en Puebla.

En el oficio número 464/2009 dirigido a la encargada de despacho de Subdelegación de Procedimientos Penales “B” de la PGR, la agente del Ministerio Público Federal hace constar la existencia de cuatro sobres para “su guardia y custodia”, el 21 de mayo del año pasado.

Esos documentos, catalogados como “asuntos relevantes”, se sabría el 20 octubre de ese mismo periodo; es decir, 5 meses después, contenían mandamientos judiciales obsequiados en el mismo proceso que sigue la SIEDO, en el que se vio involucrado el esposo de la delegada de la PGR.

Ordenes de aprehensión giradas por el juez tercero de distrito, dentro de la misma causa penal (58/2008) en contra de René Martínez Flores y María Eugenia Enríquez Reyes (pareja sentimental de Antele Velasco y ex coordinadora de agentes del Ministerio Público en Cholula).
También aparecían los nombres de ex policías judiciales como Jairo Eduardo Bahena Benítez, Abelardo López Cortés y

Jaime Alcántara. Todos ellos están señalados como probables responsables de la comisión de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud.

Y al igual que el resto de los indiciados, tuvieron la gracia de la delegada de la PGR en Puebla, Imelda Calvillo Tello.

La presencia de los 12 agentes del Ministerio Público Federal de la Visitaduría General de la PGR, parece algo más que una auditoría de rutina, como ayer se quiso hacer ver a este reportero.

En el sótano…
Los documentos que obran en poder del reportero fueron deslizados por el respiradero del automóvil de mi propiedad, la tarde de ayer mientras realizaba tareas cotidianas. Ni le busquen.

El empresario Eduardo García Casas tiene ya fecha de audiencia en el Vaticano en Roma, para ser recibido por el secretario de Estado, cardenal Tarsicio Bertone. Será el primer día del mes de diciembre y lleva bajo el brazo el enorme expediente negro de El Yunque, la organización de extrema derecha que buscó “instaurar el reino de Dios en la tierra”.

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Fernando Maldonado

Cuando el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez arribe esta semana a la capital del estado para participar en una cumbre son sus similares del resto de la República Mexicana, encontrará a una delegada de esa dependencia sometida a la sospecha.

En efecto, Imelda Calvillo Tello, delegada de la PGR en el estado desde agosto de 2007, es dese ayer investigada por un grupo de 12 agentes del ministerio público federal de la visitaduría de la propia dependencia, en cumplimiento de un mandato superior.

Tal vez por ello se explique el activismo desplegado por la funcionaria federal, que antes ocupó el mismo cargo en el vecino estado de Tlaxcala. Calvillo Tello ha buscado en las últimas horas acercamientos con distintos ejecutivos y directores de medios de comunicación en Puebla.

Contrasta de manera notable cuando en el pasado, la soberbia la acompañó respecto del desempeño de colegas que cubren la fuente. La relación con los informadores no solo es pobre, sino inexistente. Hoy busca la gracia de quien en el pasado ignoró.

La presencia del grupo de agentes del ministerio público federal para examinar con detalle cada una de los pasos que los funcionarios de la delegación de la PGR han dado, así como los de la propia responsable, sucede a dos meses de que Imelda Calvillo permitiera salir libre, bajo fianza a un peligroso delincuente vinculado con el grupo criminal de los “zetas”.

Como lo escribió el reportero Alfonso Ponce de León del diario Intolerancia, el pasado 2 de julio, “La delegación en Puebla de la Procuraduría General de la República tuvo en sus manos a Jaime Rodríguez Hernández ‘jefe de escoltas’ de Manuel Antele Velasco, uno de los jefes ‘zetas’ que operaban en el estado de Tamaulipas. Ocho horas después de su detención, la dependencia federal liberó al sicario de alta peligrosidad.

La noche del pasado 23 de junio, Rodríguez Hernández fue detenido en uno de los dos operativos simultáneos que realizaron en forma conjunta la Policía Federal Ministerial (PFM), la Federal Preventiva, la Metropolitana y la Estatal.

A Rodríguez Hernández, quien dijo ser ‘jefe de escoltas’ de Manuel Antele —también detenido esa noche—, le encontraron en su poder un arma de fuego calibre 9 milímetros tipo escuadra, marca Walther; un arma de fuego calibre 58 milímetros especial, marca Smith and Wesson; 85 cartuchos 9 milímetros, seis cartuchos calibre 38 milímetros especial y dos básculas, según se desprende del comunicado de prensa, DPE/2967/10, emitido por la Delegación estatal Puebla de la PGR, el 24 junio de 2010.

