Arturo Luna Silva
El informe de Metrics, Gestión y Consultoría S.C. sobre el nulo desempeño del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, publicado ayer en este espacio, indignó, por decir lo menos, a una facción de diputados del PRI que, encabezados por Rocío García Olmedo y Luis Alberto Arriaga, guerrea con otra facción priísta por el control del Orfise, convertido hoy en verdadero botín político de zavalistas y monteristas.
Rocío pidò a su jefe político, el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, que citara hoy en sus oficinas –para jalarle las orejas- a Víctor Huerta Morales, el legislador priísta que sirve a los intereses del secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y que por eso mismo más se ha esforzado en evidenciar el deficiente trabajo del Orfise (Huerta, de hecho, insistió ayer en sus críticas al auditor general, Víctor Manuel Hernández Quintana, y al final de una rueda de prensa, repartió como barajas de álbum el susodicho informe de Metrics).
Por su parte, Luis Alberto no sólo descalificó a ciegas el reporte de la consultoría privada, sino que, sin ofrecer pruebas, adjudicó su origen al mismísimo José Doger Corte, quien no tiene vela en este entierro y cuyo mayor “pecado”, en todo caso, es haber sido el antecesor de Hernández Quintana en el organismo “fiscalizador”.
Pero más allá de los exabruptos, la verdad es que todo obedece a la guerra, la guerra abierta, declarada, sin tregua, por el control del Orfise al interior del mismo grupo en el poder, con miras al 2010.
Mandar en el Orfise significa mandar en los presidentes municipales, dispuestos a cualquier cosa con tal de que les tapen sus cochineros y les aprueben sus cuentas públicas. Tener a los alcaldes de su lado es contar con sus estructuras políticas y cacicazgos regionales, tan útiles a la hora de inclinar la balanza a la hora de elegir, por ejemplo, candidato a la gubernatura.
De ahí la virulencia, y el interés de monteristas y zavalistas por hacer o frenar reformas que redunden en más o menos dizque “autonomía” del Órgano de Fiscalización Superior.
La verdad es que a ninguno de los dos grupos interesa que el Orfise funcione adecuadamente como un auténtico vigilante, que no sólo prevenga y detecte, sino castigue con severidad los típicos abusos con –y por- el erario.
El tema es, reitero, control, control político; no, eficiencia ni calidad en la fiscalización de las cuentas del gobernador, de los alcaldes y demás entidades públicas, que siempre, siempre quedan rechinando de limpias.
Rehén de intereses de poder, el Orfise ha sido siempre –insisto- un lastre y un desastre.
De hecho, ni falta hacía que un despacho privado viniera a decir que su eficiencia es igual a cero.
Ello es del dominio público.
Al organismo se le ha usado, cuando así conviene, como garrote político; otras veces, como tapadera, y casi siempre, como fuente de pingües negocios entre sus titulares, auditores externos, legisladores y funcionarios estatales y municipales.
Y es que la impunidad es el nombre del juego.
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Más allá de la grilla, la que no tiene desperdicio es la última parte del reporte de Metrics, Gestión y Consultoría.
En ella se refiere a la consecuencia jurídica que debería conllevar el pésimo desempeño de Víctor Manuel Hernández Quintana.
Y lo hace en los siguientes términos:
“En el caso de las cuentas públicas del ejercicio 2007, sólo se presentaron 15 informes de resultado de la revisión de la cuenta pública para su aprobación, quedando pendientes 345 cuentas.
“La pregunta obvia es entonces: ¿si los informes no se presentaron en tiempo y forma, se aprobaron realmente las cuentas presentadas después del plazo señalado? En sentido estricto no, aunque existe la posibilidad casuística de cada cuenta por alargar su revisión bajo el empleo de los recursos que señala la ley.
“La preocupación es mayor si se considera que dentro de las cuentas aprobadas fuera del plazo que señala la ley fiscalizadora se encuentran todas las cuentas de los poderes, pero que por otro lado aparentemente su aprobación se apega al artículo 50 fracción II primero y último párrafos de nuestra Constitución política.
“Si bien jerárquicamente la Constitución Política del Estado está por encima de cualquier ley que emane de ella, también es cierto que éstas se encargan de delimitar los derechos, mientras la primera es general, la segunda es específica y se encarga (de) determinar el alcance constitucional; al ser específica y no contravenir a la primera, la ley secundaria tiene validez plena. También debe considerarse que la autoridad debe hacer sólo aquello que le faculta y si el órgano fiscalizador no cumplió con las obligaciones específicas de su función, entonces incurrió en responsabilidad administrativa.
“La consecuencia inmediata es la aplicación del artículo 19, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, que a la letra dice:
“ARTÍCULO 19.- El auditor general podrá ser removido de su cargo por las siguientes causas graves de responsabilidad administrativa:
IV.- Omitir la presentación en el año correspondiente y en términos de la presente ley y demás ordenamientos aplicables, sin causa justificada, el informe del resultado de la revisión de la cuenta pública”.
Es decir: Hernández Quintana tendría que haber sido corrido desde hace tiempo.
Pero la mafia lo protege.
Porque sirve a sus intereses.
Y sabe limpiar todo tipo de cochambre.