Arturo Luna Silva
Lento.
Ineficiente.
Sin respeto al Estado de Derecho.
Y peor: con un ejercicio “inadecuado” de los recursos financieros.
Tal es el panorama actual del Órgano de Fiscalización Superior (Orfise) del Congreso del estado, según el “Informe de desempeño para el ejercicio fiscal 2008”, elaborado por Metrics Gestión y Consultoría S.C., a pedido del propio poder Legislativo y del cual este columnista obtuvo una copia.
De acuerdo con este reporte de 17 páginas, entregado apenas el pasado 12 de mayo, el Orfise, encabezado por el auditor general, Víctor Manuel Hernández Quintana, es un lastre y un verdadero desastre.
El despacho privado evaluó el trabajo desempeñado en la revisión y aprobación de las cuentas públicas de 2007 y 2008 de los ayuntamientos poblanos; comparó metas cumplidas con programadas, cruzó datos de un total de 360 cuentas públicas y concluyó que la labor del Orfise es “pobre, además de que su actuación no se ha apegado a derecho y ha dejado en la laguna de la ley la aprobación de cuentas públicas tan importantes como las de los poderes del Estado”.
Y es que, según el informe, “las 360 cuentas debieron estar aprobadas hacia el 30 de junio de 2008 y, en el mejor de los casos, a más tardar para esa fecha se debió informar a la Comisión Inspectora del estado que guardaba la revisión de las cuentas públicas y solicitar prórroga para aquellas cuentas que estaban aun en proceso de revisión”.
Sin embargo, “la actuación del órgano fiscalizador no se apegó a dicha disposición. Sólo 15 cuentas fueron aprobadas en tiempo y forma, es decir, la eficacia del órgano fiscalizador fue del 4.17%; este nivel de cumplimiento de manera directa señala que tampoco hubo eficiencia ni economía, razón por la que su desempeño fue nulo”.
Metrics, una consultoría representada por el especialista Rafael Cepeda Morales, informó además al Congreso que el Orfise incumplió plazos legales, realizó trámites fuera del término establecido por el artículo 36 de la Ley del Órgano de Fiscalización y, en ese sentido –cito textual-, “tuvo una eficacia del 0% -sí, cero por ciento-, ya que ninguna de las cuentas correspondientes ha sido propuesta a la Comisión Inspectora, lo cual nuevamente implica que tampoco hubo eficiencia ni economía”.
Pero el rubro sin duda más grave detectado en la entidad a cargo de Hernández Quintana, y que incluso ameritaría una investigación más a fondo (“sigue el dinero”, dicen los clásicos), es el manejo del presupuesto a su disposición.
Destaca el reporte:
“En términos de economía el órgano fiscalizador empleó inadecuadamente los recursos financieros con los que contó durante el ejercicio fiscal 2008 para la revisión y final presentación de los informes de resultados en tiempo y forma de las cuentas públicas 2007 y del primer periodo de 2008 en el caso de los ayuntamientos; es decir, se ejercieron ineficientemente los $ 99, 289, 809.89 correspondientes al Orfise de acuerdo con (el) Estado de Ingresos y Egresos a diciembre de 2008, más los recursos adicionales por $ 3, 623, 286.00 correspondientes al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), ejercicio fiscal 2008, de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de marzo de 2008”.
Mañana le comento aquí mismo las graves consecuencias jurídicas que Metrics advierte sobre el deficiente, por decir lo menos, desempeño del Orfise.
Sí, el mismo al cual, en el colmo (ya no se sabe si es en broma o en serio), algunos diputados, como la priísta Rocío García Olmedo, pretenden otorgarle, mediante una cuestionada reforma en proceso, ¡más autonomía!
Autonomía, seguramente para:
1) Seguir actuando como garrote político.
2) Consentir a funcionarios municipales y estatales corruptos (ningún pez gordo está hoy en la cárcel).
Y 3) tirar a la basura (o robar de plano) millones y millones de pesos.