No hay duda que la defenestración de la senadora Mónica Arriola Gordillo de la Secretaría General del Partido Nueva Alianza, ocurrida el sábado pasado, fue una decisión tomada entre integrantes de las más altas esferas del gobierno federal y el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre.
Su caída, como suele suceder con personajes de esa talla política, tiene su origen en un problema multifactorial.
En primera instancia, se trató de un mensaje contundente a raíz de que los aparatos de inteligencia federales detectaron, entre otras muchas cosas, que una de las manos patrocinadoras de las movilizaciones en contra de la reforma educativa impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación -que han puesto de cabeza a la administración peñista y del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera- sería precisamente la hija de Elba Esther Gordillo Morales, en obvia complicidad con su madre detenida.
El objetivo sería un supuesto cobro de facturas por la detención de la otrora poderosa dirigente magisterial. Al apoyar a la CNTE, se estaría abonando a la inestabilidad del país, a fin de perjudicar a la gestión peñista que atraviesa un muy mal momento producto de la crisis económica que azota al país; el enojo del magisterio por la Ley de Profesionalización al Servicio Docente; el rechazo lopezobradorista y perredista a la reforma energética; la inseguridad pública y la supervivencia del crimen organizado; la pugna interna que vive su principal aliado: el PAN, y ahora por la emergencia causada por “Ingrid” y “Manuel” en al menos 9 estados.
Dicho financiamiento, según se supo por medios nacionales, también significó un incumplimiento a los acuerdos que Mónica Arriola tenía celebrados con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal tras la detención de su mentora y que incluían el respeto y colaboración con la nueva administración federal, a cambio de evitar una persecución familiar.
Por otra parte, fue la oportunidad que necesitaba el dirigente magisterial Juan Díaz de la Torre para arrebatar el último coto de poder que mantenía el gordillismo. Se trató, en términos claros, de un acto de poder ante la pugna soterrada que Arriola y sus aliados mantenían con el sucesor de Elba Esther Gordillo por el control de los recursos, movimientos, negociaciones y secciones en el interior del país.
Dicha pugna escaló el ámbito público tras una reveladora entrevista que Díaz de la Torre concedió al periódico El Universal, el pasado 10 de julio, en la que declaró que defender a Elba Esther Gordillo tras su aprehensión habría sido “una miopía”; que los familiares de la ex lideresa no formaban parte del SNTE y que el Partido Nueva Alianza pertenece a los maestros y no a una sola persona.
La ruptura era evidente, pero Mónica Arriola intentó –confiada en los acuerdos con la Segob federal- rescatar todos los espacios de poder que se pudiera, sin tomar en cuenta que eso representaría una apuesta arriesgada.
Otro factor que salió a la luz tras la caída de la senadora fue la pugna al interior de la familia Gordillo. Incluso, algunos al interior del SNTE aseguran que las filtraciones sobre un palacete en el club de Golf Bosques de Santa Fe, con un costo de 60 millones de pesos, propiedad de Maricruz Montelongo, la otra hija de Elba Esther Gordillo, tendrían su origen en ese diferendo.
Por otra parte, la caída de Arriola también tiene una lectura desde Puebla y consecuencias que van implícitas, entre ellas que se corre el riesgo de perder a corto plazo el control de la franquicia de Nueva Alianza –con el anunciado corte de su dirigente estatal, Gerardo Islas Maldonado, quien es más que un aliado de Casa Puebla-, así como de la estructura política-electoral del magisterio que se mantenía vigente desde 2010, con lo que los timoratos secretarios generales de las secciones 23 y 51, Emilio Salgado Néstor y Jorge Luis Barrera de la Rosa, respectivamente, dejarán de servir a los intereses del morenovallismo para ahora responder solo y exclusivamente a las órdenes de Juan Díaz y el PRI, o correrán el riesgo de ser sustituidos por una Comisión Ejecutiva.
Por último, aún queda la pregunta: ¿Por qué la defenestración de Mónica Arriola se efectuó en Puebla?
Al respecto hay dos versiones y una certeza.
La certeza: la decisión del lugar la tomó Juan Díaz de la Torre en acuerdo con las altas esferas del gobierno federal, además de que el Ejecutivo fue informado personalmente por el dirigente magisterial.
Las versiones:
Pocos saben que en la elección del 2013, Puebla fue centro de la pugna que mantenían Juan Díaz de la Torre y Mónica Arriola por el control del SNTE y Nueva Alianza.
Tras la caía de Elba Esther Gordillo, Juan Díaz de la Torre signó con el gobierno federal un acuerdo en tres áreas: educativa, política y electoral. En la primera, sería reconocido como la única autoridad; en la segunda como el único interlocutor válido con el magisterio; y en el tercero, el respaldo de Nueva Alianza al PRI.
Esa medida representó un duro golpe a los intereses de Mónica Arriola, quien se refugió en Puebla para hacer frente a Díaz de la Torre.
De los 10 estados en competencia electoral en 2013, sólo en dos Nueva Alianza fue de la mano con el PAN: Baja California y Puebla. En el primero, como ahora se sabe, la dirigencia aliancista terminó operando a favor del PRI pero con la instrucción final de ceder la plaza a Acción Nacional
Al final, sólo en la entidad poblana se mantuvo y respetó el acuerdo de apoyar la coalición Puebla Unida hasta el final.
Para lograrlo, Mónica Arriola integró lo que hoy se conoce como el último reducto gordillista en la entidad conformado por: Gerardo Islas, dirigente estatal de Nueva Alianza; Cirilo Salas Hernández, ex secretario general del SNTE 51; Cupertino Alejo Domínguez, ex dirigente de la Sección 23; los diputados locales Hugo Alejo Domínguez y Guillermo Aréchiga Santamaría; así como Julio Peralta, ex delegado del CEN del SNTE en Puebla.
A este grupo fueron obligados a incorporarse Emilio Salgado y Jorge Luis Barrera, lo cual fue interpretado como una traición hacia Juan Díaz de la Torre y el reconocimiento del liderazgo de Mónica Arriola.
Fue a la mitad del proceso electoral cuando los dirigentes magisteriales recibieron la instrucción de la dirigencia nacional del SNTE de volcar toda la maquinaria electoral a favor del PRI. El problema fue que anteriormente habían recibido 10 millones de poderosas razones para respaldar a la coalición Puebla Unida. La orden, al final, fue cumplida a medias por ambos líderes, ya que su verdadero trabajo fue simular el apoyo a favor de ambos bandos.
Así pues, la decisión de realizar en Puebla el cónclave para cortar la cabeza de Mónica Arriola sería un ajuste de cuentas orquestado por la dirigencia nacional del SNTE, para meter en cintura a la estructura sindical, comenzando por Emilio Salgado y Jorge Luis Barrera.
Otra versión apunta a que la caída de la senadora aliancista habría sido consentida en Puebla como un mensaje de deslinde absoluto al gordillismo y una muestra de lealtad al gobierno federal y de apoyo y respaldo al dirigente del SNTE, Juan Díaz de la Torre.
En el análisis morenovallista, la Federación no vería con buenos ojos que el presidente de la Conago se opusiera a la caída de Arriola y, además, encabezara el bloque de gobernadores panistas que están en desacuerdo con que se centralicen los recursos de los servicios de salud, además de exigir mayores presupuestos para sus estados.
En otras palabras, Mónica Arriola sería un mal menor ante lo que viene por delante.
