PUEBLA, LA VOLKSWAGEN Y EL T-MEC
Arturo Luna Silva
No es menor lo sucedido en la empresa Volkswagen de México, obligada a reinstalar, pagar salarios caídos e incluso indemnizar a ocho trabajadores que despidió ilegalmente hace algunos meses en el marco del proceso interno para elegir a su nueva dirigencia de representación laboral.
Y es que no es solo un mero triunfo de orden sindical.
Se trata, ni más ni menos, de uno de los más relevantes casos del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC.
Un hecho que, sin duda alguna, sienta un importante precedente en materia de derechos laborales en un país que, como el nuestro, en plena era de la Cuarta Transformación (la 4T), se encamina a adoptar un modelo en el que el poder carecerá de todo tipo de contrapeso.
El MLRR (Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas) es un procedimiento inédito de resolución de controversias en tratados comerciales.
Tiene por objetivo reforzar el cumplimiento de los compromisos laborales asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en su capítulo 23, es decir, el laboral.
Este procedimiento es aplicable para los derechos que son reconocidos en el anexo 23-A del T-MEC, en el cual México se comprometió a garantizar que sus trabajadores puedan acceder a una negociación colectiva auténtica, para lo cual es indispensable la existencia de una efectiva democracia sindical y el ejercicio pleno de su libertad de asociación.
El MLRR se diferencia de otros mecanismos de resolución de controversias en que las sanciones comerciales no son aplicables al sector productivo, sino que aplican directamente a las empresas y éstas pudieran hacerse extensivas a la cadena de valor de productos manufacturados, impactando así sus exportaciones.
Además, el MLRR se distingue de otros mecanismos por su celeridad, ya que puede resolver una controversia en aproximadamente cuatro meses, que es finalmente lo que ha sucedido en el caso de Volkswagen de México, cuya planta en Puebla deberá reinstalar a los trabajadores ilegalmente despedidos antes del próximo 9 de agosto.
Se descarta, pero si VW decidiera -por alguna razón- ignorar el ordenamiento de los gobiernos de México y Estados Unidos -este a través del Departamento de Trabajo y la oficina de la Representación Comercial (USTR, por sus siglas en inglés)-, se haría acreedora a diversas sanciones, que pueden ir desde la imposición de aranceles hasta el bloqueo a la exportación de los automóviles que fabrica en su planta de Puebla, lo que representaría un grave daño no sólo a la empresa alemana -que recientemente hizo el anuncio de una inversión de 942 millones de dólares para proyectos relacionados con la electromovilidad-, sino a la economía del estado.
La relevancia del caso es evidente y sólo un ciego no la ve.
Y es que en la práctica significa un parteaguas.
Una auténtica revolución en materia de violaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en empresas que produzcan bienes o presten servicios que sean objeto de comercio entre los países del T-MEC.
Se inscribe, además, en medio de tres hechos que no pueden ni deben omitirse en el análisis:
1) El inminente arribo a la Presidencia de México de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en asumir la titularidad de poder Ejecutivo y la principal responsable de construir lo que se denomina “el segundo piso de la 4T”, un régimen político caracterizado por la concentración del poder en una sola persona, sin contrapesos.
2) El proceso electoral en Estados Unidos, del que podría salir triunfador un Donald Trump que no sólo endurecerá su discurso y sus políticas hacia México y su gobierno, sino que, a fin de alcanzar sus fines, amagará con aplicar aranceles a vehículos producidos en nuestro país -por cierto, una de las causas que hace unos días llevaron a Elon Musk a pausar la construcción de una fábrica de ensamblaje de automóviles de Tesla en Nuevo León-.
3) La negociación y revisión contractual 2024 entre Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores Volkswagen de México, ya en curso y que se anticipa como una de las más tensas y complicadas de los últimos tiempos. Y no sólo por el fallo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas del T-MEC, sino al planteamiento del SITIAVW de exigir 24% de incremento salarial y la acusación del mismo sindicato en el sentido de que la empresa pretende modificar hasta 40 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, lo que implicaría eliminar un día de vacaciones y el apoyo de defunción a familiares directos y el de ayuda escolar.
Para bien o para mal, México entra a una nueva época en materia de libertad sindical, especialmente en empresas exportadoras. Hoy, los trabajadores sindicalizados de esas firmas tienen más herramientas para hacer valer sus derechos y cerrar el paso a injusticias, y eso, eso es tan histórico como inédito. El caso VW lo prueba.
