Lesly Mellado May

Se ha cumplido un año del asesinato de Ingrid Escamilla a manos de su pareja sentimental. La vida de la joven poblana oriunda de Necaxa tuvo un trágico final también en las redes sociales.

Las fotografías de su cuerpo violentado fueron publicadas por medios de comunicación e inundaron las redes sociales. Las mujeres en las redes decidieron revertir la tendencia, “enseñarle al algoritmo” que Ingrid no era sólo un cadáver. A los pocos días del feminicidio de manera masiva se colocaron fotografías de instantes felices de Ingrid e imágenes bellas para que al buscar su nombre no aparecieran las del cuerpo.

Las etiquetas funcionaron en redes sociales. A un año del acontecimiento son más las fotografías hermosas que arroja el buscador de internet, pero aún quedan algunos vestigios de las no gratas.

El movimiento en redes resultó exitoso de tal manera que en varios estados ya se penaliza a los servidores públicos que filtren imágenes de feminicidios.

Pero el “contra relato” no fue del todo efectivo. Han pasado 12 meses y el rastro de la “pedagogía de la crueldad” está latente.

Al introducir en Google el nombre de Ingrid Escamilla, de manera automática arroja estos complementos: fotos, cuerpo, cuerpo fotos, fotos gore, fotos del cuerpo desollado, cuerpo desollado, desollada y fotos crimen.

Cuando se da click en buscador de imágenes se despliegan en su mayoría de ella, del movimiento de condena, de las protestas contra la prensa que publicó las fotografías y del feminicida al momento de su captura bañado en sangre.

Este Día Internacional de la Mujer es necesario reflexionar y valorar el poder de modificar la forma en que las redes sociales festinan con la violencia de género.

Lesly Mellado May

Tras la decisión del TEPJF de que los alcaldes, regidores y diputados que buscan la reelección pueden permanecer en sus cargos mientras realizan campañas, el Instituto Electoral del Estado tuvo que remendar el reglamento en la materia para dar, al menos, apariencia de equidad.

Al Reglamento de Reelección se le adicionó el capítulo IX referente a “medidas de neutralidad” que tienen como objetivo “garantizar igualdad” entre todos los contendientes.

El acuerdo CG/AC-019/2021 aprobado el 20 de febrero tiene como primer ordenamiento para los servidores que buscan reelección: no hacer uso indebido de recursos públicos y no realizar proselitismo en horario laboral.

El IEE además pedirá a los candidatos a reelección un informe escrito que incluya: los días y horas de trabajo considerados como hábiles; lista con datos generales del “personal de apoyo” que tienen en los ayuntamientos y el Congreso; y calendario de actividades campaña.

Con esta información el organismo electoral pretende verificar que se cumplen “medidas de neutralidad”.

El IEE prohíbe a los candidatos a reelección entregar bienes y servicios en fechas distintas a las aprobadas en las reglas de operación de los programas, así como, hacer entrega de los beneficios de programas en eventos masivos.

Los alcaldes y diputados que buscan reelección no podrán difundir informes anuales de labores, de gestión o cualquier otro similar en el periodo de campaña.

Otros ordenamientos son similares a los que debe cumplir cualquier candidato: no realizar campañas de promoción personalizadas en medios de comunicación con cargo al erario; no emplear medios de comunicación, sitios de internet ni redes sociales oficiales para promocionarse; no usar personal ni parque vehicular oficial para actos de campaña; y no promover por cualquier medio audiovisual, impreso, escrito, digital u otro, su reelección en edificios municipales o del Congreso.

A primera vista parece que estas reglas no serán suficientes para frenar la tentación de continuar con la tradición mexicana de usar el aparato oficial para las campañas, sólo que ahora nos tocará verlo no únicamente en los máximos exponentes de la práctica, el PRIAN, también en los impolutos morenistas.

Los aspirantes a reelección sí pueden entregar obras y subsidios en su cargo público, aunque no en “eventos masivos”, pero como no hay una regla no sabemos exactamente a partir de cuántos asistentes se considera “masivo”.

Habrá prácticamente una línea invisible entre la agenda de alcalde o diputado y la de candidato porque ellos fijarán tiempos y actividades, y además pueden argüir que también hay una agenda privada en la que pueden reunirse con cualquier persona y grupo sin tener obligación de declarar si hablaron de votos, botas o devotas.

