Lesly Mellado May

El 16 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la obligación de entregar datos biométricos para poder acceder al uso del teléfono celular en México.

El INAI advirtió días antes, cuando se aprobó esta medida en el Poder Legislativo, del riesgo que implica incluir datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Este 27 de abril anunció que irá por una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha pronunciado sobre el tema. En tanto, seis ciudadanos consiguieron amparo, un juez federal lo emitió considerando que supone una afectación a los derechos. Más allá del berrinche presidencial, el asunto llama a la reflexión.

La nueva disposición establece que para poder usar una línea de telefonía móvil, los mexicanos deben registrarse en “el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual es una base de datos con información de las personas físicas o morales titulares de cada línea telefónica móvil que cuenten con número del Plan Técnico Fundamental de Numeración y cuyo único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

La justificación es la seguridad, pero si el gobierno no puede siquiera frenar el ingreso y uso indiscriminado de celulares al interior de los centros de readaptación social, como pretende poner en marcha sistemas sofisticados de combate al crimen desde las redes telefónicas. De ahí surge la duda sobre para qué quieren en realidad los datos biométricos y si tienen la capacidad de mantenerlos a salvo, pues todavía está en la memoria la venta de la Lista Nominal de Electores a través de Mercado Libre.

El Banco Interamericano de Desarrollo en el documento “Gestión ética de los datos” asevera: “En varios de los marcos éticos existentes se destaca la importancia de plantear claramente los beneficios que generará el proyecto. Esto es importante porque una de las condiciones para que un proyecto sea ​​ético es que los beneficios superen los costos”.

Atendiendo a esta directriz, en el caso del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no se mira por ningún lado que la entrega de datos biométricos garantice quedar a salvo de actos delictivos, es decir, el hipotético beneficio no supera el costo.

El organismo internacional también considera que la entrega de datos biométricos debe ser por consentimiento y no por obligación, pero en el caso mexicano se trata de una orden. El dictamen aprobado por los legisladores dice: “El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil”.

Hoy en día el teléfono celular es indispensable para las actividades laborales, escolares y domésticas, así que la disposición es obligatoria.

En la publicación del Diario Oficial de la Federación se especifica que habrá disposiciones administrativas de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones para la operación del padrón por lo que aún no hay claridad sobre el tipo de datos biométricos que pedirán.

Aquí una lista de algunos tipos de datos biométricos:

Entre los datos biométricos que refieren a características físicas y fisiológicas se encuentran la huella digital, el rostro (reconocimiento facial), la retina, el iris, la geometría de la mano o de los dedos, la estructura de las venas de la mano, la forma de las orejas, la piel o textura de la superficie dérmica, el ADN, la composición química del olor corporal y el patrón vascular, pulsación cardíaca, entre otros.

Por otro lado, entre los datos biométricos que refieren a las características del comportamiento y los rasgos de la personalidad se encuentran la firma autógrafa, la escritura, la voz, la forma de oprimir un teclado y la forma de caminar, entre otros.

El INAI detalla cómo se obtienen los datos:

Huella dactilar. Es la más antigua y existen dos técnicas: Basada en minucias y en correlación. Esta última requiere un registro más preciso pues se analiza el patrón global seguido por la huella dactilar.

Reconocimiento facial. El análisis se realiza a través de mediciones como la distancia entre los ojos, la longitud de la nariz o el ángulo de la mandíbula.

Reconocimiento de iris. Una cámara infrarroja escanea el iris y proporciona sus detalles. Los patrones del iris vienen marcados desde el nacimiento y rara vez cambian, son muy complejos y contienen una gran cantidad de información, más de 200 propiedades únicas.

Geometría de la mano. A través de una cámara se captura imágenes en 3-D, se extraen características que incluyen las curvas de los dedos, su grosor y longitud, la altura y la anchura del dorso de la mano, las distancias entre las articulaciones y la estructura ósea.

Reconocimiento de retina. Se basa en la utilización del patrón de los vasos sanguíneos contenidos en la misma. Cada patrón es único incluso entre los gemelos idénticos y tiene una tasa de falsos positivos prácticamente nula.

Reconocimiento vascular. Se extrae el patrón biométrico a partir de la geometría del árbol de venas del dedo. Es interno y no deja rastro por lo que el robo de identidad es muy difícil.

