El bochornoso robo de más de 8 millones de pesos entre dinero en efectivo, vehículos, joyas, armas y diversos objetos de valor que estaban bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla producto de detenciones y cateos judiciales en los últimos meses, es sólo la punta del iceberg de una cloaca mayor en la deteriorada institución encabezada por Víctor Carrancá Bourget, cuya imagen ya de por sí está por los suelos.
Poco a poco han salido detalles de este monumental atraco perpetrado en las narices del señor fiscal, quien si no sabía lo que sucedía en la FGE, es malo, muy malo; pero si lo sabía y lo calló, es de extrema gravedad, porque entonces quedaría en calidad de cómplice de los funcionarios ya señalados como presuntos culpables: su oficial mayor, Luis García Cerqueda; su director de Programación, Roberto García Velarde, y el eslabón más débil de la cadena, pero sin la cual no se hubiese podido concretar el robo hormiga: el director del Departamento de Indicios, Nahur Hernández Santaella, un verdadero pájaro de cuenta y al parecer actualmente prófugo. Los tres traídos por Carrancá a Puebla y empoderados por Carrancá.
El problema, sin embargo, va más allá de lo que ya sabemos sucedió en las bodegas del Departamento de Indicios, saqueadas con toda impunidad hasta que fue imposible acallar las denuncias y los reclamos de las personas que, tras probar el lícito origen, exigieron por la vía legal el regreso de sus bienes decomisados, con lo que empezaron a destapar una cloaca digna de los mejores tiempos de Adán Cortés Ulloa, aquel tristemente célebre director de la Policía Judicial.
Y es que fuentes enteradas afirman que lo del Departamento de Indicios es sólo uno de los múltiples hilos de una madeja enorme y llena de corrupción y despilfarro, abuso de poder e ilegalidad, en una Fiscalía en manos de una red de funcionarios sin escrúpulos, intocables además –ya se vio- por una Secretaría de la Contraloría que, manejada por el histriónico Rodolfo Sánchez Corro, no ha dicho a la fecha una sola palabra al respecto.
Además del saqueo de bienes decomisados –hay quien asegura que el monto de lo robado podría ser fácilmente cuatro veces más que los 8 millones de pesos conocidos-, el grupo de García Cerqueda, García Velarde y Hernández Santaella tejió una maraña de robo hormiga en los corralones de automóviles de la FGE y con los vales de gasolina para las unidades oficiales.
En los corralones el robo de autopartes se da de forma tan organizada como sistemática, y hay múltiples denuncias por parte de ciudadanos afectados que, por cierto, han tratado de ser silenciados por personeros de esta mafia incrustada en la Fiscalía.
El tema de los vales de gasolina es igualmente explosivo, pues, según las fuentes, desde hace al menos dos años se alteran las bitácoras de consumo de las patrullas utilizadas por los agentes ministeriales, configurando un fraude fácilmente probable mediante una simple revisión a los odómetros de las unidades.
No hay correspondencia entre los kilómetros reportados como recorridos y el elevado gasto en combustible.
El daño ascendería a varios millones de pesos y los operadores de Cerqueda y sus secuaces contarían con la complicidad de un taller mecánico ubicado en la colonia Bugambilias.
A finales de la pasada semana, cuando reventó el caso del Departamento de Indicios, se prendieron los focos rojos en la Fiscalía, pues todo mundo sabe –literal: todo mundo- lo que también viene sucediendo en los corralones y con los vales de gasolina.
Según la institución, ya se dio vista a la Contraloría Interna del saqueo de dinero en efectivo, vehículos, joyas, armas y diversos objetos de valor; sin embargo, nadie es optimista, pues la gente de Carrancá históricamente se ha venido tapando unos a otros con tal de seguir con los ilícitos negocios al interior de la FGE, que les han dejado millonarias ganancias.
Por cierto, dos dudas:
Si la Contraloría Interna –igualmente a cargo de un allegado de Carrancá- no fue capaz de percatarse de temas tan graves y tan evidentes como lo de los corralones, los vales de gasolina y lo del Departamento de Indicios, ¿acaso va a ser capaz de mandar a la cárcel a los identificados culpables de esta auténtica cloaca?
Y peor: si resulta a la postre que Carrancá sabía de todo esto y no hizo nada para pararlo, denunciarlo y consignar a los funcionarios delincuentes, ¿a poco la Contraloría Interna se atreverá a exhibirlo y aplicarle todo el peso de la ley?
Como diría el clásico:
“¡Qué asquerosidad es esto, eh!”