Fernando Maldonado
La suerte de la delegada Imelda Calvillo Tello en la Procuraduría General de la República podría convertirse turbio a la luz de un conjunto de acontecimientos que aún son motivos de investigaciones en la Sub procuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO).
No solo la libertad que decidió conceder a Jaime Rodríguez Hernández, confeso “jefe de escoltas” de Manuel Antele Velasco, jefe zeta de la plaza en Puebla la han puesto en el blanco de indagatorias que siguen en curso.
De acuerdo con un reporte interno de la SIEDO, la funcionaria federal tuvo en su poder a dos sujetos detenidos en la zona de Huauchinango acusados de los probables delitos de delincuencia organizada, a quienes decidió no iniciar averiguación previa y acta circunstanciada. Y hay constancia de ello.
Lo anterior se desprende del proceso 58/2008 en el juzgado tercero de distrito, ya que después de que Imelda Calvillo Tello decidió dejarlos libres, se supo que pertenecían al grupo criminal de los zetas, originarios del estado de Tamaulipas.
Ambos sujetos fueron detenidos en las inmediaciones de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en la capital. Dijeron responder a los nombres de Juan José Torres Cruz, originario de Laredo, Tamaulipas y Víctor González Figueroa, originario de Reynosa, en el estado fronterizo.
Lo que también se desprende del prolijo documento, es que hubo otros involucrados, entre quienes se encuentra el esposo de la propia delegada, por el que ella misma tuvo que rendir declaración.
“El testimonio de la licenciada Imelda Calvillo Tello, delegada Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla, en nada aporta a la defensa del inculpado, ni varia la realización de los hechos”, dice la parte medular del reporte interno.
En este episodio, fueron detenidos además de los ya plenamente identificados zetas, el poblano Víctor Hugo Amador Sandoval, oriundo de Ajalpan, Misael Toledo Gómez, agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la subsede en Huauchinango, así como René Jorge Martínez Flores, agente de la llamada Agencia Federal de Investigación, en la misma subsede.
Todos los nombres mencionados derivaron de la detención de un miembro zeta detenido en la sierra norte. Conforme avanzó el interrogatorio, el presunto delincuente fue soltando los nombres antes citados, de los que después derivarían otros que paradójicamente también tuvieron la gracia de la delega de la PGR en Puebla.
En el oficio número 464/2009 dirigido a la encargada de despacho de Subdelegación de Procedimientos Penales “B” de la PGR, la agente del Ministerio Público Federal hace constar la existencia de cuatro sobres para “su guardia y custodia”, el 21 de mayo del año pasado.
Esos documentos, catalogados como “asuntos relevantes”, se sabría el 20 octubre de ese mismo periodo; es decir, 5 meses después, contenían mandamientos judiciales obsequiados en el mismo proceso que sigue la SIEDO, en el que se vio involucrado el esposo de la delegada de la PGR.
Ordenes de aprehensión giradas por el juez tercero de distrito, dentro de la misma causa penal (58/2008) en contra de René Martínez Flores y María Eugenia Enríquez Reyes (pareja sentimental de Antele Velasco y ex coordinadora de agentes del Ministerio Público en Cholula).
También aparecían los nombres de ex policías judiciales como Jairo Eduardo Bahena Benítez, Abelardo López Cortés y
Jaime Alcántara. Todos ellos están señalados como probables responsables de la comisión de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud.
Y al igual que el resto de los indiciados, tuvieron la gracia de la delegada de la PGR en Puebla, Imelda Calvillo Tello.
La presencia de los 12 agentes del Ministerio Público Federal de la Visitaduría General de la PGR, parece algo más que una auditoría de rutina, como ayer se quiso hacer ver a este reportero.
En el sótano…
Los documentos que obran en poder del reportero fueron deslizados por el respiradero del automóvil de mi propiedad, la tarde de ayer mientras realizaba tareas cotidianas. Ni le busquen.
El empresario Eduardo García Casas tiene ya fecha de audiencia en el Vaticano en Roma, para ser recibido por el secretario de Estado, cardenal Tarsicio Bertone. Será el primer día del mes de diciembre y lleva bajo el brazo el enorme expediente negro de El Yunque, la organización de extrema derecha que buscó “instaurar el reino de Dios en la tierra”.
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