Ni abrazos ni balazos: Estado de Derecho
Jorge Calles Santillana
El período de campañas concluyó violentamente. Integralia Consultores auguró en febrero el desastre que hemos presenciado durante estos tres meses. Con 32 candidatos ultimados—la mayoría, aspirantes a alcaldías—la de este año ha resultado ser la contienda electoral más violenta del México moderno. Según este grupo investigador, las alcaldías serían las posiciones con mayor nivel de riesgo debido a que el control de las policías municipales facilita el avance de los negocios del crimen organizado.
México Evalúa, por su parte, dio a conocer ayer que en los últimos diez años el uso de la violencia electoral ha triplicado cifras. Entre 2012 y 2018 se tuvo registro de 311 ataques directos a funcionarios, candidatos y militantes de partidos políticos. Del 18 y hasta el año pasado, ese número se elevó a 836. Si se suman los atentados de este año, la cifra se eleva considerablemente. El nivel histórico de violencia hace evidente el incremento del poder de las bandas criminales en el país, así como su presencia en un mayor número de municipios del país y su claro interés por extenderse, tanto en los negocios como territorialmente. Esta es una realidad que no podemos ignorar este domingo, cuando nos plantemos frente a las urnas en las que depositaremos nuestros votos.
Ciertamente, la decisión de Calderón de declarar la guerra a las bandas criminales propició que el número de asesinatos por año se disparara. Sin embargo, entre 2011 y 2014 el nivel de violencia tuvo una clara y significativa caída. El repunte, en 2015, es atribuible, por un lado, al descuido de Peña Nieto de las actividades de inteligencia y, por otro, a la falta de una política de seguridad integral, en la que el combate frontal estuviera complementado por proyectos comunitarios de restauración de los tejidos sociales. López Obrador redujo al mínimo el monopolio del estado de la fuerza e hizo de lado la obligación del estado de ocuparse de las terribles necesidades de la mayoría de los mexicanos. Confundió, convenientemente, política integral con abrazos y asistencialismo. Que un buen porcentaje de la población reciba hoy cantidades de dinero que antes no, no significa que hayan desaparecido los factores que propician el enrolamiento en la delincuencia. Reconstruir comunidades exige mucho más que repartir dinero. Innegablemente, el crimen organizado ha crecido en México con la venia de los gobiernos de los últimos sesenta años, especialmente éste. Las cifras de violencia electoral no dejan lugar a dudas. El estado no ha tenido la capacidad y no ha sabido enfrentar al crimen organizado; hoy estamos ante la posibilidad de convertirnos en un narcoestado pleno. El proceso no tomará más de diez años.
Los balazos, sólo balazos, no han resuelto nada. Los abrazos no sólo no han sido útiles, sino que, por el contrario, han infundido confianza y seguridad a los grupos criminales. Para que México se proyecte de lleno como estado de paz y próspero tendrá que convertirse, desde ya, en un estado de derecho pleno. Esto significa que deben fortalecerse las instituciones democráticas y debe, sobre todo, contenerse al poder Ejecutivo. Es necesario un poder Judicial fuerte, autónomo, incorruptible que aplique la ley sin contemplaciones y sin discrecionalidad. Significa, por tanto, contar con fuerzas de seguridad civil poderosas, con el armamento necesario para asegurar que el estado ejerza el monopolio de la fuerza, con personal debidamente capacitado y con condiciones y formación que dificulten la corrupción. Reclama, además, contar con servicios de inteligencia confiables y de calidad.
Implica, además, dejar de despreciar a la sociedad civil y a su caudal creativo y propositivo. México cuenta con un gran número de asociaciones civiles que han trabajado de cerca con los diferentes problemas nacionales; cuentan con conocimientos y prácticas que, apoyadas y proyectadas desde el estado, podrían producir resultados positivos para el bienestar social. Pero, también, es urgente y necesario que las necesidades de alimentación, vivienda, vestido, escolaridad y entretenimiento, entre otras, sean atendidas cabalmente. México reclama políticas de distribución de la riqueza profundas. Desde la época de Adolfo López Mateos, los presidentes se han rehusado a llevar a cabo la reforma fiscal que haría posible atacar las terribles desigualdades que nos caracterizan. Que paguen más quienes más tienen.
Un verdadero estado de derecho reclama, así, cambiar nuestras miradas y nuestros discursos. Reclama atender de fondo nuestras contradicciones. Este 2 de junio tenemos la posibilidad de elevar nuestros reclamos. La candidata oficial, Claudia Sheinbaum, no ofreció, en ningún momento, propuestas que vayan por este rumbo.
Tengámoslo en cuenta.
