El caso del asesinato del joven Arturo Castagné Thomas, en agosto de 2018, para robarle un reloj de lujo, a las puertas de un hotel de Avenida Atlixcáyotl, es indignante y toca a la sociedad entera.
Porque muestra la vulnerabilidad absoluta ante el crimen, sin importar las circunstancias; porque exhibe fallas en los procesos de defensoría social; porque confirma grietas judiciales por las que se evaden responsabilidades y se eluden penalidades; porque hay incertidumbre y revictimización mediática...
Porque se ha negado lo único que, con legitimidad, clama una familia destrozada: justicia.
A casi cinco años de que fue privado de la vida el joven de 20 años de edad, quien estaba de visita ese otoño en la capital poblana, el duelo se ha agravado por las fallas de las autoridades.
El presunto asesino, quien literalmente cazó toda una tarde a Arturo, desde el centro comercial Angelópolis, obtuvo una inexplicable supuesta benevolencia del juzgador del caso.
El proceso mismo delata una serie larga de yerros.
Pero a ciencia cierta, no se ha denunciado en dónde o cuándo comenzó.
La semana pasada, en la audiencia del caso, el 14 de junio, la sentencia para Gael N., señalado como autor material del homicidio y robo calificado, recibió una sentencia de solamente 35 años de prisión.
La pena máxima solicitada era de 65 años.
La que al menos merecía, de acuerdo con la voz de la familia agraviada.
El tema causó una indignación mayúscula.
De sus amigos.
De conocidos.
Pero el dolor más grande está en su núcleo familiar.
El duelo, que de muchas formas será permanente por la pérdida del joven, se hizo más profundo.
Su padre, el empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier, expresó una profunda incredulidad, indignación y tristeza.
Al conocer, primero por redes sociales, esa sentencia, el clamor de justicia vino acompañado de firmeza y denuncia.
“La esperanza de justicia que tenía en nuestro país hoy fue borrada ya que de una pena solicitada por homicidio de 50 años y por robo agravado de 12 años, total 62 años, únicamente le dictaron a Gael N., 35 años en total”, lamentó en su cuenta de Twitter.
Vinieron muchos mensajes más.
Estableció debate con quien debió hacerlo.
Su indignación es justificada.
Entendible.
El mar de emociones y dolor seguramente es indescriptible.
Obtuvo la atención de las autoridades.
El caso además tiene instancias procesales que deberán ser, todavía, agotadas.
“Mientras no se apliquen penas ejemplares, castigos severos y se ejerza todo el peso de la ley a los delincuentes, la inseguridad que padecemos, lejos de disminuir, aumentará, tiene más derecho un delincuente que una víctima; me impactó ver que las juezas estaban más preocupadas y ocupadas por saber si le habían dado de cenar a Gael N, que por la sentencia que promulgarían”, reclamó Arturo Castagné.
La impotencia de la familia doblemente agredida -primero con el asesinato de su hijo y luego con una baja sentencia para el criminal- llegó a oídos del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien instruyó para que el Consejo de la Judicatura revise la sentencia y la sospechosa actuación de los jueces.
“Sin duda alguna es un rayo de esperanza“, escribió don Arturo.
En efecto: el pasado viernes, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Puebla anunció que revisará el caso a fondo.
En un país en el que es frase y percepción comunes que la justicia es solamente para quien tiene recursos económicos, este caso desmorona ese dicho.
El sistema falla para todos.
Lamentablemente.
La inseguridad puede llenar de luto cualquier hogar.
En cualquier momento.
Tristemente.
Y la justicia es una lucha interminable.
También para todos.