Nadie duda que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI está en todo su derecho de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma aprobada por el Congreso de Puebla, que impuso candados a las candidaturas independientes, mejor conocida como #LeyAntiBronco.
Lo que sí sorprende, y se presta a múltiples (y muy sospechosas) interpretaciones –por ejemplo: que en realidad lo que busca el PRI es impulsar y/o sembrar a un panista resentido como Eduardo Rivera para, en modo “patiño”, quitarle votos a Tony Gali en 2016-, es que sólo le indigne el caso de Puebla. Es decir, que, como dice el dicho, vea la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Según el recurso presentado ante la SCJN por el dirigente nacional priísta, Manlio Fabio Beltrones, es “antidemocrático” y “desproporcionado” que los aspirantes ciudadanos deban reunir firmas por un equivalente del 3 por ciento del padrón electoral y que además tengan que presentar uno a uno, en persona, a cada uno de los ciudadanos que les hayan firmado; también, según el PRI, resulta “excesivo” que se pretenda suprimir un derecho ciudadano, como es el ser votado, a quien sea o haya sido militante, afiliado o equivalente de un partido político en los 12 meses anteriores al día de la elección del proceso electivo en el que pretenden postularse.
Más allá de que la #LeyAntiBronco de Puebla haya enmarcado el primer gran desacuerdo entre Beltrones y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien había pedido a los diputados del PRI sumarse a la iniciativa presentada y luego aprobada por los legisladores afines al gobernador Rafael Moreno Valle, lo que no hicieron porque el presidente del tricolor dictó “línea” en sentido contrario, es de llamar mucho la atención el doble discurso, y hasta la doble moral y la hipocresía, de un partido que no tiene precisamente entre sus virtudes la de la práctica democrática.
Y es que lo que el PRI ve terrible –y hasta escandaloso- en el caso poblano, sí vale para los estados gobernados por el PRI que legislaron en sentido ¡casi idéntico! a Puebla, como Tamaulipas, Tlaxcala, Hidalgo, Chihuahua y sobre todo Veracruz, donde el catálogo de candados a las (endiosadas) candidaturas independientes es vasto y prolífico, pero donde hasta hoy, hasta donde se sabe, Beltrones curiosamente no ha dado muestras de indignación, dudas, recelo o martirologio.
En Tamaulipas, cuya #LeyAntiBronco validó por cierto la SCJN a inicios de septiembre, se aprobó que los candidatos independientes deban tener el respaldo del 3 por ciento del padrón.
En Veracruz, además de pedir el respaldo del 3 por ciento del padrón, los candidatos deberán acreditar “buena fama pública” –cualquier cosa que eso signifique-.
Aquí cerquita, en Tlaxcala, el pasado 3 de septiembre, el Congreso estatal avaló que en la elección de 2016 participen candidatos independientes, pero con firmas de ¡hasta 12 por ciento! de la lista nominal.
En Hidalgo, la reforma electoral, aprobada el 10 de septiembre, limita la participación como independientes a quienes hayan militado en partidos políticos.
Y en Chihuahua, también bajo el control político del PRI, se aprobó que contiendan por la vía independiente quienes no hayan participado con otros partidos en los últimos tres años.
¿Por qué el PRI sí movilizó a su equipo jurídico para buscar que la Suprema Corte revierta la reforma poblana y no hizo lo propio en los otros estados que también elaboraron su propia #LeyAntiBronco?
¿Por qué allá los diputados y dirigentes priístas sí promovieron y avalaron los candados a los independientes y en Puebla los impugnaron?
En resumen, ¿por qué Beltrones ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio?
Simulaciones, incongruencias y dobles discursos aparte, queda claro que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PRI ante la SCJN tiene dedicatoria y mucho mar de fondo, y que lo que en realidad se busca es favorecer a un “independiente” que, bajo el disfraz de “ciudadano”, le haga el trabajo sucio para frenar al candidato morenovallista.
Un personaje con sed de venganza salido del clóset de la política, pero arropado por el dinero y los apoyos priístas, capaz de robarle votos al PAN en las elecciones del año próximo, cuando estará en juego la minigubernatura.
Un Emilio Maurer moderno, clase 2016, que sirva de alcahuete o de “tonto útil” para que el candidato o la candidata del PRI encuentre más facilidades en su camino hacia Casa Puebla.
Vaya, alguien como el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez, a quien, según cuentan, verdaderamente le empieza a atraer la idea de servir de plomero de ese PRI que antes tanta urticaria le daba.
Todo en aras de cobrar las (muchas) facturas pendientes con el gobernador que les arrebató el PAN, los desplazó groseramente del ejercicio del poder y los dejó en la orfandad política.
Como diría el clásico: ¡son tan obvios!