Hasta este momento que lees esta columna, aún no hay nada para nadie en el proceso de elección de un nuevo presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el Partido Morena, donde ya toda la Puebla política sabe que el próximo dirigente estatal será el diputado Pável Gaspar Ramírez, en el caso de la CDH de Puebla no hay línea.
O más preciso: todavía no hay línea.
O más correcto: todavía no se ha bajado la línea.
Es decir, la instrucción, la orden, la sugerencia… sobre el elegido o la elegida.
Los diputados y las diputadas que van a decidir -es un decir- siguen a oscuras.
La lámpara que los iluminará -y les mostrará El Camino del Señor– no ha sido encendida…
Para nadie es un secreto que, lamentablemente, desde su nacimiento en tiempos de Manuel Bartlett Díaz (inició funciones en 1993), la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha sido un mero apéndice del gobierno en turno.
Un instrumento para que las autoridades se legitimen: simulen y presuman -solo presuman- que están sumamente interesadas en la defensa de las garantías individuales de los ciudadanos.
Una carísima oficina -mera oficialía de partes- que solo ha servido para pagar facturas políticas y servicios en campaña, y dar trabajo a abogados y abogadas tan mediocres como desempleados, pero cercanos al poderoso en turno.
¿En serio: quién toma en serio una recomendación de la CDH?
¿Quién recuerda un caso -un solo caso- en el que la intervención del “ombudsman” haya sido decisiva para cambiar alguna historia relacionada con algún acto o abuso de poder?
¿Cuál procurador, fiscal, jefe policiaco, etcétera ha sido tocado -al menos con el pétalo de una rosa- por la susodicha Comisión a lo largo de la historia?
¿Qué gobernador ha sido metido en verdaderos aprietos por la CDH?
¿Qué banderas sociales han defendido los burócratas que sucesivamente han ostentado el cargo?
Ninguna.
¿Por qué hoy tendría que ser diferente?
Todos los gobernadores, sin excepción, han impuesto al correspondiente “ombudsman”, con el previo, consabido y obvio proceso legislativo.
Ninguno llegó al cargo sin el consentimiento, el aval o el visto bueno del mandatario en turno.
Pasó con León Dumit Espinal (fue el primer presidente de la CDH, del 28 de julio al 31 de marzo de 1995).
Con Jaime Juárez Hernández (del 28 de julio de 1996 al 27 de julio de 1999 y del 28 de julio de 1999 al 27 de julio de 2002).
Con Jorge Ramón Morales Díaz (del 28 de julio de 2002 al 27 de julio de 2005).
Con José Manuel Cándido Flores Mendoza (del 28 de julio de 2005 al 27 de julio de 2008).
Con Marcia Maritza Marín Bullen Navarro (del 28 de julio de 2008 al 27 de julio de 2011)
Con Adolfo López Badillo (del 28 de julio de 2011 al 27 de julio de 2014 y del 28 de julio de 2014 al 27 de julio de 2019).
Y con José Félix Cerezo Vélez (en el puesto desde el 7 de noviembre de 2019).
Ninguno de ellos gozó de independencia.
Tampoco hicieron mucho por lograr autonomía.
Mucho menos por servir de verdadero defensor de las mejores causas ciudadanas.
Sin exagerar, no ha habido uno -o una, en el caso de Marcia Maritza Marín, la primera mujer en presidir la CDH- que haya realizado un papel medianamente digno.
Todos vegetaron.
Todos pusieron oídos sordos a las injusticias y a los casos graves de violaciones a los derechos humanos.
Todos, en resumen, pasaron con más pena que gloria.
Y es que para los gobernadores, los derechos humanos -o más precisamente: la defensa de los derechos humanos- son un estorbo.
Y entonces actúan en consecuencia, asegurándose y garantizando que quien esté al frente de la CDH, sea un aliado que no les cause problemas.
¿Por qué hoy tendría que ser diferente?
Si, como he dicho, a la fecha aún no hay línea.
O más correcto: todavía no se ha bajado la línea.
De la lista de personas registradas y que pasaron el último corte del Congreso del estado, saldrá quien releve a José Félix Cerezo Vélez, total y completamente insostenible en el puesto por razones ampliamente conocidas.
Entre los 12 finalistas, hay cuatro muy buenos perfiles: Marco Antonio Moreno Rosado, Luis Armando Soriano Peregrina, María Elena Guerrero Flores y la madre buscadora María Luisa Núñez Barojas.
Sin embargo, preocupa -y mucho- que a la citada lista, por misteriosas razones, se hayan colado varios impresentables que no sólo representarían un agravio para los verdaderos defensores de los derechos humanos del mundo, sino un retroceso y hasta un peligro.
Es decir, la confirmación de que otra vez, con todo y 4T, nada distinto pasará a lo que ya ha pasado desde 1993 con la CDH de Puebla.
¿O cómo entender que se haya tolerado (¿o alentado?) el registro, por ejemplo, de Blanca Laura Ollivier Palacios, jueza de lo Penal que hace no mucho, en 2020, tuvo que solicitar y obtener un amparo y la protección de la justicia federal por temor a que en su contra se ejecutara una orden de aprehensión tras haber liberado, inexplicablemente, a presuntos cómplices de Marco Antonio “N”, alias “El Negro”, “El Gordo” o “El Bombón”, detenido e identificado en ese momento por el gobierno del estado como el principal líder de las actividades criminales en esta capital?
¿En esas manos va a quedar la presunta defensa de los derechos humanos en Puebla?
¿O todo es parte de la Gran Simulación y del progresivo desmantelamiento de los organismos supuestamente ciudadanizados, que comenzó con la toma, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la imposición de una incondicional como Rosario Piedra Ibarra, una vergüenza como “ombudswoman”?
Falta ya muy poco para que se desvele el misterio.
O para más precisión: para que se descubra el verdadero compromiso del próximo gobernador, Alejandro Armenta Mier, con los derechos humanos.
¿Qué va a decidir?
¿Más de lo mismo, o un verdadero vuelco a la situación?
No, aún no hay línea.
O más correcto: todavía no se ha bajado la línea.
¿Hacia dónde apuntará?
La esperanza muere al último.