El inicio de juicios masivos contra líderes y miembros de la Mara Salvatrucha en El Salvador incrementa la visibilidad, en nuestro país, del recientemente reelecto presidente Nayib Bukele. Un carismático Bukele ha atraído la atención en América Latina gracias a la propaganda que circula profusamente en las redes sociales, en la que se resalta el éxito de su política de seguridad. En un país asolado durante trece años (1979-1992) por una guerra civil, precedida por una fuerte crisis social de más de una década, y atemorizada por la acción criminal de la Mara durante el período de paz, la reducción significativa de las tasas de homicidio no puede dejar de ser celebrada. En El Salvador, dicen sus ciudadanos, se puede vivir y hacer negocios con tranquilidad. No por nada, Bukele empieza a ser reconocido como “el presidente de América”.
El Salvador registró en 2022, año en que Bukele consiguió la aprobación a su estado de excepción, una tasa de 7.8 asesinatos por cada cien mil habitantes, el registro más bajo, no solamente del país en mucho tiempo, sino la segunda menor (superada sólo por la de Surinam, 7.7) de América Latina y el Caribe para ese año. La tasa de México fue de 25.3, según Statista, agencia alemana de datos globales. En 2015, esa tasa fue de 103 asesinatos por cada cien mil y en 2019, año en que Nayib ganó la presidencia, de 36. En 2021, aun cuando iba a la baja, se mantenía alta, con 17.6 muertes por cada cien mil habitantes.
En México, no son pocos quienes no sólo celebran la “valentía” del presidente salvadoreño, sino que demandan que el gobierno mexicano replique su modelo. Es tal la popularidad que el enfoque está adquiriendo entre sectores de la población, que el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ha insinuado adoptar la filosofía bukeliana—irresponsablemente, pues sabe que sus posibilidades de ganar son nulas—.
Habrá que irse con cuidado, sin embargo. Las políticas de Bukele han debilitado el estado de derecho. Luego de la guerra civil, El Salvador había estado viviendo un proceso de institucionalización democrática que contribuía a regular la trama de relaciones sociales que había quedado deshecha durante el conflicto armado. Bukele ha logrado someter a los poderes legislativo y judicial y ha dado al traste a ese proceso. Prueba de ello es que la Suprema Corte autorizó que aspirara de nueva cuenta a la presidencia, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.
En marzo de 2022 impuso el estado de excepción por treinta días y lo ha extendido 23 veces. En este tiempo, han sido detenidos más de 70 mil personas acusadas de terrorismo. Grupos civiles y de derechos humanos claman que, al menos, 40 por ciento son inocentes. Los jóvenes son detenidos simplemente por ser “sospechosos”. Grupos disidentes acusan aprehensiones indebidas e injustificadas de activistas y defensores de derechos humanos. Además, el hacinamiento en las mega cárceles atenta contra la dignidad humana y no respeta los acuerdos internacionales que El Salvador tiene signados respecto de los estados de excepción y las condiciones de vida de los prisioneros.
Bukele se vale del profundo resentimiento que la población siente respecto de los criminales para hacer lo que se le viene en gana. Los juicios masivos son una aberración. Basta la declaración de un policía o una llamada anónima como prueba para condenar. No se respeta la presentación de pruebas individuales, violando la Constitución. Así, se condena por igual a un líder que ha ordenado asesinatos, a un asesino con larga carrera, a un novato en proceso de iniciación que a un inocente.
Bukele y su política anticriminal se vuelven populares en una época en la que el poder delincuencial alcanza o supera al del mismo estado, en la que la insatisfacción se fusiona con los temores y la inseguridad y la incapacidad para reconocernos en comunidad.
La aparición de líderes carismáticos resulta funcional para imaginarios colectivos temerosos, proclives a las soluciones fáciles, inmediatas, casi mágicas. Bukele explota el sentimiento de venganza de buena parte de la población salvadoreña. Y la venganza se está volviendo una fuerza política importante alrededor del mundo.
Cierto: Bukele ha demostrado que a la criminalidad actual hay que hacerle frente. Pero lo ha hecho con la teoría del péndulo: todo o nada. Al crimen organizado de México hay que enfrentarlo con mayor decisión, por supuesto, pero no con abrazos. Con un estado de derecho sólido y con fuerzas de seguridad fuertes, profesionales y confiables.