Las delegaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto en Puebla son las más notorias vergüenzas de la administración federal priísta, pues no representan con decoro al presidente de la República, pero tampoco sirvieron en el pasado proceso electoral para ayudar a su candidata a la gubernatura. De hecho, Blanca Alcalá debe gran parte de su derrota a estos funcionarios inútiles y poco comprometidos, solamente dedicados a hacer negocios en las dependencias que manejan mayores presupuestos o, instalados en su zona de confort, a cobrar sus sueldos.
No hay ahí a políticos de peso. Los únicos que tienen cierto nivel están impugnados al interior de su partido y el grupo de Alcalá los ve como “traidores”: el ex diputado federal y ex presidente estatal del PRI, Juan Manuel Vega Rayet, en la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, Enrique Doger Guerrero.
Entre estos delegados y delegadas hay quienes enfrentan procesos administrativos que llevarían a sus ceses, como Ana Isabel Allende Cano, a quien se le dio la delegación de la Secretaría de Gobernación (Segob), como salida decorosa del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI.
Como ya le he dado cuenta, Allende enfrenta un proceso ante el Órgano Interno de Control de la Segob, por varias irregularidades: la utilización de la estructura de la Delegación con fines electorales; la acusación de extorsión a alcaldes, y otras anomalías administrativas.
EL CASO DE BARAHONA
Un caso similar es el de la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Vanessa Barahona de la Rosa, quien está peleada con toda la clase empresarial del estado, además de que ha incurrido en excesos administrativos y personales.
Con su imagen pública deteriorada, Barahona ya ni siquiera es requerida por las oficinas centrales y por su jefe, el titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida.
La prueba está en que el pasado 13 de este mes, cuando en la ciudad de México el titular del ramo sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Puebla y directivos de Volkswagen, Barahona ni siquiera fue informada y menos aún invitada. Ella se enteró por el comunicado de prensa que dio cuenta del encuentro.
Barahona está bajo investigación de la propia STPS por haber asistido a un acto de campaña de Alcalá, por lo que para Navarrete es poco más que impresentable, al menos por el momento.
TAMBIÉN SAGARPA Y PROSPERA
Otro caso de desorden administrativo y deslealtades, se vive en la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de la que salió el “coordinador alterno” de la desastrosa campaña priísta, Alberto Jiménez Merino.
En esa dependencia, una de las que junto con Sedesol y la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) reparte más recursos, llegó a finales de marzo un ex zavalista y ex funcionario administrativo de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) de Puebla, Hilario Valenzuela Corrales, quien no ata ni desata y, como tiene muchas actividades personales en la ciudad de México, se ausenta constantemente.
Su mayor problema es la falta de liderazgo, la que ha sido aprovechada por el subdelegado agropecuario, Héctor Ochoa González, quien a sus espaldas asegura que él solito hace “90 por ciento” de todo lo que realiza la Sagarpa.
Un tema aparte y como herencia de Jiménez Merino, está el adeudo de más de siete meses de sueldo a los becarios, la estructura paralela con que opera la delegación y que recibe sus pagos a través de un esquema de Prestación de Servicios Profesionales.
Esos recursos no los ha entregado el delegado administrativo, Salvador Aranda Pedreros, a pesar de que el dinero se liberó desde marzo de las oficinas centrales, de acuerdo con fuentes internas.
En el colmo de las anomalías que realiza Aranda y que solapa Hilario Valenzuela está una “carta invitación”, que se envió al personal a principios de mes, para que cada empleado calculara cuánto valen sus servicios y cuándo cree que merece cobrar, una suerte de presión individualizada que pasa por alto los tabuladores de la dependencia.
En ese documento también se especifica que, en una hoja anexa, los trabajadores deben firmar que renuncian al cobro de viáticos, uso vehículos y otros “gastos indirectos” para realizar sus funciones.
Por su parte, la delegada de Prospera, Graciela Juárez García, enfrenta una serie de denuncias penales ante la FEPADE por haber lucrado electoralmente con los programas del gobierno federal, a fin de favorecer al PRI. De hecho, su cinismo prendió focos rojos en las oficinas centrales de Prospera, donde a mitad de la campaña fue llamada a cuentas y “congelada” a fin de no entorpecer las investigaciones. No sería raro que en cualquier momento fuera cesada de sus funciones.
DESORDEN EN SRE Y PROCURADURÍA AGRARIA
Dos casos más, de otros tantos, evidencia el desorden en que se han convertido las representaciones del gobierno de Peña Nieto en la entidad: los de las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Procuraduría Agraria.
En la primera dependencia existen dudas sobre quién será en definitiva el titular. Hay que recordar que, una vez que la ex delegada, María del Carmen Izaguirre Francos, tuvo que dejar el cargo para cubrir el escaño que dejó momentáneamente la ex candidata Blanca Alcalá, pues es su suplente en la Cámara alta, se nombró al zavalista Santiago Bárcena Álvarez, a mediados de marzo.
Sin embargo, ahora Izaguirre Francos deberá dejar el escaño ya que Alcalá regresará al Senado una vez que pase su periodo de duelo por la derrota. Entonces Bárcenas, cuota de Zavala, podría salir, por las “traiciones” de su jefe político.
Para concluir con este recuerdo, está la remoción definitiva de la también zavalista Isabel Merlo Talavera de la Delegación de la Procuraduría Agraria.
La ex presidenta municipal de Huaquechula y ex legisladora había dejado temporalmente ese cargo para sumarse a la campaña de Alcalá; sin embargo, en lugar de ser reinstalada al terminar la elección, Merlo fue sustituida definitivamente tres días después del fatídico 5 de junio. En su lugar, llegó Jesús Alberto Velasco Mata, quien venía desempeñando ese mismo cargo en Chiapas.
Lo que nunca le quedó claro a Merlo Talavera es si fue en represalia por su cercanía con el “traidor” Javier López Zavala o por mal desempeño.
El gobierno de Enrique Peña Nieto en Puebla está no solamente menguado. No. Es en realidad un desorden y está muy debilitado en sus delegaciones, incluso desde antes del proceso electoral. En su mayoría, los titulares son funcionarios inútiles, poco productivos y que además defraudaron a Alcalá.