Abierta la Caja de Pandora del gobierno de Mario Marín Torres, será en los próximos días cuando se consigne ante el Ministerio Público uno de los casos de corrupción que los priístas de Puebla hubiesen querido ver desaparecido para siempre: el programa Unidos para Progresar (UPP), la gran cloaca del “góber precioso” y sus 40 (mil) ladrones, varios de los cuales irán a parar a la cárcel por más que supongan que prevalecen reales o supuestos pactos de “impunidad”.
Y es que, inevitablemente, se identificaron desvíos, “extravíos” e irregularidades en 56 obras y acciones de ese programa operado al cien por ciento por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Puebla, en especial obras no ejecutadas –pero cobradas- y falsificación de documentos.
El fraude social –o qué otra cosa es- asciende a 97 millones de pesos –aunque podrían ser más, muchos más millones-, lo que amerita el inicio de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades y la presentación de denuncias antes la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Solo es la punta de un iceberg enorme, gigantesco, que empieza en Marín pero no tiene fin…
Y es que aunque ciertamente está aprobada, los resabios de su cuenta pública no tienen ninguna comparación con el pasado o presente.
Se trata de verdadera delincuencia organizada. Un resumen perfecto de cómo un grupo de mafiosos se pone de acuerdo para tomar por asalto el poder y pasar de ricos a mega millonarios en menos de un sexenio.
Hasta donde se sabe, los sujetos responsables de este robo a los poblanos son: un ex subsecretario, un ex director de Control de Inversión, 4 ex coordinadores de oficinas regionales y 9 ex delegados de la Sedeso, entre ellos: René Lechuga Fosado, Martín Fernández Muñoz, Yolanda Zegbe Zanen, Armando Ramírez Balderrama, Francisco Javier Ayala Gutiérrez, Juan Carlos Becerra Barranco, José Elías Benjamín Sosa Amud, Irma Vargas y Silverio López Morales.
Unos más, unos menos, pero todos implicados hasta el fondo en el uso ilegal del presupuesto destinado al programa “estrella” del marinismo.
El mismo que en su tiempo, además, sirvió para financiar campañas y promover candidaturas y carreras políticas de quienes hoy pretenden fingir demencia y llamarse a sorpresa.
Los mismos que se hicieron notarios, adquirieron bienes inmuebles o pusieron múltiples negocios de los cuales, por cierto, ya hay evidencia plena.
Sí, la cloaca del “góber precioso” y sus cómplices es infinita: un auténtico “hoyo negro”.
Por eso, se prevén sanciones penales por falsificación de documentos (de uno a 8 años de prisión) y por peculado (de 6 a 12), así como administrativas, es decir, inhabilitaciones y la restitución del daño patrimonial.
Ahora sí va en serio.