Malos perdedores, PRI, Morena y las ex candidatas Roxana Luna y Ana Teresa Aranda en estos días maniobran, rezan a todos sus santos y mueven todas sus relaciones nacionales para tratar de echar abajo el triunfo del gobernador electo de Puebla, Tony Gali Fayad, en un proceso que no tiene fecha límite ni plazo perentorio y que incluso, en el peor de los casos, podría tener su desenlace hasta un día antes de que tome protesta en el cargo.
Hace una semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió los cuatro juicios de revisión constitucional que interpusieron contra la sentencia del pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), que el pasado 9 de octubre declaró por mayoría de votos la validez de la elección del 5 de junio y la elegibilidad por mayoría de votos de Gali Fayad, así como la entrega de la constancia como gobernador electo al ex candidato de la coalición “Sigamos Adelante”.
Arrasados –y arrasadas- en las urnas, el PRI, Morena, Luna y Aranda intentan ganar en la mesa lo que no lograron con votos.
Es el consuelo de los fracasados.
Fueron a los comicios como si fueran a un día de campo, sin la preparación suficiente para encarar la alta competencia electoral que se presagiaba, y hoy pretenden que otros paguen sus platos rotos, confiados en que una decisión política, más que jurídica, revierta su triste realidad.
En sus voluminosos –y muy coincidentes- expedientes, en los que una Mano Negra Mayor ha invertido tiempo, dinero –mucho dinero- y esfuerzo, han alegado todo lo posible para ensuciar lo más que se pueda la victoria del ex alcalde de Puebla. Por eso, en ellos abundan las verdades a medias pero sobre todo las mentiras completas.
Según los quejosos, hubo desde “rebase del tope de gastos de campaña”, “utilización de recursos públicos o de procedencia ilícita” e “irregularidades en las actas de escrutinio y cómputo”, hasta “intimidación del gobierno de Rafael Moreno Valle hacia los electores”, “ataques misóginos hacia la priísta Blanca Alcalá Ruiz”, “compra de votos” y “parcialidad de las autoridades encargadas de conducir los comicios”.
El problema para los promotores de tales supuestos es que ninguno tiene asidero en la realidad. Y aunque lo tuvieran, serían totalmente insuficientes para lograr, como pretenden con desesperación, la nulidad de la elección.
Y es que cualquiera medianamente enterado sabe que la ley electoral sólo establece el sistema de nulidades en los siguientes casos:
1) Si se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado.
2) Si se compra o adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos por la ley.
3) Si se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
Dichas violaciones deberán ser “graves”, “dolosas” y, sobre todo, “determinantes” en el resultado de la elección.
También tendrán que acreditarse de manera “objetiva” y “material”, lo que no lograron los esforzados impugnadores del proceso poblano.
En el dado caso que así ocurriera, es decir, que consiguieran probar sus dichos, la nulidad tampoco procedería puesto que “se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%”.
Lo que claramente no se cumple, pues, como todo mundo sabe, la diferencia entre el primer lugar (Tony Gali) y el segundo (Blanca Alcalá) fue de casi 12 puntos.
Así que por más que sus autores abriguen esperanzas y anticipen victorias inexistentes, los cuatro juicios de revisión constitucional presentados ante el TEPJF por el PRI, Morena, Roxana Luna y Ana Teresa Aranda no tienen futuro bajo ninguna circunstancia ni bajo ningún escenario, incluso el más apocalíptico.
Creer lo contrario es seguir haciendo el juego a quienes se han profesionalizado y especializado en el arte de la mentira, graduados con honores como auténticos “engañabobos”.