Lesly Mellado May

Con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres habría que recordar que en Puebla hay lo que bien podría llamarse violencia de Estado, pues se criminaliza el aborto y se persigue judicialmente a media centena de mujeres acusadas de interrumpir sus embarazos.

El gobierno cae en el lugar común: la violencia familiar; a pesar de que existen varios tipos. La cuasi primera dama del estado, Martha Erika Alonso, dijo en un acto público que según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, cuatro de cada 10 poblanas declaran haber sido víctimas de violencia de parte de sus parejas… ¿y qué hay de las 10 de 10 cuyo derecho a decidir sobre la maternidad nos ha sido vetado?

En su discurso, aseveró que un gobierno eficiente es el que junto a la sociedad civil hace políticas públicas a favor del desarrollo y empoderamiento de las mujeres, políticas públicas de género que tienen por objeto favorecer la satisfacción de necesidades personales, independencia económica y vida libre de violencia.

El problema es que en Puebla priístas y panistas sólo atienden las sugerencias de una parte de la “sociedad civil”, la conservadora que gusta de imponer sus dogmas de fe a todo mundo. Así que prohibieron la interrupción del embarazo, cuando hay otra parte de la “sociedad civil” (en la que me incluyo) que opina que la ley debe dar libertad para decidir a ambos bandos: quienes opinan que deben tenerse los hijos que “Dios mande” y quienes pensamos que cada mujer debe decidir cuándo, cómo y con quién ser madre.

En Puebla, el abuso no sólo es de parte de padres, maridos, amantes, hijos y patrones, viene de la autoridad que según estiman organizaciones civiles persigue judicialmente a entre 20 y 50 mujeres acusadas ¡horror! de haber abortado y eso en la ciudad de Los Ángeles es un delito, y a quien lo comete se llama delincuente (a quién le recuerda).

La legalización de la criminalización del aborto el año pasado, al parecer se quedará así los próximos seis años, pues el gobierno panista que tendrá control del Congreso local no renunciará a uno de sus “triunfos”.

Y así, todas las mujeres que nos hemos librado de la violencia “común”, terminamos siendo víctimas de la violencia de Estado.