El presunto ‘zeta’ fue remitido al Ministerio Público federal; sin embargo, más tarde fue liberado por órdenes de la delegada de la PGR, a pesar de la solicitud de la Procuraduría General de Justicia del estado, para que se le permitiera interrogar al sospechoso, quien fue relacionado con una banda que se dedica al asalto a empresas y que en un robo violento, donde violaron a una de las empleadas de la tienda”.

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Fernando Maldonado

Si a alguien se tendría que responsabilizar de los paros de actividades en el sistema de transporte público en Puebla para forzar un incremento en la tarifa de hasta tres pesos, es la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado.

Hábiles y oportunistas, los propietarios de centenares de unidades que cubren diversos derroteros, encontraron un aliado coyuntural para sacar ventaja en dos sentidos: monetaria y política.

Cuando hace una semana los señores del sindicato patronal, encabezados por Francisco Rodríguez tuvieron una reunión en Casa Aguayo para persuadir a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, Valentín Meneses y Guadalupe Castillo sobre la pertinencia de autorizar un incrementar el costo del boletaje, los concesionarios vieron un resquicio para colarse y montarse en la coyuntura.

Entre los principales argumentos para convencer a los servidores públicos de dar cauce a una demanda de tal envergadura estaba el del debilitamiento de la cadena productiva. La reducción de márgenes de utilidad, y en consecuencia el adelgazamiento de la cartera de los señores del dinero estaba a la vuelta de la esquina.

El escenario fue propicio para personajes oscuros del transporte público en Puebla como Delfino Reyes, Sergio Galindo y Francisco Díaz Carrasco. Sin la retórica o dialéctica suficientemente consistente para pelear una tarifa que conviniera a sus bolsillos, se colgaron del argumento de los empresarios: la utilidad inmediatista.

En medio de este conjunto de intereses cupulares y de grupos de transportistas, el usuario común que apenas percibe un salario para pagar dos comidas al día y su transporte al centro de trabajo, la escuela o el destino que se quiera poner. Padece todos los días la altanería, el desgano y las rupestres condiciones en las que las unidades de transporte cubren sus derroteros.

Y tampoco hay que dejar de lado la falta de capacitación para la mayoría de los operadores de las unidades de transporte público. Sometidos a prestar sus servicios en condiciones similares a las del porfiriato, los choferes se han convertido en auténtica carne de cañón para llevar hasta el límite la calidad en la prestación del servicio.

La volcadura ayer de una unidad de la ruta 52 en el bulevar 5 de mayo, que arrojó un saldo de dos personas muertas –pasajeros de la unidad-, y un lesionado es ejemplo de la circunstancia por la que atraviesan los operadores. En el desamparo y el olvido de patrones.

No distingue a los empresarios, ni a los concesionarios de transporte público el gesto que tanto pregona el credo que tanto profesa la cúpula de Coparmex: la solidaridad, ni con los usuarios, ni con los trabajadores del volante.

En promedio cada operador debe cubrir una cuota diaria de entre 800 y mil 200 pesos diarios. Con cargas de trabajo que en algunos casos exceden las 17 horas al día, se puede entender que el servicio del transporte público de Puebla esté a la altura de ciudades como Monterrey o Guadalajara.

En el sótano…
Ayer fue la presentación del libro Treinta Claves para Entender el Poder, coordinado por Javier Sánchez Galicia, con Javier Díaz Pimentel, Salvador González Jaramillo y Elías Aguilar García.

Entre los asistentes a la presentación del texto que lleva como subtítulo Léxico para la nueva comunicación política, los periodistas Carlos Ramírez, columnista del periódico El Financiero; Pablo Hiriart, director del periódico La Razón; y el consultor, Carlos Salomón, ex director de comunicación con Ernesto Zedillo.

Empresarios como Ricardo Henaine, José Hanan y Julián Ventosa Tanús también estuvieron en el Club de Industriales de la capital de la república.

Por cierto que el empresario propietario del Puebla de la Franja se encontró ayer con el líder del sector popular del PRI  nacional, Emilio Patrón y el senador y hombre fuerte del presidente del Grupo Salinas, Jorge Mendosa. Fue en el lobby del hotel Marriot de Polanco, en la Ciudad de México.

