Lesly Mellado May

Con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres habría que recordar que en Puebla hay lo que bien podría llamarse violencia de Estado, pues se criminaliza el aborto y se persigue judicialmente a media centena de mujeres acusadas de interrumpir sus embarazos.

El gobierno cae en el lugar común: la violencia familiar; a pesar de que existen varios tipos. La cuasi primera dama del estado, Martha Erika Alonso, dijo en un acto público que según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, cuatro de cada 10 poblanas declaran haber sido víctimas de violencia de parte de sus parejas… ¿y qué hay de las 10 de 10 cuyo derecho a decidir sobre la maternidad nos ha sido vetado?

En su discurso, aseveró que un gobierno eficiente es el que junto a la sociedad civil hace políticas públicas a favor del desarrollo y empoderamiento de las mujeres, políticas públicas de género que tienen por objeto favorecer la satisfacción de necesidades personales, independencia económica y vida libre de violencia.

El problema es que en Puebla priístas y panistas sólo atienden las sugerencias de una parte de la “sociedad civil”, la conservadora que gusta de imponer sus dogmas de fe a todo mundo. Así que prohibieron la interrupción del embarazo, cuando hay otra parte de la “sociedad civil” (en la que me incluyo) que opina que la ley debe dar libertad para decidir a ambos bandos: quienes opinan que deben tenerse los hijos que “Dios mande” y quienes pensamos que cada mujer debe decidir cuándo, cómo y con quién ser madre.

En Puebla, el abuso no sólo es de parte de padres, maridos, amantes, hijos y patrones, viene de la autoridad que según estiman organizaciones civiles persigue judicialmente a entre 20 y 50 mujeres acusadas ¡horror! de haber abortado y eso en la ciudad de Los Ángeles es un delito, y a quien lo comete se llama delincuente (a quién le recuerda).

La legalización de la criminalización del aborto el año pasado, al parecer se quedará así los próximos seis años, pues el gobierno panista que tendrá control del Congreso local no renunciará a uno de sus “triunfos”.

Y así, todas las mujeres que nos hemos librado de la violencia “común”, terminamos siendo víctimas de la violencia de Estado.

Lesly Mellado May

Tras el sismo de septiembre de 1985 que devastó parte de la ciudad de México, la protección civil se puso de moda y luego se convirtió en un negocio privado y público.

Si bien hay gente comprometida con el servicio a la comunidad, otros han hecho de la prevención de riesgos el pretexto perfecto para obtener dinero.

En el caso del estado de Puebla, el más reciente escollo fue en Izúcar de Matamoros tras la fuga de gas tóxico de la fábrica de pesticidas El Dragón en 2009. La gente huyó del siniestro como pudo y las autoridades protección civil no hicieron más que minimizar y exculpar a la empresa.

Pero que tal cobran los simulacros y cursos. En la iniciativa de Ley de Ingresos 2011 se autoriza a la Dirección General de Protección Civil cobrar por simulacros de desastres mil 370 pesos en el municipio de Puebla y mil 925 pesos en el interior del estado; mientras que los curso están cotizados en 960 y mil 285 pesos, respectivamente.

Sí eso se paga por simular que hay un sismo y movilizar a equipos de rescate y emergencias.

A esto súmele trámites que obligatoriamente tienen que hacer comercios, escuelas, fábricas, bares, gimnasios…

Dictamen de riesgo para inmuebles o zonas riesgosas: en el municipio de Puebla, mil 370 pesos; en el interior, 2 mil 45 pesos

Dictamen de riesgo de giros dedicados a la compra, almacenamiento, venta y fabricación de sustancias o materiales peligrosos: 2 mil 45 pesos

Por la aprobación de los programas internos en materia de Protección Civil, por cada uno: 2 mil 950 pesos

Por la actualización de los programas internos en materia de Protección Civil, que presenten los sujetos obligados, por cada uno: mil 475 pesos

Por la aprobación de los programas especiales en materia de Protección Civil, por cada uno: 2 mil 190 pesos.

Lesly Mellado May

Prontamente los oculistas deberán ser incluidos como parte fundamental de los procesos electorales.

Y es que la miopía no sólo aqueja al árbitro, están, estamos o nos hacemos enfermos todos: jugadores, entrenadores, cronistas y espectadores.

Aparte dejamos a los señores estadísticos que viene a enredar el cuadro de miopes, ciegos y tuertos, que casi a diario acuden a la red demoscópica a buscar sólo los datos que quieren ver.

La guerra de encuestas entre suspirantes a candidatos en el PRI fue gestada desde Casa Puebla cuando se estableció que el ganador se determinaría a través de encuestas de opinión. Aunque ahora, ya que las batallas han dejado varios heridos, el discurso cambió: las encuestas son sólo una herramienta, y uno se pregunta ¿en el taller de la sucesión cuántas llaves y serruchos hay? o ¿de qué herramientas estamos hablando?

Más allá de quién va adelante y quién no tiene aliento para dar un paso más, yo reclamo mi derecho de tender una red a las encuestas, hacer una pesca milagrosa de datos no sobre los candidatos… mi interés son los ciudadanos justamente desinteresados por lo que tanto ocupa y enfrenta al círculo rojo.

En los estudios publicados durante las últimas semanas sobre quienes aspiran a ser gobernador y presidente municipal capitalino se han privilegiado las preferencias electorales y poco o nada se ha dicho sobre el número de personas que en realidad conocen a los aspirantes. No es lo mismo evaluar preferencias y conocimiento por mención espontánea, que dar al encuestado una lista de nombres.

El pasado 18 de noviembre, en la columna “A puerta cerrada” de Jorge Rodríguez en El Sol de Puebla, se difundió un estudio del CISO de la BUAP en que se revela que de los 2110 ciudadanos encuestados sólo el 26.9 por ciento mencionó espontáneamente el nombre de algún precandidato.

De esas 567 personas que saben aunque sea ligeramente de la rebatinga que se traen unos 10 sujetos por administrar un presupuesto de 50 mil millones de pesos al año (por poner una conservadora cifra para 2011), 219 aseveraron que votarían por Javier López Zavala; que representan apenas al 10 por ciento de los encuestados.

El panista Rafael Moreno Valle tuvo unas 185 menciones; Enrique Doger, 70; y Blanca Alcalá, 44. Estos números fueron estimados a partir de lo publicado por Rodríguez.

¿Debería preocuparse Javier López por la triste estadística del CISO?, la respuesta es no.

Veamos. Mario Marín ganó la elección de gobernador con sólo el 27.6 por ciento de votos, según lo publicado en la memoria del Instituto Electoral del Estado. De los 3.2 millones de electores, sólo 1.7 millones acudieron a las urnas, y de éstos sólo 886 mil votaron por el oriundo de Nativitas.

Blanca Alcalá no tuvo mejor suerte. Su campaña de “Mujer de soluciones” sólo convenció al 21 por ciento de los votantes que en total eran un millón 40 mil, pero sólo acudieron a las urnas 440 mil y de éstos 224 tacharon la boleta a favor de la hoy alcaldesa.

Vuelvo a la miopía, la más grave y provocada por el propio círculo rojo, es la de los ciudadanos que ocupados por sobrevivir a la crisis no tienen tiempo ni aliento para involucrarse en eso que llamamos democracia.