Miente quien diga que sabe cuál será el fallo del TEPJF sobre la elección de gobernador de Puebla. No hay un solo elemento de certeza. Los pocos datos duros que hay a la mano y que deben ser recolectados con pinzas, nos muestran que incluso los siete magistrados de la Sala Superior tienen dudas sobre cuál será su decisión personal, si ratificar la constancia como gobernadora electa a Martha Érika Alonso o la anulación. Falta menos pero eso no es consuelo para el ya insoportable clima de polarización e incertidumbre que comienza a pasar caras facturas, como la fuga de inversiones y el atraso en los trabajos de la transición.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “no ha decidido” todavía el destino del caso y la impugnación del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), así de clara fue la presidenta del órgano jurisdiccional, Janine Madeline Otálora Malassis.
En dos entrevistas que concedió el miércoles pasado, a Canal Once y Radio Fórmula, la magistrada reconoció, sin embargo, el desasosiego que vive la entidad y adelantó que la intención es tener la resolución antes de que termine noviembre.
“La intención es sacarlo antes (de diciembre), para ya dar tranquilidad y estabilidad en el estado y a los actores políticos”, dijo.
Lo único seguro hasta ahora es que los siete magistrados que deberán votar el proyecto de resolución que elabora José Luis Vargas Valdez no han tenido siquiera una reunión formal al respecto.
De los siete integrantes de la Sala Superior, dos estuvieron de viaje en el extranjero y recién este martes 13 de noviembre se reportó la alineación completa del TEPJF, para el informe de actividades 2017-2018 que Otálora Malassis presentó ante los plenos el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Después de varias semanas, fue en esa cita solemne que se volvieron a ver las caras los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez.
Hay que recordar que, como comentamos en este espacio, la gobernadora electa Martha Erika Alonso en su cita en el TEPJF del lunes pasado sólo pudo hablar con cinco de los siete magistrados.
En los próximos días, el candidato de MORENA, Luis Miguel Barbosa Huerta, y su equipo jurídico tendrán también su derecho de audiencia, seguramente él con la posibilidad de en un mismo día presentarse ante los siete, aunque no es seguro que el ex morenovallista y ex perredista ejerza ese derecho.
La resolución urge y ya no sólo por la intranquilidad política, sino por las graves afectaciones colaterales de este vacío de poder.
Hay incertidumbre social, nerviosismo en las instituciones de la entidad y daños a economía, porque ya varias inversiones importantes se han ido.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Montiel Solana, lamentó este miércoles que cuatro empresas ya hayan frenado sus inversiones en la entidad, por esta indefinición.
Pero también está el tema de los recursos para Puebla para el próximo año, en donde no hay quien defienda los proyectos ni se oponga a la reducción de más de 13 por ciento que se prevé.
Los diputados federales morenistas siguen en la inercia del conflicto postelectoral y no trabajan con el gobernador Tony Gali, para cabildear el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a favor de la entidad y los poblanos.
Hasta la excusa de la presidenta municipal capitalina, Claudia Rivero Vivanco, de que este vacío de poder se refleja también en la inseguridad, tiene algún sentido, mirando su declaración con mucha flexibilidad.
El destino de Puebla entero en manos de esos siete magistrados.
Ellos que, según se ve, todavía no han tomado una decisión.
Como diría el clásico: “¡Ya se están tardando!”.