Casi al mismo tiempo, el gobernador de Michoacán, el perredista Leonel Godoy también se dejó ver en el mismo sitio. Ufano y pausado, conversó a través de su teléfono móvil mientras alrededor suyo, era infaltable la imagen de su medio hermano el diputado federal, Julio César Godoy Toscano con un proceso abierto por la PGR por vínculos con la delincuencia organizada.

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Fernando Maldonado

Por discreción exacerbada, prudencia o porque su nueva condición de actor preeminente de la vida pública lo exige, el presidente municipal electo de la capital, emanado de la coalición Compromiso por Puebla desestimó compartir con sus electores el nombre de la persona o grupo de presión que pretendió comprarlo.

El martes 21 de septiembre Eduardo Rivera Pérez reveló o presumió en una entrevista radiofónica con Carlos Martín Huerta que ya habían llegado las primeras propuestas para corromper al nuevo gobierno, que entra en funciones a partir del 15 de febrero.

Dijo que no habrá lugar para el “diezmo”, la comisión o dádiva. El ideal podrían toparse de frente con una realidad inexorable, real y cotidiana. Tristemente padecemos un sistema que parece diseñado para la componenda, el acuerdo en lo oscuro, el pase de charola.

Difícil erradicar santo y seña de nuestra administración pública que corroe instituciones, programas, acciones; doblega voluntades y compra conciencias. Será difícil erradicarlo. Un trienio no es nada. Y no es tango: verdad absoluta de nuestro mecanismo de gobierno.

El alcalde electo pudo haber compartido el nombre de quien buscó favores a través de jugosas componendas. Rivera Pérez que de la honestidad ha hecho una forma de vida, guardó silencio. Así lo quiso. Se quedó con un dato cierto que nos permitiera ver a quien encarna la corrupción. Fue solo puya.

No abundó más sobre el tema. Tampoco dijo si por discreción o para proteger al corruptor, o por cuidarse así mismo de una indiscreción que pudiera traer obstáculos, riesgos en el camino que llevará a una sucesión hasta ahora sin contratiempo en el ámbito municipal.

La secrecía en casos análogos, suele asemejarse al criterio patrimonialista en el ejercicio del poder que tanto cuestionó el Partido Acción Nacional. Rancia costumbre de nuestra muy anquilosada clase política. Culto a la opacidad en tiempos de transparencia.

Equivoca el alcalde electo la estrategia. Ofrecer apenas atisbos de entretelones del poder público sugiere frivolidades análogas a quien dejó mal sabor de boca en una sociedad que esperaba más de la alternancia: Vicente Fox. Cita inevitable aquélla la de las víboras prietas y tepocatas.

Si la oferta llegó a sus manos y calló, poco abona a su grupo que será gobierno a partir de la segunda mitad de febrero próximo. La seriedad supone rigor a la hora de expresar la palabra; congruencia es verbo, sustantivo la coherencia. Honremos la palabra. Que la frivolidad no sea doctrina.

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Fernando Maldonado

Habilidoso como es, el secretario de Desarrollo Social del municipio de Puebla, Víctor Gabriel Giorgana Jiménez comenzó a pavimentar el camino rumbo a la dirigencia priista al ex candidato al gobierno del estado, Javier López Zavala.

Para ello ya dispuso del salón social Garden and Party ubicado en el bulevar Zaragoza de San Manuel para ofrecer una comida a los ex diputados integrantes de la quincuagésima quinta legislatura, en el último trienio de Melquiades Morales Flores.

Invitados al ágape, están convocados no solo priistas. Panistas de firme posición opositora como Roberto Grajales Espina, Verónica Sánchez Agis, entre otros.

Improbable que asistan sin embargo ante lo que parece una evidente intención por hacer campaña a favor de López Zavala, adversario no solo de Compromiso por Puebla, sino de una buena cantidad de militantes de cepa que pelean en este momento por un proceso de selección de dirigente priista, mediante una consulta directa a la base de ese partido.

Priistas convocados a esta comida a la que cada año convoca el anfitrión, Juan Vega Rayet, subsecretario de Desarrollo Social y ex dirigente priista; María del Carmen Izaguirre, ex diputada por el distrito de Tehuacán; y Raúl Flores Rosas, por Tepexi de Rodríguez; y el ex perredista converso, Jesús “el negro” Vázquez García.

