LEY DE ANTROS, “LETRA MUERTA”
Arturo Luna Silva
El reciente caso de los guaruras del Mallet que golpearon brutalmente a un hombre y a su hijo, ante la intolerable complacencia de policías municipales, no ha hecho otra cosa que confirmar que la famosa ley para regular a los antros de Puebla es “letra muerta”.
Y es por más buenas intenciones que tenga dicha ley, si no se aplica y no hay autoridades que realmente se aseguren de que los establecimientos cumplen con todas las disposiciones que indica la norma, los casos de violencia en los centros nocturnos de diversión se repetirán y repetirán… quizá hasta que haya muertos que lamentar.
Hasta hoy los encargados de aplicar la ley han sido reactivos, no preventivos, y los acontecimientos y la realidad los han rebasado. De 2018 a la fecha ha habido por lo menos 12 hechos de violencia considerados graves en antros de la avenida Juárez y la zona de Angelópolis, incluyendo el del Mallet -cuyas imágenes fueron noticia nacional-.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? Nada, y nada seguirá pasando mientras las autoridades continúen haciendo como que vigilan y los antreros haciendo como que cumplen con la ley, en medio de una larga cadena de corrupción que, como se sabe, salpica a todos los involucrados, incluyendo empresarios, clientes y encargados de hacer valer la ley.
En agosto de 2024 los Ayuntamientos del estado tenían un plazo de 90 días naturales para adecuar sus reglamentos municipales a la nueva Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas de Puebla, que supuestamente regularía lo que sucede enantros, bares y todos los establecimientos en donde se vende y consume licor.
Hoy, realmente, no se sabe cuántos y cuáles municipios cumplieron, y cuántos y cuáles están aplicando lo que ordena dicha ley, que supuestamente también metería al orden a los guaruras -la mayoría, auténticos gorilas- de los antros, mismos que, como ya volvimos a ver en el caso del Mallet, hacen lo que quieren -y como quieren- con toda y absoluta impunidad.
El 14 de agosto de 2024, la entonces directora General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Gabriela Sánchez Vázquez, giró un oficio a todas las empresas que prestan este tipo de servicio para advertirles de la aprobación por parte del Congreso de la nueva ley, informarles de sus detalles y pedirles que cumplieran con varios puntos muy importantes.
Como se sabe, la nueva ley -manufactura de la pasada Legislatura del Congreso del estado- señala que, bajo ningún supuesto, los establecimientos específicos podrán operar, permanecer abiertos o permitir la permanencia o el ingreso de personas o comensales después de las 02:30 horas.
También, que queda estrictamente prohibida la venta, enajenación, o suministro de bebidas alcohólicas en cualquiera de los establecimientos que regula la ley después de las 02:00 horas.
Y que deben abstenerse de vender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad, personas con discapacidad mental, a elementos de seguridad pública que porten su uniforme o, a personas en manifiesto estado de ebriedad.
En gran parte, el cumplimiento de tales disposiciones depende de los elementos privados -los cadeneros y guaruras- que antros, bares, cantinas, salones de fiestas, centros de convenciones, estadios, palenques, teatros, etcétera, contratan para garantizar la seguridad al interior de dichos lugares.
Por eso, Sánchez Vázquez emitió un oficio en el que pedía a todas y cada una de las empresas de seguridad privada, con registro:
1) Atender las nuevas normas.
2) Presentar ante la SSP un informe mensual de las altas y bajas de vehículos, equipo de radiocomunicación, armamento, comando canino y demás equipo utilizado para la prestación del servicio.
3) Elaborar y presentar a la Secretaría de Seguridad Pública, previo a la suscripción del contrato respectivo para la prestación de los servicios de seguridad privada, un análisis respecto del establecimiento en el que se pretendan prestar los servicios, en el que se definirá el número mínimo de elementos de seguridad privada que serán necesarios para brindar el servicio de manera eficiente y oportuna, análisis que deberá ser aprobado por la autoridad estatal.
Sin embargo, hoy es el día que no se sabe cuántas y cuáles cumplieron, y si hay o hubo sanciones para quienes hicieron o han hecho caso omiso.
El escandaloso caso Mallet, como ha ocurrido con tantos otros, se agotará con la suspensión de los policías municipales que presenciaron sin hacer nada la golpiza al hombre y a su hijo el pasado fin de semana, y la clausura temporal del establecimiento, misma que fácilmente se levantará cuando la presión mediática y política se disipe, y el caso se olvide…
Hasta que suceda otra historia similar y vuelta a empezar.
Es decir: la historia sin fin.
El eterno reino de la negligencia, la apatía, el cinismo y la impunidad.
Sí, aquí nos tocó vivir.
