Fueron tres los factores que tomó en cuenta la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, para finalmente, después de postergar la decisión varios meses, pedir la renuncia a su primer secretario de Seguridad Pública y Tránsito, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras.
El primero tiene que ver con la falta de liderazgo. Vigueras demostró poca habilidad de mando entre policías y agentes viales. Su carácter, por lo común explosivo, no lo ayudó a hacerse respetar entre la tropa. Su autoridad y peso específico se fueron diluyendo en “infiernitos” y pleitos de lavadero, además de que no logró unir a los elementos a su cargo en torno a su persona ni “venderles” la idea de un proyecto común de beneficio mutuo.
El segundo está relacionado con la inexperiencia que demostró en la parte operativa, en especial en el rubro de seguridad pública. La alcaldesa esperaba mejores resultados en la disminución de delitos como robo de autopartes, a transeúnte, de vehículo y a comercio. Vigueras -que ciertamente tocó intereses de las mafias internas, en concreto los de la famosa “Hermandad”, cuyos miembros siempre operaron en su contra para exhibirlo como torpe- no logró nunca dar los grandes golpes que de él se esperaban para abatir los ilícitos que golpean en el día a día a los poblanos. Demostró, sí, ser un gran teórico, un esforzado estudioso de la técnica y del método, pero un novato en la aplicación en el terreno de las estrategias de prevención del delito.
Y el tercer motivo -quizá el más importante- que influyó para que su cabeza rodara se encuentra en el ámbito de las relaciones, pésimas relaciones que Vigueras sostuvo desde el principio de su designación como secretario con los mandos policiacos a nivel estatal; sencillamente se peleó con todos, y no pocas veces hasta a mentadas de madre, como inmaduro alumno de secundaria.
El subsecretario Toxqui, el jefe Sobreira y otros mandos importantes de las policías Preventiva Estatal, Metropolitana y Judicial, están entre las “víctimas” de su nulo entendimiento de la “cosa política”. Con el único que medio se hablaba era el inefable secretario estatal del ramo, el general Mario Ayón, todo lo cual, en conjunto, no sólo entorpeció la forzosa y necesaria vinculación entre ambos niveles de gobierno -el estatal y el municipal- en temas comunes como el combate a la delincuencia organizada, sino que a la postre todo ello se fue convirtiendo en un factor adicional de desconfianza política entre el gobernador Mario Marín y la alcaldesa Blanca Alcalá.
Vigueras tenía meses (hasta seis, según una enterada fuente) no sólo de faltar a las reuniones de seguridad que a diario, muy temprano, encabeza el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero, con los jefes de los cuerpos policiacos en Casa Aguayo, sino de mofarse en público de las mismas y de sus asistentes.
Vigueras tenía razón cuando decía que dichas reuniones eran -y son- un auténtico desorden, donde todo se reducía -y reduce- a un penoso torneo de protagonismos insatisfechos y de bromas de muy mal gusto entre los jefes policiacos; se equivocaba, empero, en andarlo contando a cualquier hijo de vecino, pues ello lo enemistó aún más con los que hoy celebran con champagne su anunciada caída y se convirtió en un factor poderoso de derrota cuando todo el tema -y sus efectos colaterales- llegó a oídos de su jefa.
Por eso, la designación de un militar de carrera, el general Andrés Vicente Ruiz Celio, en sustitución del ahora ex secretario de Seguridad Pública y Tránsito, es un mensaje clarísimo de Blanca Alcalá en al menos dos sentidos:
Por un lado, anuncia que se terminaron los experimentos y que ahora sí va con todo para cumplir con lo ofrecido en su campaña: verdaderos resultados -y no sólo cortinas de humo- en el combate a la inseguridad, tema prioritario y en la mente de los capitalinos (y más después del peor y más sangriento atraco a un camión de pasajeros, el de hace unos días a una unidad de la línea Estrella de Oro, con saldo de cinco muertos y dos personas más gravísimas).
Y por otra parte, deja entrever que está entre sus preocupaciones mejorar sustancialmente las relaciones con el gobierno del estado, cuyos puentes -al menos en el terreno de la seguridad pública- se encargó de dinamitarle Vigueras.
Por su origen, por su experiencia y por su identificación con los jefes policiacos estatales (en su mayoría provenientes de la milicia), el nuevo secretario le garantiza a la presidenta, por lo menos, interlocución, vinculación y colaboración con el estado, tres puntos que nunca, nunca sopesó como importantes don Guillermo Alberto, el mismo que en el pecado, llevó la penitencia.
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