Si hacían falta lecturas acerca de este encuentro programado para este viernes, está convocado el aún dirigente Alejandro Armenta Mier, quien en esos tiempos fue diputado local por su natal Acatzingo.

Fiel de la balanza en elecciones internas anteriores, podría cometer un tropiezo mayúsculo en una gestión partidista de la que podría retirarse con más rosas que espinas. No solo se ha mantenido al margen de la diatriba por lo que hasta ahora parece un proceso sucesorio con dedicatoria, sino que ha cosechado palabras de elogio. Hasta ahora.

Otra perspectiva es la que se observará desde el Palacio Municipal. Blanca Alcalá Ruiz ha fijado ya una postura en torno a la selección de la dirigencia priista con su participación de la comida aquélla de la que surgió El pacto de la silla, a la que convocaron a las cabezas de grupo, menos a López Zavala.

No sería la primera vez que Giorgana Jiménez se fuera por la libre. Lo hizo en los proceso de selección del candidato a gobernador por el PRI. Gira de trabajo que su jefa hacía fuera del país, el diligente secretario de Desarrollo Social la subía al ring como eventual aspirante al cargo en disputa.

Ausente y sin capaz para articular una defenderse para atajar la diatriba de sus correligionarios, Alcalá Ruiz tenía que acusar recibo del fuego abierto, artero.

En la larga lista de invitados hay personajes del pasado como Humberto Vázquez Arroyo, actual regidor de Puebla capital; José Luís Márquez, ex coordinador de la campaña del propio López Zavala; y René Lechuga Fosado. Todos con el sello indeleble del zavalismo. Había dudas?

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Fernando Maldonado

Para cuando la Policía Federal abandonó anoche la cabecera municipal de Tenancingo, en Tlaxcala los miembros de las familias Flores Carreto y Jiménez Calderón, principales cabecillas de la trata de personas debieron morir de la risa, gozosos y plenos en medio de la nauseabunda impunidad.

No es extraño suponer que si las fuerzas federales entran a Tenancingo, Mazatecoxco, San Pablo del Monte o alguna otra demarcación del sur de Tlaxcala, seguro irían tras las cabecillas de las redes de prostitución forzada, un fenómeno sociocultural en esa porción de tierra en el vecino estado.

Un expediente criminal que rebaza con mucho el área doméstica. La mafia tlaxcalteca ha extendido sus redes a por lo menos ocho estados de Estados Unidos. Hace algunos meses, agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) llegaron hasta San Pablo del Monte para detener a un sujeto apodado “El gallo”, un padrote que sometía a mujeres en Miami.

Por ello debe explicarse la suposición que ayer corrió a través de twitter. Según esta presunción, el impresionante operativo buscaba cerrar el paso a una actividad criminal que ya es considerada como delincuencia organizada, por el número de personas que lo practican y por las componendas con poderes públicos locales.

Hace dos años el hermano del gobernador y rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Serafín Ortiz desestimó información tardía, pero valiosa publicada por el diario Reforma, sobre la esclavitud sexual tlaxcalteca.

Sin ya por la noche una fuente de la Policía Federal en ese estado dijo a este reportero que la búsqueda estaba dirigida a un sujeto considerado como el principal proveedor de droga en la capital de Tlaxcala y Apizaco, apodado “La Quina”, símil del dirigente petrolero depuesto por el salinato, en 1989.

Lo cual hace evidente dos aspectos: no solo el discurso de la Presidencia de México es monotemático. Sus acciones también, al buscar a un narcomenudista, dejaron de lado un asunto que en primer orden lastima y ofende a cientos de familias en la región.

La otra lectura deriva de la primera: el castigo para quienes victimizan las mujeres al privarlas de su libertad, mantenerlas bajo amenaza y contra su voluntad, convertirlas en artículo sexual en un mercado deshumanizado no es una prioridad para el Estado.

Y sin embargo las Familias Flores Carreto y Jiménez Calderón no son las únicas que hoy en día están dedicadas a convertir en putas del mañana a las jovencitas de hoy.

Niñas en la mayoría de las ocasiones iletradas, desnutridas y atemorizadas; obligadas a recibir al comprador de su intimidad, una y otra vez como el cuento de la Triste Historia de la Cándida Eréndira y su Abuela desalmada, de García Márquez.