Reconocimiento de firma. Analiza la firma autógrafa o manuscrita para confirmar la identidad del firmante. Existen dos variantes: Comparación simple, que considera el grado de parecido entre dos firmas, y verificación dinámica, que hace un análisis de la forma, velocidad, presión de la pluma y la duración del proceso de firma.

Reconocimiento de escritura. Se vale de un software de reconocimiento de caracteres, atendiendo a que cada persona tiene una forma de escribir diferente, teniendo rasgos propios e inconfundibles para cada letra. De igual forma, cada persona tiene un grado de inclinación y nivel de presión al escribir.

Reconocimiento de voz. Se usan sistemas de inteligencia artificial con algoritmos que deben medir y estimar la similitud entre las muestras para devolver un resultado o una lista de posibles candidatos.

Reconocimiento de escritura de teclado. Se basa en el hecho de la existencia de un patrón de escritura en el teclado permanente y propio de cada individuo, por lo que un software mide la fuerza de tecleo, la duración de la pulsación y el periodo que pasa entre que se presiona una tecla y otra.

Reconocimiento de la forma de andar. Se graba la forma de caminar de una persona y se somete a un proceso analítico que genera una plantilla biométrica única. Se encuentra aún en desarrollo y no tiene los mismos niveles de rendimiento que otras tecnologías biométricas.

En la mañanera del 21 de abril, el gobierno federal trató de minimizar la oposición al padrón asegurando que “con la huella dactilar puede bastar” para mantener el servicio telefónico móvil, pero ya veremos. También a modo de consuelo recordaron que diversas instituciones públicas y privadas ya tienen datos biométricos, tratando de normalizar el abuso con que los han obtenido.

También arguyeron que en más de 100 países ya se piden los datos biométricos para acceder al servicio telefónico móvil, sin embargo, esto no es así.

La GSMA (organización internacional de operadores móviles y compañías relacionadas) registra que son solo 13 los países solicitan datos biométricos a los usuarios: Bangladés, Bután, China, Pakistán, Perú, Venezuela, Arabia Saudita, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Tanzania, Uganda y Zambia.

Con el gobierno lopezobradorista, México podría sumarse a esta lista.

Lesly Mellado May

Ha culminado el registro de candidatos a alcaldes y diputados locales en Puebla, y aunque hay quien busca la reelección, hasta ahora no hay viso de que alguno aproveche la posibilidad que les da la ley de mantenerse en el cargo mientras realiza campaña.

Ante la falta de normas para la figura de la reelección, el IEE ha estado remendando el reglamento en la materia por impugnaciones de los partidos políticos.

La última modificación ordenada por el TEEP es eliminar la obligación de los candidatos a reelección de entregar información sobre sus actividades al IEE.

En un inicio el organismo electoral había dispuesto que los alcaldes y diputados que buscaran reelección debían separarse del cargo mientras se realizaban las campañas; pero el TEPJF decidió que no debía ser así porque no se establece en la Constitución; de tal manera que no podían obligar a los candidatos a pedir licencia.

En respuesta, el IEE eliminó esta disposición del reglamento y en su lugar ordenó que los aspirantes a reelección debían entregar “información relativa a los días y horas de trabajo considerados como hábiles, sustentando el sentido de su dicho con el documento correspondiente; y relación con los datos generales del personal de apoyo con que cuenten en el Congreso del Estado o en los Ayuntamientos, según sea el caso”.

“Adicionalmente, deberán presentar ante este Instituto los calendarios de actividades de precampaña y campaña que tengan previstas, en las respectivas etapas de participación”.

“Lo anterior, a efecto de estar en posibilidad de verificar el debido cumplimiento de las medidas de neutralidad y, de ser solicitado, proporcionar la información a la autoridad competente”.

Así rezaba parte del artículo 28 del Reglamento para la Reelección. Estas reglas fueron impugnadas por el PRI y el PT, y el TEEP les dio la razón.

En el último acuerdo del IEE para modificar el reglamento, sólo se suprime lo ordenado por el TEEP pero no se adiciona alguna medida que abone a cumplir con el objetivo de garantizar que no se use la estructura de gobierno en las campañas.

Lo ordenado por el IEE era apenas un intento de tener al menos en papel un compromiso de no empalmar actividades de funcionario con las de candidato y de no usar a sus subalternos con salarios públicos participando en la campaña. Y hablo de intento porque durante décadas hemos visto hacerse cotidiana esta práctica ilegal.

