La más clara prueba de la ignorancia y bravuconería de la mayoría lopezobradorista en el Congreso local salió de la boca del camaleónico José Juan Espinosa Torres, quien amagó con solicitar al Senado la desaparición de poderes en la entidad, en revancha por las observaciones que, en sincronía con sus facultades y apego constitucional, ha realizado el gobernador Tony Gali a las reformas que han realizado al vapor y con desaseo en su técnica legislativa. Nada tan irresponsable ni demencial se ha siquiera sugerido en el pasado. Las cosas, como van, adelantan que Andrés Manuel López Obrador tendrá en Puebla muchos dolores de cabeza, por los radicales que se ven incapaces de asumir con responsabilidad su mayoría.
La amenaza del ex priísta, ex morenovallista, ex convergente, ex de Movimiento Ciudadano y hoy petista delata una intención dictatorial desde el Legislativo, que busca incluso el rompimiento institucional en Puebla.
No hay en el contexto actual, ningún asomo de las causales que establece la Carta Magna para el caso. Ni siquiera por los mal llamados vetos -pues solamente son observaciones- a las reformas morenistas, como la que se realizó a la Ley Bala, o por dejar en exclusiva a los Cabildos el nombramiento de alcaldes sustitutos o por la designación del fiscal.
La Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 Constitucional establece como motivos para la desaparición de poderes, que los titulares de los poderes quebranten los principios del régimen federal; que se abandone el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; o que estén imposibilitados del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.
Asimismo, que se prorroguen en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los sustitutos; que promuevan o adopten forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en la Constitución General de la República.
Enfermo de odio, incapaz de comportarse como un auténtico líder político, José Juan Espinosa, presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura local, quiere erigirse como el pequeño dictador desde el Congreso.
Ya nos dio muestras de su intención de ser el titular de su imaginario suprapoder, con la designación de sus cercanos en los cinco concejos municipales, en los ayuntamientos que deberán repetir elecciones, por la anulación de sus procesos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En Puebla solamente se han registrado tres casos en los que se decretó la desaparición de poderes, y los tres en momentos históricos verdaderamente convulsos.
En 1920 fue depuesto, junto con los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Rafael Rojas, entonces titular del Ejecutivo, y lo sustituyó Luis Sánchez Pontón, en el contexto del Plan de Agua Prieta contra el entonces presidente Venustiano Carranza.
Luego, en 1924, por la declaración en rebeldía de los poderes locales.
Más tarde, en 1927, por disputas políticas que generaron que tres distintas corporaciones se declararan como “Congreso del estado”.
Todas en el marco de los resabios de la lucha revolucionaria.
Por visceralidad y precocidad verbal, hablar más que pensar, José Juan Espinosa hasta ha planteado “juicio político” para el gobernador Tony Gali y así, ha dejado ver su verdadera intención: reventar la institucionalidad en Puebla.
A pesar de que su compañero de causa, Gabriel Biestro Medinilla, presidente (de papel) de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, matizó la amenaza y ofreció diálogo, el aprendiz de dictador ya mostró la navaja.
Un grave problema se avecina para Andrés Manuel López Obrador en Puebla.
Un constante dolor de cabeza que puede llevar a la parálisis legislativa y al constante encono entre los poderes del estado, en detrimento de los poblanos que asistimos, impávidos, al circo romano montado por José Juan Espinosa en el Congreso local.
Aún está a tiempo el próximo presidente constitucional para frenar el problema.
La pregunta es si, además con el conflicto postelectoral local, tiene intenciones de hacerlo.
El pequeño Pinochet asomó ya la cabeza.