La impartición de justicia en México
Manuel Martínez Benítez
La impartición de justicia en México sin duda alguna es un tema crucial para el desarrollo del país y su percepción de equidad y estado de derecho. De acuerdo con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, los principios fundamentales que rigen la labor judicial son cuatro: independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, aspectos que resultan esenciales para la confianza ciudadana de que las leyes se harán respetar sin distingos.
Nuestro país cuenta con un sistema judicial federal y estatal. A nivel federal, el Poder Judicial está encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acompañada por tribunales colegiados, unitarios y juzgados de distrito. En el ámbito estatal, cada entidad federativa tiene su propio Poder Judicial, compuesto por tribunales superiores, juzgados locales y otras instancias específicas. La competencia de estos órganos varía dependiendo del tipo de delito o conflicto, dividiéndose entre jurisdicción federal y local.
La independencia judicial en México enfrenta desafíos significativos, incluyendo la influencia política y la corrupción. A pesar de la existencia de mecanismos constitucionales para asegurar la autonomía de los jueces, en la práctica, la presión de actores políticos y económicos puede afectar la imparcialidad de las decisiones judiciales.
Como usted recordará amable lector, en el año de 2008 se adoptó un nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio, el cual tiene como principal objetivo el garantizar juicios más transparentes, rápidos y justos. Con esta reforma transformó la forma en que se llevan a cabo los procesos penales, pasando de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, donde se privilegia la oralidad y la presunción de inocencia. Si bien es cierto que se han registrado mejoras, la implementación de la misma ha tenido sus críticas porque aún persisten problemas como la falta de capacitación adecuada y recursos insuficientes.
Por otra parte, es necesario reconocer que el acceso a la justicia es desigual, afectando principalmente a las comunidades marginadas y grupos vulnerables. Factores como la pobreza, la discriminación, y la falta de conocimiento sobre derechos legales limitan la capacidad de muchas personas para obtener justicia. En este contexto, los servicios de asistencia legal gratuita resultan insuficientes para cubrir la demanda existente, lo que perpetúa la sensación de impunidad y desconfianza en el sistema.
Por ello, la incorporación de tecnología en la impartición de justicia representa una oportunidad para mejorar la eficiencia y la transparencia del mismo sistema judicial.
Herramientas como los expedientes electrónicos, audiencias virtuales y sistemas de gestión de casos pueden agilizar los procesos y reducir la carga de trabajo de los tribunales. Por supuesto que implementación de estas estrategias enfrenta retos como el mejorar la infraestructura adecuada y la constante capacitación de quienes se encargan de impartirla.
Estos puntos básicos expuestos vienen a colación porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados generales del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2023.
En el reporte del instituto, se señala que al cierre de 2022, el Poder Judicial de la Federación (PJF) contó con 54 mil 388 servidoras y servidores públicos. De este total, el 6.7 % estaban adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 2.9 % al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y y el 90.4 % al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En comparación con 2021, esto representa un aumento de 2.3 % en la cantidad de personal que laboró en el PJF.
Del total de personal adscrito, el 50.1 % fueron hombres y 49.9 %, mujeres. Con respecto al régimen de contratación, 37 mil 651 servidoras y servidores públicos eran de base, de ellas, 64.1 % fueron hombres y 74.4 % fueron mujeres. En cuanto a la escolaridad, 19 mil 031 servidoras y servidores públicos contaron con estudios de licenciatura, de los cuales 69.9 % fueron hombres y 76.4 % fueron mujeres.
Un dato relevante es la publicación de sentencias. En el reporte del INEGI se señala que en 2022 se publicaron 980 mil 283 sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, de ellas, 972 mil 506 tuvieron lugar en el CJF; 2,520 en la SCJN y 5,257 en el TEPJF.
Asimismo, se informa que durante 2022, fueron sancionados 179 servidoras y servidores públicos de las instituciones del Poder Judicial de la Federación. Con respecto a 2021, se reportó una disminución de 57.3 % en la cantidad de las y los servidores públicos sancionados. De acuerdo con el tipo de falta administrativa asociada, 146 servidoras y servidores públicos realizaron faltas administrativas no graves, esto representó una disminución de 49.7 % comparado con 2021.
En 2022 se registraron 33 mil 638 delitos en las causas penales ingresadas. Del total, 6.2 % ingresaron mediante el Sistema Tradicional (juzgados de distrito) y 93.8 % por medio del Sistema Penal Acusatorio jueces de control o garantías).
Finalmente, del tipo de delitos registrados en 2022, 51.1 % correspondió a delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos. En comparación con 2021, para este tipo de delito se tuvo un aumento de 4.7 % en 2022.