Es verdad que aún no hay noticia de que algún candidato a reelección se mantenga en el cargo de diputado o alcalde, pero esto no exime al Congreso de responsabilidad en la falta de reglamentación.

Los remiendos del IEE son producto de la omisión de los diputados federales, en primera instancia, y locales. Dejar al arbitrio una figura como la de reelección menoscaba el sistema democrático. El Poder Legislativo, hoy en manos de Morena, tiene una deuda en esta materia: ordenar el aparato electoral del que tanto se quejan.

Lesly Mellado May

Era una fiesta infantil. Sucede que quedaban dos competidores por el triunfo en el juego de las sillas, al parar la música, el niño que no alcanzó la silla en disputa alargó el brazo y consiguió una que colocó junto a la de su contrincante. Las carcajadas fueron coronadas: “parece político, si no gana, arrebata”.

La fiestecita viene a cuento por la escena de la sesión de Cabildo de este miércoles que quedó registrada en redes sociales. Claudia Rivera Vivanco como el niño aquel se aferró a una silla que no le correspondía.

La sesión de Cabildo fue convocada para la toma de posesión de Argelia Arriaga como presidenta municipal suplente, luego de que Rivera solicitó licencia para dejar el cargo en busca de la reelección.

Arriaga rindió protesta como si de cualquier funcionario se tratara, al frente de la mesa central y no en el sitio desde donde se presiden las sesiones. Formalmente tras cumplir con el protocolo ya era la máxima autoridad municipal pero no pudo ocupar la silla presidencial del salón de Cabildo. Claudia Rivera se lo impidió y la trató como una subalterna. Como el niño aquel, Rivera consiguió una silla “menor” para sentar a Arriaga y mantener así el mueble de mayor rango apenas por unos minutos en los que su suplente cerraba la sesión.

El gesto de Claudia Rivera no está muy lejos de los protagonizados por Rafael Moreno Valle que ninguneaba a Eduardo Rivera durante los Gritos de Independencia. Tampoco está lejos del amor y adaptaciones que a esa silla le hizo Mario Marín, quien, cuenta la leyenda urbana, ordenó cortar las patas de la silla para que no le colgaran los pies, pero como quedó casi al nivel de las destinadas a los regidores terminaron por achaparrarlas todas.

Claudia Rivera no está lejos del ejercicio del poder autoritario de Moreno Valle, quien tuvo como “encargados de despacho” a Tony Gali y Luis Banck en la alcaldía de Puebla. Ella trató así a Arriaga desde el primer minuto en que tomó posesión. Lo que lleva a preguntar si la morenista dejará gobernar a Arriaga o ejercerá como candidata y presidenta.

Claudia Rivera no está lejos del ex alcalde panista Luis Paredes Moctezuma que se empeñó en dejar su huella en el zócalo de Puebla. Ella también hace obras de remodelación y mantenimiento que son un misterio pues se han negado a informar, incluso a los regidores, sobre los detalles. Hace 20 años, por cierto, Argelia Arriaga era férrea defensora de la pátina de las esculturas y los adoquines del zócalo.

La candi(data)presidenta se negó a gobernar con los principios de la izquierda, porque no basta con colgar pendones en el palacio municipal a favor de las causas sociales defendidas por esa corriente política, tampoco con solidarizarse verbalmente con las feministas, ¿dónde quedó la promesa de atender a las juntas auxiliares y evitar obras de relumbrón? No imagino a Claudia Rivera antes de 2018 soñando en ser presidenta municipal con el objetivo de remozar el zócalo.

Valgan estas comparaciones para sacudirnos la idea de que se le juzga con mayor rudeza porque es mujer. Aquí dejamos un pequeño muestrario de que para la veleidad del poder no hay género.

Lesly Mellado May

El 23 de marzo de 2020 las escuelas quedaron desiertas. El gobierno mexicano decidió mandar a los estudiantes a su casa para frenar los contagios de COVID.

Los optimistas pensaron que después de las vacaciones de semana santa, los niños volverían a corretear por los patios, pero fallaron los pronósticos. Los padres de familia estuvieron, entonces, lejos de imaginar que llegaría otra semana santa con las escuelas cerradas.

