En su apresurado, visceral y fallido deslinde de la probable disposición de 24 millones de pesos de la ahora conocida como millonaria partida secreta, el ex secretario General de Gobierno (SGG) de la administración interina, Fernando Manzanilla Prieto, dejó nuevas pistas que podrían mostrar con absoluta claridad sus huellas en la trama del presunto uso indebido de recursos públicos más importante de la última década en Puebla.
En sus proclamas en Twitter, de lunes y martes, el diputado federal termina por confesar también que, al irse por la puerta de atrás -como en su momento lo hizo con su odiado cuñado Rafael Moreno Valle-, sustrajo documentos oficiales, tras dejar su encargo, lo que constituye un ilícito.
Uno adicional.
Manzanilla reconoce sin ningún empacho que en su poder tiene documentación, delicada de la administración pública, con la que ahora intenta chantajear a su ex jefe y sobre todo deslindar su responsabilidad en el probable uso indebido de al menos 24 millones de pesos, como titular de la SGG, hoy nuevamente Secretaría de Gobernación.
La trama y su reconocimiento de que participó no tienen pierde.
Luego de que este lunes se dio a conocer que cuatro ex titulares de la entonces SGG -incluido él- y seis de Finanzas y Administración (SFA) están involucrados en el manejo irregular de 241 millones 089 mil 406.93 pesos, Manzanilla disparó, de botepronto y sin medir bien los datos que ofrecía, una explicación que termina por convertirse en una especie de mea culpa.
En una respuesta en su cuenta de Twitter, primero el lunes, echó por delante en la responsabilidad que investiga la Fiscalía General del Estado (FGE) a su ex coordinador general de Administración en la SGG, Álvaro Gómez González.
Ese ex funcionario está señalado en la denuncia que se presentó el 18 julio pasado, por haber solicitado y recibido asignaciones presupuestales de esa partida secreta, la Presupuestal3370 “Servicios de Protección y Seguridad”, por 24 millones de pesos.
Esa cantidad, por cierto, representa 10 por ciento del monto total que podría representar un daño patrimonial a la hacienda estatal.
“Álvaro Gómez González, ex coordinador general de Administración de la SGG acudirá con las autoridades correspondientes para aclarar cualquier duda sobre el recurso asignado”, escribió el también otrora morenovallista en el segundo hilo de su publicación al respecto.
Su intención de escudarse en su colaborador recibió la mañana del martes una advertencia desde Casa Aguayo.
“Lo de Fernando Manzanilla, sobre la denuncia que cursa en contra de él, en la Fiscalía, él es el que tiene que dar cuentas, sobre cómo se gastó el monto de la partida identificada como partida secreta”, precisó el gobernador Miguel Barbosa.
Manzanilla bien pudo quedarse callado al respecto, como lo hicieron otros señalados, pero, fiel a su carácter colérico, mordió el anzuelo y volvió a proclamar este martes su presunta inocencia, luego de que el lunes también exhibió un recibo con la que podría ser la firma del hoy titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez.
El documento es sobre la entrega de 1.5 millones de pesos.
Supuestamente, fueron para un “Congreso Progresista”.
La recepción del dinero en efectivo, de acuerdo con el documento que exhibió Manzanilla, ocurrió el 5 de julio de 2019.
Manzanilla insiste en que entregó dinero a David Méndez.
Suponiendo sin conceder que así fue, el diputado tiene solamente la comprobación de 1.5 millones, entonces ¿qué pasó con los otros 22.5 millones de pesos que manejó de la partida secreta?
¿Cuántos, cuáles y por qué sustrajo documentos -si así fue, como ha dicho- de la administración pública, que por lo visto son originales, y están hoy en su poder?
A veces, debería saberlo el experimentado político, el silencio es la mejor defensa.
Y en estos tiempos, también el uso de cubrebocas, como tanto recomienda él.