Al parecer las medidas de neutralidad adoptadas por el IEE serán fácil de neutralizar.

Lesly Mellado May

La figura de la reelección consecutiva que se aplicará por primera vez en el proceso electoral de este 2021 en Puebla avanza en medio de tropiezos pues no hay reglas claras en la legislación federal y estatal, lo que deja vacíos que son bien aprovechados.

La última decisión que se presenta es la de la sala regional Ciudad de México del TEPJF: los alcaldes y diputados que busquen la reelección pueden ejercer el cargo y hacer campaña al mismo tiempo. El fundamento del tribunal es que no hay una instrucción expresa en la Constitución local que les exija solicitar licencia.

Hacer campaña electoral ejerciendo un cargo de elección popular es una práctica en varios países; pero en México causa reticencia aunque en los hechos ha sucedido en casi todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI.

La decisión de la sala regional no fue unánime, el magistrado Héctor Romero Bolaños expuso que el Instituto Electoral del Estado de Puebla sí tiene fundamento para ordenar a los candidatos a reelección separarse del cargo, tal y como lo hizo en reglamento que fue impugnado.

Considera que permitir la figura funcionario-candidato para la reelección deja en desventaja a los que hoy buscan participar para un cargo distinto al que ya ostentan. Los diputados que quieren ser alcaldes deben solicitar licencia, así como los presidentes municipales que buscan alguna curul, porque lo mandata la Constitución.

El artículo 37 párrafo segundo de la Constitución local, establece que, para ser diputado o diputada propietario o suplente, los funcionarios públicos deberán separarse de su cargo noventa días antes de la elección.

El artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal, establece que no pueden ser electos en la presidencia municipal, regidurías o sindicaturas, los servidores públicos municipales, estatales o federales a menos que se separen de su cargo noventa días antes de la jornada electoral.

El magistrado señala: “No se advierte que hagan distinción entre quienes aspiran por primera vez a un cargo (pero ostentan uno diverso) de aquellos que pretenden la elección consecutiva. En esta lógica surgen los siguientes cuestionamientos ¿cómo justificar que un representante popular que aspira a reelegirse no tenga obligación de separarse del cargo, cuando esto sí se exige a otras servidoras y servidores públicos que pretendan participar en la misma elección? Aún en el supuesto de que el representante popular a reelegirse no hiciera un uso indebido del cargo a lo largo de la contienda electoral, ¿cómo justificar a la luz de la equidad que a unos contendientes se les exija dicho requisito de elegibilidad y a otros no?”.

Se trata, dice Romero, de un atentado a dos principios rectores de toda elección: igualdad y equidad.

Si bien no era legal, en los hechos por décadas vimos a alcaldes, diputados, gobernadores, senadores y hasta rectores usar deliberadamente sus cargos para ganar las elecciones. Dejaban a algún encargado de despacho que se limitaba a cumplir órdenes mientras ellos se dedicaban a “buscar” el voto.

Hoy que por primera vez podríamos ver a funcionarios-candidatos avalados por la ley ¿habrá un resultado electoral diferente?

Lesly Mellado May

Este 28 de febrero se cumple un año del primer caso de COVID en México reconocido oficialmente por las autoridades de salud. Estos doce meses han transcurrido entre tragedias personales por contagios o defunciones familiares y un quebranto económico que se ve a diario en cualquier calle del país.

Se calcula que la pandemia dejará en México unos 20 millones de “nuevos” pobres, 20 millones que no alcanzarán a costear suministros básicos para vivir.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó un informe general sobre la situación de la pobreza en México que incluye un apartado sobre el impacto de la crisis sanitaria y los datos son desoladores.

“Los impactos derivados de la reducción de las actividades económicas podrían generar un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de personas con ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos, y de entre 6.1 y 10.7 millones de personas con ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos”.

Redondeando cifras son 20 millones de mexicanos, que se sumarán a los 80 millones de pobres registrados en 2018.

La cifra final: 100 millones en pobreza.

“Estas proyecciones muestran pérdidas importantes en los avances que se han logrado en materia de desarrollo social, amenazando la capacidad de recuperación de los ingresos de los hogares y de las unidades económicas. Esto puede ocasionar cambios en las posiciones de la población con ingreso medio y aquellas personas que no se encontraban bajo una situación de pobreza por ingresos y por vulnerabilidad en carencias sociales”, dice el Coneval.

