Fernando Maldonado
Cuando el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez arribe esta semana a la capital del estado para participar en una cumbre son sus similares del resto de la República Mexicana, encontrará a una delegada de esa dependencia sometida a la sospecha.
En efecto, Imelda Calvillo Tello, delegada de la PGR en el estado desde agosto de 2007, es dese ayer investigada por un grupo de 12 agentes del ministerio público federal de la visitaduría de la propia dependencia, en cumplimiento de un mandato superior.
Tal vez por ello se explique el activismo desplegado por la funcionaria federal, que antes ocupó el mismo cargo en el vecino estado de Tlaxcala. Calvillo Tello ha buscado en las últimas horas acercamientos con distintos ejecutivos y directores de medios de comunicación en Puebla.
Contrasta de manera notable cuando en el pasado, la soberbia la acompañó respecto del desempeño de colegas que cubren la fuente. La relación con los informadores no solo es pobre, sino inexistente. Hoy busca la gracia de quien en el pasado ignoró.
La presencia del grupo de agentes del ministerio público federal para examinar con detalle cada una de los pasos que los funcionarios de la delegación de la PGR han dado, así como los de la propia responsable, sucede a dos meses de que Imelda Calvillo permitiera salir libre, bajo fianza a un peligroso delincuente vinculado con el grupo criminal de los “zetas”.
Como lo escribió el reportero Alfonso Ponce de León del diario Intolerancia, el pasado 2 de julio, “La delegación en Puebla de la Procuraduría General de la República tuvo en sus manos a Jaime Rodríguez Hernández ‘jefe de escoltas’ de Manuel Antele Velasco, uno de los jefes ‘zetas’ que operaban en el estado de Tamaulipas. Ocho horas después de su detención, la dependencia federal liberó al sicario de alta peligrosidad.
La noche del pasado 23 de junio, Rodríguez Hernández fue detenido en uno de los dos operativos simultáneos que realizaron en forma conjunta la Policía Federal Ministerial (PFM), la Federal Preventiva, la Metropolitana y la Estatal.
A Rodríguez Hernández, quien dijo ser ‘jefe de escoltas’ de Manuel Antele —también detenido esa noche—, le encontraron en su poder un arma de fuego calibre 9 milímetros tipo escuadra, marca Walther; un arma de fuego calibre 58 milímetros especial, marca Smith and Wesson; 85 cartuchos 9 milímetros, seis cartuchos calibre 38 milímetros especial y dos básculas, según se desprende del comunicado de prensa, DPE/2967/10, emitido por la Delegación estatal Puebla de la PGR, el 24 junio de 2010.
El presunto ‘zeta’ fue remitido al Ministerio Público federal; sin embargo, más tarde fue liberado por órdenes de la delegada de la PGR, a pesar de la solicitud de la Procuraduría General de Justicia del estado, para que se le permitiera interrogar al sospechoso, quien fue relacionado con una banda que se dedica al asalto a empresas y que en un robo violento, donde violaron a una de las empleadas de la tienda”.
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