Un ejemplo claro del desorden administrativo que existe en la mayoría de las delegaciones federales en Puebla es lo que viene sucediendo en el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA) de la Sagarpa, donde despacha el priísta Alberto Jiménez Merino, célebre desde 2007 por abrir la puerta al narcotraficante Ismael Coronel Sicarios en la Secretaría de Desarrollo Rural en tiempos del “góber precioso” Mario Marín.
Resulta que los técnicos contratados por el INCA han venido tramitando sus pagos desde el mes de enero de este año y a la fecha no se les ha pagado un solo quinto.
Lo peor es que ya van cinco modificaciones a los recibos electrónicos y contratos y ni así se les cubre lo que se les debe.
Esto demuestra, entre otras cosas, el desconocimiento de los procesos administrativos y contables por parte del contador Faustino Pérez Pantaleón, quien además de lento y taimado, muestra actitudes de prepotencia y hasta de burla a los técnicos, quienes no piden otra cosa que les sean pagados sus honorarios por capacitar a los productores poblanos en el sector rural.
Pero la incompetencia –incompetencia organizada, una nueva forma de delincuencia dentro del gobierno federal- no sólo es solapada por Jiménez Merino, quien como el té, ni hace bien ni hace mal; el caos administrativo es sobre todo responsabilidad del delegado regional de la zona sur del INCA, el MVZ Víctor Hernández Witting, un conocido burócrata sin ningún interés porque salgan bien las cosas en ese organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
A pesar de que no se les han cubierto sus sueldos en lo que va del año, los técnicos del INCA no han dejado de trabajar, pues es el Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS) de la BUAP quien evalúa los programas, solicitando los productos y las evidencias de los trabajos realizados en el territorio poblano, mismos que han sido solventados en tiempo y forma a pesar de que no han tenido recursos para cumplir con sus obligaciones.
Lo que sucede en la Sagarpa es intolerable, pero más la situación en que se encuentran sus trabajadores, obligados a cumplir jornadas extenuantes, sin apenas comida, sin viáticos y sin obtener una paga por la labor desempeñada.
Mientras Jiménez Merino luce más ocupado en sus ambiciones políticas y en satisfacer su sueño guajiro de convertirse en el dirigente del PRI en el estado, la delegación a su cargo se cae a pedazos, confirmando todas las sospechas existentes contra este funcionario, el mismo que un día fue capaz de invitar a un conocido narcotraficante a hacer negocios en Puebla, a quien incluso, en el colmo, subsidió con recursos públicos para supuestamente importar desde China centenas de cabezas de búfalos de agua para engordarlos y reproducirlos a gran escala.
La PGR lo investigó, pero el susodicho argumentó a su favor que nunca se dio cuenta de que Ismael Coronel Sicario se dedicaba al tráfico de drogas, aunque se hubiera enterado con una simple búsqueda en Google.
Ese es, invariablemente, el pretexto favorito de Jiménez Merino para eludir sus responsabilidades: que no se entera de nada.
No le exijamos, entonces, que esté informado de lo que sucede en el INCA. Dejémoslo seguir durmiendo a sus anchas –y soñando con ser el nuevo mandamás del partido tricolor en Puebla, esa sí una tarea para la que trabaja todos los días de todas las semanas desde que cobra en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto-.