Un grupo de panistas de los autodenominados “puros” creó su propia empresa gestora de recursos federales a cambio del tristemente célebre “moche”, una práctica tan ilegal como oscura de la política mexicana. Ese grupo de panistas está encabezado por el ex presidente municipal de Puebla, ex diputado local y ex dirigente estatal de Acción Nacional, el impoluto Eduardo Rivera Pérez, y esa empresa es Procura Consultores (Fondos & Recursos), promovida cínicamente por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que agrupa a ediles del PAN y de la que el ex edil capitalino fue presidente hasta enero de este 2014.
La empresa de “coyotaje” institucionalizado cobra comisiones de hasta el 10 por ciento por gestionar recursos de programas específicos de dependencias federales.
Como si el horno no estuviera para bollos, ofrece sus servicios en internet mediante la cuenta de Twitter @ProcuraConsult y en su cartera de “clientes” tiene a infinidad de alcaldes de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, quienes, víctimas de la presión o el abierto chantaje, han tenido que “mocharse” a cambio de obtener fondos de, por ejemplo, el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos.
Aunque Eduardo Rivera Pérez ha tratado de deslindarse de la empresa de todos los modos posibles –la pasada semana, por ejemplo, dijo al diario Reforma que no tiene nada que ver con el cobro de “moches” a través de la firma privada-, lo cierto es que todo mundo sabe que éste es uno de los tantos negocios iniciados en su tiempo como presidente municipal de Puebla, aprovechando para su beneficio personal las relaciones, el conocimiento y la exposición que le dio el encabezar la ANAC.
De hecho, al frente de Procura Consultores tiene a tres amigos suyos, los tres funcionarios de su gobierno, lo que no es ninguna casualidad: Ricardo Larracilla Herrera, quien fue director de Abasto y Comercio Interior; Fernando Aguilar Pirez, quien fungió como director de Fondos, Inteligencia de Negocios e Innovación, ambos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo; e Ignacio Kasusky Chavero, quien se desempeñó como director de Asuntos Internacionales del ayuntamiento presidido por Rivera Pérez.
Larracilla aparece como director ejecutivo, Aguilar como director de proyectos y Kasusky como director de operaciones de la multicitada Procura Consultores. El segundo de ellos confesó -también a Reforma, que lo contactó vía telefónica- que efectivamente, tras salir del ayuntamiento capitalino, ahora se dedican a cobrar comisiones de hasta el 10 por ciento a alcaldes por bajarles recursos federales.
“(Cobramos) de un 5 a un 10 por ciento dependiendo la complejidad y el monto del proyecto, igual con (proyectos del) Presupuesto”, dijo, para luego reconocer abiertamente que la llegada de los apoyos a los municipios depende de la presión política que se haga ante diputados federales y senadores, así como funcionarios del gobierno federal. Desde entonces, tanto Rivera Pérez como sus operadores andan ilocalizables y la página web de Procura Consultores, donde también ofrecían sus servicios de “coyotaje”, se reporta como dada de baja.
Tan grave es, que el caso -que remite a tráfico de influencias y huele a corrupción, por más que lo traten de encuadrar en una actividad lícita de “asesoría”- ya llegó al epicentro del CEN panista, donde el presidente, Ricardo Anaya, ha pedido a la ANAC actuar con transparencia y abrir los contratos con Procura Consultores. Y es que el asunto pone en entredicho la propuesta de Anaya de crear, precisamente, un Sistema Nacional Anticorrupción, que si va en serio debería empezar por investigar la legalidad de las operaciones de la consultora dirigida por estos ex funcionarios poblanos.
Pero el problema es que a El Yunque –al que pertenece Rivera Pérez-, poco o nada le importa la transparencia, y menos cuando se trata de un negocio privado, del que por cierto también podrían salir enlodados el actual gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, y el edil de Mérida, Yucatán, Renán Barrera, ambos grandes amigos del astuto ex alcalde de Puebla.
Por si más elementos faltaran, hay que decir que Rivera Pérez es actualmente presidente del consejo consultivo de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), plataforma política que por supuesto él y su grupo siguen aprovechando para continuar con el jugoso negocio de la gestión de recursos federales, a cambio de un porcentaje, lo que vulgarmente se conoce como “comisión”, “piso 10” o “moche”, en un obvio conflicto de intereses, pues se habla de grabaciones comprometedoras entre presidentes municipales y gestores de Procura Consultores poniéndose abiertamente de acuerdo sobre la repartición de los porcentajes a repartir entre los socios formales e informales de la empresa.
Ahora se entiende, y se entiende bien, la urgencia –casi obsesión- del ex alcalde de Puebla por convertirse en diputado federal.
Y es que desde San Lázaro será más fácil robustecer el esquema de negocio y además con fuero.
O lo que es lo mismo: con total impunidad.