No está claro si a Cecilia Flores, “Doña Ceci”, lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, la engañaron, si ella urdió la historia del crematorio clandestino o si, efectivamente, hay restos humanos en el sitio, revueltos con los desechos animales. Independientemente de cuál sea la versión correcta, el tema de las desapariciones y las fosas clandestinas en la agenda pública ha vuelto a la agenda pública.
Hace poco más de un mes, Doña Ceci solicitó ingreso a Palacio Nacional para entregar una pala al presidente, en plena conferencia matutina, como gesto simbólico reprobatorio de los trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda. No fue recibida. Tampoco al día siguiente, a pesar de presentarse vestida con uniforme de beisbolista, con la esperanza de que la atracción de López Obrador por ese deporte le abriera, esta vez sí, las puertas del recinto oficial. Cecilia Flores lidera uno de los 234 colectivos de madres buscadoras que se reparten en 26 de los 32 estados de la república. En 2015, uno de sus hijos, Alejandro, de 21 años, fue desaparecido. De inmediato, ella inició su búsqueda; sus dos hijos, Marco Antonio, de 32 años, y Jesús Adrián, de 15, acompañaron su esfuerzo. También serían desaparecidos, aunque el menor sería liberado. Hasta hoy, doña Ceci no ha podido ubicar a ninguno de sus dos hijos desaparecidos.
México destaca como país por sus números de fosas clandestinas y cadáveres no identificados. Siria e Irak tienen también altos registros, pero en ambos países son resultado de conflictos armados. Colombia ha tenido altos números de fosas clandestinas, sobre todo en otras décadas, también por conflictos internos. Los asesinatos y las muertes de miles de migrantes que llegan a su territorio ubican a Estados Unidos en la lista que nuestro país encabeza. Sin embargo, es en México y en Filipinas donde el número de muertos no identificados y las fosas clandestinas son resultado de la presencia del crimen organizado, de sus métodos por controlar los territorios y la ineficiencia de las políticas nacionales de seguridad.
La Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, a través de su Programa de Derechos Humanos, ha identificado seis causas del fenómeno. Una: el grado de descomposición social y deshumanización que ha alcanzado nuestro entorno. Dos: una política punitiva sobre el consumo de drogas y no preventiva, desde una perspectiva de salud pública. Tres: fallidas políticas de seguridad civil. Cuatro: la consecuente militarización de la seguridad pública. Cinco: contubernios de diferentes grados entre autoridades de todos los niveles y las bandas criminales. Seis: un sistema de justicia ineficaz.
Los primeros entierros ilegales se registraron en 2007, justo cuando la guerra contra el crimen organizado fue iniciada. Fue en la segunda parte del sexenio de Peña Nieto cuando su número se disparó. Hasta octubre del año pasado, gracias a las labores de identificación de diversos grupos civiles se tenían contabilizadas 5,696 fosas clandestinas, en 570 municipios del país, esto es, en la cuarta parte del territorio nacional; la mitad de ellas, 2,864, han sido encontradas en los cinco años y cinco meses del gobierno de López Obrador.
El crimen organizado tenía presencia, en 2016, en 393 municipios del territorio; siete años después, a finales del año pasado, otros 177 municipios tenían también huellas criminales. Según Quinto Elemento Lab, organización periodística independiente, Tecomán, en Colima; Úrsulo Galván y Playa Vicente, en Veracruz; Salvatierra, en Guanajuato y Puerto Peñasco, en Sonora son municipios cuya población no supera los 250 mil habitantes y en los que han sido encontradas más de cincuenta fosas. Estos nuevos “epicentros de fosas clandestinas”, como la organización las denomina, surgieron durante la gestión lopezobradorista.
Antes de 2011, el número de fosas contabilizadas rebasaba ligeramente la centena. A partir de ese año, los hallazgos fueron masivos. En promedio, se han identificado 398 fosas anualmente, poco más de una por día.
La Fiscalía de la Ciudad de México recurrió a un par de voceros para desmentir la versión de Doña Ceci. Antes, el miércoles, en su conferencia matutina el presidente se dijo desinformado, pero inmediatamente después afirmó que “para mentir, como para comer pescado, hay que hacerlo con mucho cuidado”.
Más allá de las interpretaciones que de estos hechos se puedan hacer, lo cierto es que las autoridades no informan de la misma manera cuando se corroboran los hallazgos macabros. Como lo ha afirmado el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, son las familias y los colectivos, no las autoridades quienes están haciendo el trabajo.