Ya hay cifras de la tragedia educativa que nos deja la COVID: 5 mil alumnos de nivel preescolar a bachillerato en Puebla se dieron de baja; a nivel nacional 5.2 millones de estudiantes de entre 3 y 29 años ya no son parte del sistema educativo.

El secretario de Educación de Puebla, Melitón Lozano, consideró que 5 mil alumnos desertores es un número mínimo comparado con el 1.7 millones de estudiantes en la entidad.

5 mil respecto a 1.7 millones efectivamente suena a nada si hablamos de números, pero hay en Puebla 5 mil estampas e historias de pobreza y desigualdad. 5 mil personas es el aforo del auditorio Metropolitano de Puebla. Poco o mucho, 5 mil desertores es algo que no debió pasar.

A decir del funcionario estatal sólo han perdido contacto con menos del 1% de estudiantes y el 99% cumple con actividades escolares. No dio mayores detalles, pero una versión triunfalista en un tiempo en el que todos vemos cómo aumenta la brecha educativa no dará por resultado que la realidad cambie.

La Encuesta para la Medición del Impacto COVID en la Educación que realizó el INEGI da una pincelada de lo que Lozano se niega a admitir.

El organismo federal informó que en lo que va de la pandemia a nivel nacional han desertado 5.2 millones de estudiantes de preescolar a nivel universitario y encontraron estas razones: perdió el contacto con maestras/maestros o no pudo hacer tareas (28.8%), alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o redujeron sus ingresos (22.4%), la escuela cerró definitivamente (20.2%) y carecía de computadora, otros dispositivo o conexión a internet (17.7%).

Sobre los motivos detallados de no inscribirse en el ciclo 2020-2021 a efecto de la pandemia por COVID-19, se identifica que 26.6% no se inscribió por considerar que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3% debido a que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo; asimismo el 21.9% reportó no inscribirse por carecer de computadora, otros dispositivo o conexión de internet.

El sistema de Aprende en Casa tiene a los padres al borde del colapso. El eje de las conversaciones es “no tengo paciencia” y casi siempre la respuesta al unísono es: “yo tampoco”. Hablamos de los que se pueden dar tiempo para apoyar a sus hijos en las actividades escolares, pero sucede que el 4.4% de los desertores detectados por el INEGI dice que la causa de dejar los estudios es que no hay un adulto disponible para brindarle ayuda.

Haciendo referencia al nivel primaria los padres vacilan entre qué será mejor: ver los programas de televisión, resolver los cuadernillos de los maestros, guiarse en los libros de texto, pagar por clases virtuales, cumplir con las manualidades…

Si la queja en la escuela pública es la laxitud, en el caso de las privadas se sabe que han sometido a los alumnos a clases virtuales hasta por 6 horas en la mañana y por la tarde deben hacer tarea como si estuvieran en un curso ordinario.

El estudio del INEGI arrojó que la mitad de los niños y jóvenes dedica entre 3 y 5 horas diarias para sus actividades escolares. Para la población en el nivel de primaria reportó un 80.8% de hasta cinco horas de estudio de dedicación al día, mientras que para la población en el nivel secundaria el porcentaje fue de 72.6%; para el nivel media superior fue 48.3%; y para el nivel superior fue solamente del 42.3%. En contraste el 57.5% de la población en el nivel superior le dedicó seis horas o más a estas actividades al día, mientras que para el nivel de media superior dicho porcentaje fue de 51.6%, seguido del nivel secundaria con 39.1% y finalmente el nivel primario con 19.2%.

En medio de esta numeralia algo plausible es que los niños y jóvenes ya quieren volver a la escuela: Sobre la disponibilidad de los alumnos para asistir a clases presenciales una vez que el gobierno lo permita, se tiene que para todos los grupos de edad más de la mitad de los estudiantes tiene mucha disponibilidad para ello, siendo el grupo de edad entre los 13 a 18 años el de mayor disponibilidad con 64.1%, seguido del grupo de edad de 6 a 12 años con 60.7%. En contraste el grupo en el que se tiene el mayor porcentaje respecto a las opciones de respuesta de poco o nada disponibilidad fue el de 3 a 5 años con 29.7%, seguido del grupo de edad de 19 a 29 años con 28 por ciento.

Lesly Mellado May

¿Qué pensaría si le dijera que una de las causas del desabasto de medicamentos (específicamente contra el cáncer) en el sector público tuvo su origen en Puebla?