El organismo prevé un retroceso de lo que se había avanzado en décadas respecto a la mitigación de la pobreza.

El aumento de personas en pobreza no es exclusivo de México, pero las proyecciones lo dejan como el cuarto país de América Latina que vería acrecentar más el porcentaje de personas en situación de pobreza, incluso más que el promedio de la región, y el quinto que más aumentaría en pobreza extrema.

El análisis no sólo se refiere a la pobreza por ingresos, también apunta a la brecha educativa, la disminución de personas con seguridad social, el aumento de tareas para las mujeres, la suspensión de servicios para la población discapacitada… y el aumento de la desigualdad.

Si bien el gobierno federal apuesta a las transferencias directas de subsidios, el plan no es suficiente para enfrentar la crisis arrastrada por años y que en 2020 el COVID volvió exponencial.

Lesly Mellado May

Sábado 30 de enero, 10:30 horas. Unos cuantos caminan por la calle Reforma, parecieran las 7 de la mañana, pero no, el sol ya pega fuerte a las casonas vacías.

Horas antes el gobierno federal declaró que Puebla regresa a semáforo rojo por los contagios de COVID.

Es el primer puente vacacional de 2021, pero también es “día solidario”, así que las cortinas en el Centro Histórico están abajo.

El COVID convirtió a Reforma en una gran valla de negocios cerrados con estos anuncios: “SE RENTA”, “Estamos adentro, si quiere algún producto toque”, “CFE: si quiere hacer lectura de medidor mande Whats”, “Si tiene algún apartado llame a este número”, “Seguimos a sus órdenes por Whats”, “Si es proveedor, nosotros le llamamos”…

Es “día solidario” y mi generación que fue tatuada con la palabra “solidaridad” de la época salinista, no atina a acomodarla en este nuevo contexto.

El Centro Histórico se ha transformando lentamente por siglos. Supongo que la extrañeza que ahora causan las cortinas abajo, es similar a los días del siglo XVII en que por primera vez el gobierno de la ciudad contrató el servicio de limpia, tarea concesionada a Gregoria, una mulata.

En las últimas décadas vimos desaparecer poco a poco del centro histórico la librería Teorema, las cafeterías Wimpy’s y Aguirre, Rodoreda, la sede del Poder Ejecutivo. Vimos cómo abandonaron las mesas del zócalo los cronistas José Luis Ibarra Mazari, Salvador Cruz y Pedro Ángel Palou Pérez, quienes enseñaron a muchos a amar el corazón de la ciudad.

Con los años, también dejamos de ver a personajes emblemáticos como Doña Mago, dueña del más visitado puesto de periódicos; y a Abraham, el campeón de boxeo dedicado a bolear zapatos y que habita en la novela “Con la muerte en los puños”.

Es sábado por la mañana y Reforma luce vacío.

En el zócalo hay una ausencia emblemática: en los cuatro puestos de periódicos no hay periódicos.

Es el primer puente vacacional del año y no hay turistas.

Es otra era.

En unos meses un coronavirus cambió radicalmente el Centro Histórico que por décadas hemos vivido y gozado: no hay periódicos, conferencias de prensa, trascendidos, mítines, marchas, plantones, templetes, políticos, burócratas, orejitas, estudiantes, profesores universitarios, artistas, exposiciones, conciertos, molotrices, globeros, turistas, turibuses, reporteros, ni fotoperiodistas…

En el “día solidario” los restaurantes no tienen servicio en mesa, así que hay que tomar un “desayuno clandestino”. Desde el balcón, el zócalo luce hermoso pero inútil, nada es sin las manos entrelazadas de los novios, el tamborileo de las zapatillas, las carcajadas de los niños, los flashes sobre San Miguel, el tañido de María la catedralicia.

Sábado 12 horas. El centro comienza a inundarse de gente. No hay comercios, cines, museos, ni restaurantes ¿a qué llegan? ¿a dónde van?. Forman un río sin aparente motivo. Van y vienen por Reforma al Paseo Bravo donde parece domingo por la tarde.

Sábado 13:30 horas. En el supermercado de prolongación Reforma el aforo supera por mucho el autorizado. Padre, madre y dos hijos adolescentes realizan una seria asamblea para decidir qué lata de chiles en escabeche van a comprar.

Es sábado, es otra era. Es Puebla en tiempos de COVID.