Con una injerencia tangible y directa en la inseguridad, porque con sus fallas igual liberan a potenciales delincuentes que dan licencias para la impunidad y cancelan la posibilidad de alcanzar justicia para las víctimas a través de la denuncia, las Agencias del Ministerio Público (MP) en Puebla se han convertido en auténticos elefantes blancos, lentos y sin capacidad de respuesta para el ciudadano. Este grave problema, en el contexto del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), se agudiza con la falta de preparación de los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), que encabeza Víctor Carrancá Bourget. Funcionarios de esa dependencia han cometido pifias de tal nivel, que apenas en lo que va de este mes han dejado libres a dos delincuentes relacionados con el huachicol y varias ejecuciones, así como a un presunto y potencial feminicida, todo por literalmente no integrar bien la investigación u ofrecer tardíamente los medios de prueba.
En Puebla, en donde siete de cada 10 investigaciones penales no se resuelven, la justicia fallida tiene responsabilidad en los MP.
Hay lentitud en los trámites, carecen de operación y las oficinas son de difícil acceso, por falta de transporte.
Esas son características que se viven a diario en estas agencias.
El poblano que, en plena y legítima búsqueda de la protección de las leyes y el Estado, hace una denuncia, vive un dolor de cabeza y un verdadero via crucis.
En las Agencias del Ministerio Público en la entidad tienen que esperar casi medio día hábil, cinco horas, para efectuar un trámite o la denuncia de algún delito.
Además enfrentan la falta de información sobre sus ubicaciones y qué servicios brindan, pues en la página de Internet de la Fiscalía General del Estado no se ofrece un directorio ni un menú de atención, horarios y qué tipo de delitos se pueden denunciar.
De acuerdo con la estructura de la desaparecida Procuraduría General de Justicia -que en enero de 2016 se convirtió en Fiscalía-, eran 47 las Agencias del MP que operaban en el estado de Puebla.
Hoy no se puede obtener esa información, mucho menos sus detalles.
El caso de la zona metropolitana de la capital ilustra con claridad el problema.
Aunque antes del 18 de junio de 2016 los ciudadanos podían presentar denuncias por delitos penales en 17 mesas de trámite, ubicadas en diferentes Agencias del MP en la ciudad de Puebla y en los municipios de la zona conurbada, con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ahora éstas solamente se pueden levantar en las oficinas centrales de la FGE y en el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5, que está en Periférico Ecológico.
La falta de personal, los vicios burocráticos y las viejas prácticas que, desde su ámbito de responsabilidad, la FGE de Víctor Carrancá ha sido incapaz de erradicar en sus funcionarios, impiden que el sistema sea más ágil, como se prometía en la víspera de su implementación en junio de 2016.
Por estas razones es que Puebla está reprobada y se ubica entre los siete estados que peor han avanzado en la consolidación del NSJPA, con casi 70 por cierto de las investigaciones iniciadas sin resolver.
Para muestra, tan solo en este mes tres botones.
El miércoles 16 de agosto y dado que el agente del MP excedió el plazo constitucional para justificar la detención, fue liberado el menor de 16 años Luis Ángel “N”, uno de los 12 integrantes de la banda de “Los Cuijes” que habían sido arrestados apenas cinco días antes.
Esta banda está involucrada en el robo de combustible y la masacre de Huehuetlán El Grande del domingo 2 de julio, en la que fueron asesinadas tres personas en sus viviendas y cinco fueron halladas calcinadas en Santo Tomás Chautla, además de que hay dos más desaparecidas.
Luego, el 17 de este mes, también otro de “Los Cuijes”, Miguel Ángel L., fue liberado ya que el juez determinó que la carpeta de investigación en la que se le acusaba de tentativa de homicidio y otros delitos fue “pésimamente integrada”.
Sin embargo, a los pocos minutos nuevamente fue aprehendido por elementos de la FGE, presuntamente de manera ilegal y por otros delitos.
En un tercer caso, el ex paramédico de Cruz Roja que hace unos días apuñaló a su esposa en la colonia Resurgimiento de Puebla no podrá ser procesado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, porque el agente del MP no realizó correctamente la investigación e integró tardíamente los medios de prueba.
No se trata de casos aislados, sino de yerros consistentes.
La justicia fallida tiene claramente responsables.
Y todos ellos bajo el mando de la cabeza de la institución, Víctor Carrancá, quien está alejado de los poblanos.
De hecho, es ejemplo inigualable del lugar común “farol de la calle, oscuridad de su casa.”
Presumió recientemente su cumbre de procuradores y fiscales de América Latina, aunque es incapaz de la autocrítica que le muestre que va en camino de convertirse en un lastre para el gobierno del estado.
El fiscal no ayuda a revertir la imagen de falta de justicia que priva en las instituciones y, peor aún, como las avestruces, oculta la cabeza cuando hay que salir a dar explicaciones.
Su política de comunicación y su actitud de perdona vidas, son seguramente las peores de todo el régimen.
Es un funcionario herencia del ex gobernador Rafael Moreno Valle y como tal, por ley, estará en el cargo seis años más.
Ya va siendo hora de que comience a encontrar soluciones a lo básico: que el poblano acceda fácil, rápida y diligentemente a la justicia.
Pero, ¿acaso será pedir peras al olmo?
(*) Columna publicada el pasado 22 de agosto y recuperada íntegra para explicar un poco por qué el caso Mara Castilla ha cobrado tal nivel de indignación en nuestra sociedad. El feminicidio 83 en lo que va del año –la mayoría sin resolver- fue la gota que derramó el vaso, en medio de un caldo de cultivo alimentado por el hartazgo y el cansancio, pero sobre todo por la impunidad, la corrupción, la soberbia de nuestros gobernantes y la ineficiente o nula administración e impartición de justicia. El hecho de que la misma Fiscalía que acusó al asesino de Mara de huachicolero, le expidió en agosto pasado una carta de antecedentes no penales, sólo viene a confirmar lo mismo que pensaba antes, durante y después de ese 22 de agosto en que públiqué esta columna: que la FGE y su titular, Víctor Carrancá, son de lo peor que tiene el estado y que –como diría el clásico- más ayuda el que no estorba. Por cierto… feminicidios, espionaje, huachicol, más lo que se acumule en las siguientes semanas, serán temas de la campaña 2018, aunque esa, esa es otra historia. Por lo pronto, no está demás recordar a la miope clase política local, al estilo estadounidense: “Es la impunidad, ¡estúpidos!”.