Pues tendríamos que remontarnos al 14 febrero de 2019, cuando la Secretaría de Salud estatal avisó a la Cofepris que ocho pacientes del Hospital del Niño Poblano habían presentado reacciones adversas por la administración de un medicamento denominado metotrexato, producido por Laboratorios Pisa. Para mayo de 2019 la Cofepris revisó la planta de Pisa y ordenó detener la producción e inmovilizar la distribución del metotrexato.

A decir de la organización Impunidad Cero esta afrenta a los laboratorios generó el desabasto que todavía hoy viven quienes padecen cáncer infantil.

Lo cierto es que el desabasto no sólo es para esta enfermedad. Los derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Pemex, ISSSTEP y quienes acuden a la red de hospitales públicos cotidianamente escuchan que no hay medicamentos. Y esta carencia no es sólo producto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, data de hace dos décadas.

Ya en el año 2003 la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenía en casos de falta de medicamentos a través de recomendaciones al gobierno federal. Ese año se contabilizaron al menos 60 quejas. El desabasto, entonces, se explicaba por la corrupción. A los ojos de todos los mexicanos crecieron las fortunas de quienes ocupaban cargos en las Secretarías de Salud.

Parte de las expectativas de la llegada de AMLO a la presidencia es que ¿por fin? los mexicanos tendrían acceso a la salud. Pero como ha sucedido en muchas áreas, la administración federal no atina a resolver el abasto de medicamentos.

El gobierno federal enfrenta a las poderosas farmacéuticas con trabajos escolares del “deber ser”, así que será difícil que gane la partida.

Mientras los enfermos se quejan y mueren porque no hay medicamentos, algunos gobernadores maniobran para conseguir lo que pueden, y el presidente avisa casi cada mañana que ya merito funciona el Insabi; los industriales afirman que los insumos no llegan a su destino porque la Federación no completó el proceso administrativo de distribución.

Esta semana la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) emitió un comunicado explicando por qué no llegan los medicamentos que el Insabi ya compró y pago para este 2021:

“Las empresas que conforman AMIIF -y que reportan ya haber realizado las firmas de contratos correspondientes con UNOPS-, han detectado un cuello de botella que debe resolverse a la brevedad, pues impide que las empresas puedan entregar los medicamentos ya adjudicados en el proceso de compra a los operadores logísticos (distribuidores), designados por el INSABI, quienes son los encargados de entregar estos insumos en los hospitales y unidades médicas en todo el país”.

“Hasta el momento no se cuenta con una explicación formal, sin embargo y de acuerdo con la información que han recabado los asociados de AMIIF, el problema se debe a que la autoridad responsable no ha generado los contratos ni emitido los lineamientos formales para dichos operadores logísticos en materia de recepción, resguardo y destino final de los medicamentos”.

“Debido a esta incertidumbre, varias de las empresas que representa AMIIF no han podido avanzar en las entregas de insumos a los operadores logísticos asignados”.

Un estudio de Impunidad Cero detecta los yerros de AMLO para resolver el desabasto de medicamentos:

El veto a las grandes farmacéuticas.

La decisión de que la única vía en el país para la compra sea la Oficialía Mayor de la SHCP que carece de especialistas en salud.

La exclusión de las instituciones públicas de salud y los gobiernos estatales para centralizar funciones prioritarias y el presupuesto en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

La inclusión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en la compra de medicamentos para el periodo 2021-2024 que implica un gasto de 6 mil 800 millones de dólares, de los que la ONU cobrará 1.25%.

El intento de que la paraestatal Birmex se convierta en la gran distribuidora de medicamentos en el país, sin que tenga capacidad humana y material para lograrlo.

Cabe señalar que tras los tropiezos de la SHCP para la compra de medicamentos en 2020, en agosto de ese mismo año se anunció la incorporación de la ONU para garantizar el abasto en este 2021, pero no resultó pues vamos en marzo y en el caso de Puebla no ha llegado un solo medicamento.

De hecho, en los sitios web del Insabi y de la UNOPS se da cuenta que siguen en curso algunas licitaciones que iniciaron a finales de 2020, es decir, van con retraso.

La atropellada estrategia de López Obrador para erradicar la corrupción en el sector salud no ha dado por resultado la entrega oportuna de medicamentos. Si se pudiera presumir de un Estado democrático y sin corrupción, el costo no puede ser la muerte de mexicanos por falta de medicinas.