Ofende el dato, pero es certero: cada lenón, padrote o chichifo en Tlaxcala tiene el control al menos cinco mujeres, obligadas a someterse a por lo menos diez clientes de temible aspecto y peor reputación.

Las ganancias, contantes y sonantes ha cambiado el paisaje semirural del pueblo en el que la Policía Federal estuvo la víspera. Con un 80 por ciento de la población indígena, la pobreza es lo de menos.

Nada de eso vieron anoche las fuerzas federales. Partieron como entraron.  Cuando ya no estaban, la carcajada de la mafia tlaxcalteca resonó en toda la comarca. Los lenones, padrotes, chichifos y califas habían salvado el pellejo.

En el sótano…
El martes pasado fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México el ex hombre fuerte de Enrique Doguer, Alberto Ventosa. La acusación que enfrenta es por el incumplimiento de pago de tres millones de pesos, de un ex amigo de quien fue secretario ejecutivo de la presidencia municipal con el ahora diputado plurinominal electo del PRI.

Hay versiones que dicen que este sujeto sí venía constantemente a México para atender un negocio restaurantero en la capital del país.

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Fernando Maldonado

Por un error de cálculo político el ex edil de Puebla y diputado local electo por la vía plurinominal por el PRI, Enrique Doger Guerrero estará destinado a jugar el papel de actor de reparto, alejado del proscenio o del estrellato.

Plato de segunda mesa en el reparto del poder, o si se quiere, como la analogía de la querida a quien el amante con cierta posición social es incapaz de presentar en sociedad.

Cuando en la primera semana del mes de septiembre celebró su cumpleaños número 53, quedó claro que no obstante el papel utilitario que ha jugado en la andanada contra las instituciones de las que se ha servido con cucharada grande como es el PRI y la Buap, no le alcanzó para la foto con quien obtuvo el triunfo en la elección del 4 de julio pasado: Rafael Moreno Valle Rosas.

Hay quien asegura que a la hora en que comenzaba la comida para el festejado en Cholula, ya en curso el vehículo que transportaba al gobernador electo, una llamada lo puso en alerta. Suficientemente ágil de reflejos, Moreno Valle habría sabido leer a tiempo el riesgo de sentarse en la misma mesa en la que el agasajado departía con Roberto Madrazo Pintado.

Giró sobre el camino avanzado, y emprendió la retirada. No era para menos. Quien sepa leer entre líneas, que lea. No hace falta más que recurrir al expediente del agravio que Elba Esther Gordillo posee en su escritorio. Los tiempos en que fue echada de la coordinación del rebaño priista en San Lázaro, y más tarde del PRI.

Así que a Doger Guerrero le vino a dar el beso del diablo un cartucho quemado, hazme reír de la política nacional e iracundo ex candidato presidencial, como Roberto Madrazo Pintado, enemigo público y declarado de Elba Esther Gordillo Morales.

Fue ella la que mandó a imprimir millones de pegotes con la leyenda ¿Tú le crees a Roberto Madrazo?… Yo tampoco. Madrazo cayó estrepitosamente y a él los priistas le deben que se haya perdido la Presidencia de la República por segunda ocasión consecutiva.

Es ese el hombre de mayor talla en el área doméstica que el utilitario Enrique Doger pudo convocar para la partidita de su pastel en la fecha aquélla, marcada más por un temporal de proporciones bíblicas, más que por el evento político, en Los Girasoles de Cholula.

Es así como fue arruinada la foto que el propio Doger Guerrero había preparado con esmero, con el doble propósito de hacer visible los acuerdos que mantiene con el equipo del próximo gobernante y una ostensible señal de fortaleza para ser factor a la hora de la designación de la coordinación del grupo legislativo del PRI.

En cambio solo apareció con Roberto Madrazo, el hombre que envió hasta el sótano del tercer lugar de la preferencia electoral a su partido tras la elección de 2006. Y desde luego de Rubén Aguilar, el ventrílocuo del ex presidente Vicente Fox.

En el sótano…

El subsecretario de Seguridad, Adolfo Karam Beltrán mantiene negociaciones con un grupo empresarial encabezado por Carlos Peralta. Podría poner en marcha un novedoso programa de seguridad para los hombres de negocios más notables del país, agobiados por el clima de inseguridad.

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