Almaden Minerals Ltd. -empresa minera de Canadá- presentó una demanda de 200 millones de dólares contra el gobierno de México tras la revocación de las concesiones de exploración en la Sierra Norte de Puebla, por lo que se detiene el proyecto Ixtaca, para la explotación de una veta de oro y plata en Ixtacamaxtitlán.
La querella se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, para solicitar la revisión de lo que la empresa califica como violación al Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).
De acuerdo con Almaden Minerals, México ha incumplido sus obligaciones, bloqueando el desarrollo del proyecto Ixtaca y revocando retroactivamente las concesiones, lo que ha resultado en la pérdida de sus inversiones en el país.
Cabe señalar que en febrero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a petición de la comunidad indígena de Tecoltemi, suspendió las concesiones otorgadas en 2003, debido a que no se realizó una consulta pública con la comunidad. En julio del mismo año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Economía (SE) cancelaron las concesiones, por “graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos”. Un juez en México confirmó la cancelación definitiva en abril de 2023.
Fue por ello que en marzo de 2024, Almaden Minerals y su filial Almadex Minerals Ltd. notificaron al gobierno de México su intención de presentar una queja tras no recibir respuesta a una solicitud de consultas enviada el 13 de diciembre de 2023. La demanda fue anunciada en un comunicado el 27 de junio por Duane Poliquin, presidente de Almaden Minerals, quien lamentó el impacto negativo en la población local, con la que han trabajado durante dos décadas.
El proyecto Ixtaca, detectado en 2010, contemplaba importantes reservas de oro y plata, con una producción anual aproximada de 108 mil 500 onzas de oro y 7 millones de onzas de plata durante los primeros seis años, y una vida útil de 14 años. Se buscaba la creación de 600 empleos durante la construcción y 420 más durante los 11 años de operación, generando contribuciones económicas en impuestos y desarrollo de infraestructura.
Para financiar la demanda, Almaden Minerals destinó un préstamo de 9.5 mdd a su filial Almadex, cubriendo costos legales y operativos, con un vencimiento hasta marzo de 2030 o hasta recibir cualquier monto relacionado con las reclamaciones legales.
Un fallo favorable a la minera podría obligar a México a devolver las concesiones o pagar los 200 mdd reclamados, más los gastos del litigio, superando los 3.6 billones de pesos al tipo de cambio actual.
Con información de El Sol de Puebla