Aunque los grupos parlamentarios lopezobradoristas niegan la militarización del país con la Guardia Nacional, no han sabido explicar cómo es que este nuevo cuerpo, que se conformará y operará con base en las Fuerzas Armadas, será distinto de la milicia. Al menos, no quedó claro en la presentación este martes de la iniciativa de reforma constitucional que creará este modelo, como parte del Plan de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, que nació con el rechazo de las otras bancadas del Congreso de la Unión y de Organizaciones No Gubernamentales, que ven graves riesgos en entregar a un agrupamiento marcial las tareas de la policía.
Lo cierto es que MORENA, PT y PES no necesitan de los votos de sus adversarios legislativos y pueden aprobar por sí solos los cambios y las derogaciones que se proponen a la Constitución.
Este nuevo disenso parlamentario viene además aderezado con el rechazo de organizaciones importantes de defensa de las garantías básicas.
Human Rights Watch la calificó como “un error colosal” y una política “potencialmente desastrosa”.
La propuesta incorpora la definición de Guardia Nacional en la Carta Magna y describe que “estará integrada por elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval, y además serán convocados civiles, a fin de que se puedan integrar a ella”.
¿No es militar, pero habrá militares?
Señala también que la preparación de sus efectivos incluirá “enseñanza de procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y utilización de la tecnología para mejorar su desempeño”.
En el papel suena como una súper policía, como la española o la francesa, supuestos modelos en los que se basa su creación.
El coordinador de la bancada MORENA, Mario Delgado, defendió la propuesta como la vía para la desmilitarización de las tareas de seguridad pública.
“No es una militarización porque ya no va a ser el Ejército el que haga labores de seguridad pública, las va a hacer la Guardia Nacional; y para conformar la Guardia, aunque sean elementos que vengan de las policías Naval, Militar y Federal, serán sujetas a su Ley Orgánica su actuación”.
O sea, sí, pero no. ¿O tampoco?
El tema es complicado, pero no ha habido el tino suficiente del lopezobradorismo para que se entienda cómo es que esta propuesta de crear una guardia marcial, en principio con algo así como 40 mil efectivos, para que en 2021 tener 150 mil, regresará, eventualmente, los militares a los cuartes.
Da la impresión de que el próximo presidente incumple con su propuesta de sacar a los soldados de las calles.
Y ese es uno de los reproches centrales de la oposición.
“Abre las puertas a eventuales violaciones a los derechos humanos y a arbitrariedades”, advirtió el nuevo presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, de visita en San Lázaro este martes.
“La propuesta solamente está militarizando la seguridad en México y no incluye el fortalecimiento de las policías civiles federal, estatal y municipal”, agregó.
En Puebla el tema impacta significativamente, pues se instalarán cinco coordinaciones regionales de seguridad, para atender a los 11 municipios con más altos índices delictivos.
Ahí estará desplegada la Guardia Nacional.
La iniciativa lopezobradorista se aprobará sin duda.
Y, riesgosamente, hasta que esté en operación, en el día a día, se verá su efectividad o su fracaso.
BARBOSA EN EL TEPJF
Aunque había desdeñado su derecho de audiencia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así lo anunció el pasado 12 de noviembre, el candidato de MORENA, Luis Miguel Barbosa Huerta, y la presidenta nacional del partido,Yeidckol Polevnsky, estuvieron la tarde de este martes en la sede del órgano.
Con su equipo jurídico, fueron recibidos en una reunión que encabezaron Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, los magistrados del caso Puebla.
Este último publicó en redes una foto y datos de la “Audiencia Conjunta” del expediente SUP-JDC-517/2018.
También participó más personal del TEPJF, como secretarios de Estudio y Cuenta, quienes hacen en realidad la talacha para las resoluciones.
Barbosa, Yeidckol y su equipo, por supuesto, presentaron sus argumentos y pidieron la anulación y recibieron la atención, prudente y sobria, que también se le dio el pasado 12 de noviembre a la gobernadora electa, Martha Érika Alonso.
Más allá de la especulación, que es tan intensa que surge lo mismo de las declaraciones que de los silencios, lo cierto es que aún no hay definición.
Antes de que alguien se deprima o se entusiasme, hay que recordar que los alegatos y el derecho de audiencia son lo más normal.
El proceso sigue.
Y los nervios, también.