La Auditoría Superior de la Federación determinó que existe posible daño patrimonial por más de 400 millones de pesos en la cuenta pública 2022 del gobierno de Puebla, es decir, el último año de la gestión de extinto Miguel Barbosa Huerta.
Sobre el tema, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que no es un “tema definitivo ni se puede hablar de un desfalco en firme”, pues tienen 30 días para solventar y comprobar el gasto ante la autoridad fiscalizadora federal.
En conferencia de prensa y cuestionado sobre las finanzas de su antecesor, respondió que están en proceso de comprobación y explicó que cuando salen esos pliegos de observaciones “a veces es un tema documental”.
Cabe señalar que la Auditoría Superior de la Federación todavía no notifica oficialmente el presunto daño patrimonial al gobierno estatal.