En dos semanas, los 217 municipios del estado de Puebla renovarán ayuntamiento. Alrededor de 40 presidentes alcanzaron la reelección y continuarán por tres años más; el resto, se va.
El llamado del gobierno estatal ha sido muy puntual respecto de que no dejen problemas ni deudas.
Así que aquellos que pretendan celebrar el ya famoso “Año de Hidalgo”, “chingue su madre el que deje algo”, es la frase popular, deberán pensarlo muy bien, porque el brazo de la ley será largo y firme.
Aquella tan vieja y hoy anacrónica práctica de llevarse hasta los clips de las oficinas, por supuesto con todo el mobiliario, ha venido desapareciendo porque las penas son altas.
Los controles también son rigurosos.
Pocos y pocas realmente se arriesgan a perder el tortuoso proceso de conseguir la aprobación de sus cuentas públicas, si es que dejaron opacidad.
Más todavía, cuando actualmente la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha alertado que hay inconsistencias en los informes de siete de cada 10 alcaldes en funciones.
De acuerdo con la dependencia que se encarga de vigilar la correcta aplicación de los recursos estatales, 67 por ciento de los ayuntamientos tiene observaciones.
Así que mucho ojo.
Aquellos años de impunidad de antes de la instauración de los órganos de fiscalización superior quedaron muy lejanos en el pasado.
Hoy, incluso los que se portaron bien en sus trienios, pasan verdaderos calvarios para conseguir el aval de la Auditoría Estatal, que depende a su vez del Congreso del Estado.
El Poder Legislativo da la última palabra respecto de la limpieza en el manejo de los recursos.
Pero también se trata de un tema político de alta complejidad.
Aquellos que pretendan seguir una carrera en la función pública o en las urnas y buscar otros cargos y otras oportunidades, no pueden cargar con el estigma de la corrupción.
Se trata de un tema de correcta utilización de recursos públicos propios, estatales y también federales.
Porque a la hora de hablar las cuentas públicas, no solamente interviene el Congreso del Estado, sino también, para el caso de recursos federales, de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con eso no se juega.
Pero está también el tema, de relevancia suprema, de dejar funcionando la administración, aunque los salientes ya no puedan meter mano.
Está, por ejemplo, el asunto de la seguridad pública, que es vital y es imprescindible.
Muchos de los y las alrededor de 120 alcaldes y alcaldesas que están por dejar el cargo, pues no alcanzaron reelección, cuando llegaron en el año 2021 se quejaron de que no les dejaron policías.
De que no había un cuerpo bien integrado de agentes de seguridad.
Que había corrupción.
Que se sospechaba de contubernio con la delincuencia.
Además de que se encontraban las arcas vacías.
Las oficinas sin mobiliario.
Deudas añejas.
Obras inconclusas.
Una larga lista de proveedores enfurecidos que demandaban pagos.
Si de eso se quejaban, se espera que en eso no incurran.
El gobernador Sergio Salomón ha sido muy puntual al respecto.
Se ha venido reuniendo con ellos.
Con la corrección política requerida, lanzó también una advertencia.
“Que recuerden de lo que se quejaban y cumplan con sus obligaciones”, dijo la semana pasada.
Eso fue la instrucción precisa del gobernador para los presidentes y presidentas salientes de los 217 municipios.
Ha dicho que deben dejar en orden sus finanzas.
El número de policías necesarios.
Aquello del Año de Hidalgo es un espejismo.
Quienes lo han desoído han sufrido graves consecuencias.
Algunos hasta la cárcel.
Otros el final de sus carreras políticas.
El estigma y señalamiento sociales.
“¿Chingue su madre quien deje algo?”
No.
Las consecuencias son graves.