Este miércoles, el Congreso del estado de Puebla iniciará un procedimiento para la revocación del mandato de un presidente municipal en funciones.
Se trata de Porfirio Loaeza Aguilar, que ha hecho de Tlatlauquitepec su isla de poder, y cuyo largo, largo reinado de impunidad empieza a llegar a su término.
Por fin.
Considerado un traidor por sus antiguos aliados políticos y un corrupto por sus paisanos, fue alcalde de ese lugar durante el periodo 2005-2008, y no dejó precisamente muy buenos recuerdos.
La Legislatura pasada lo encontró culpable de una escandalosa malversación de recursos (más de 15 millones de pesos) e incluso lo inhabilitó por 11 años para ejercer un nuevo cargo público.
Cínico, no le importó.
En uno de esos casos de la política aldeana que sólo se explican a partir de la farsa –el género poblano por excelencia-, en el año 2010 halló los resquicios legales conducentes y, con el apoyo del Partido Convergencia y el paraguas de lo que a la postre se convertiría en la coalición “Compromiso por Puebla”, logró postularse ¡nuevamente! como candidato a la alcaldía de Tlatlauquitepec.
Y ganó.
Claro, con amparo local en mano, y gracias al tsunami electoral que arrasó al PRI de los Marín y los Zavala, y que tuvo como epicentro al hoy gobernador del estado, Rafael Moreno Valle.
Pero la suerte no ha estado últimamente del lado de Porfirio Loaeza.
Primero, porque se involucró sin éxito en un pleito callejero entre el morenovallismo y su otrora protector y defensor, el convergente José Juan Espinosa, contra quien incluso recabó firmas para forzar su destitución como dirigente del partido naranja.
Y segundo, debido a que ya agotó todas, todas las instancias de defensa posibles y, hace unos días, perdió el amparo federal que buscaba con auténtica desesperación ante el Primer Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, contra la decisión del Legislativo de sostener aquella añeja inhabilitación.
Porfirio Loaeza se pasó de la raya, se quedó solo, rotundamente solo, y ahora deberá pagar las consecuencias de su soberbia y ceguera.
Por alguna razón, pensó que ya como gobernador, Moreno Valle metería las manos por él.
Pero no contó que para el jefe del Ejecutivo, nada ni nadie está por encima de la ley. Lo acaba de demostrar, por cierto, con el caso de Myriam Arabian.
Fuentes de la Cámara poblana afirman que la suerte de Porfirio Loaeza está echada.
Que no hay retorno.
Vamos: que hay consenso, el suficiente al menos, para dar entrada al procedimiento de revocación de mandato.
No podría ser de otra manera: los señores diputados podrían incurrir en desacato.
No pueden actuar fuera de la ley o peor: ignorar un mandato de la justicia federal.
No ante Porfirio Loaeza y su rosario de agravios.
¿Qué mejor oportunidad que esta para mandar el mensaje de que en Puebla no hay impunidad?
Sí.
Tlatlauquitepec.
Jaque mate al presidente municipal.