Las necesidades de las Finanzas Públicas en México han dado como resultado la creación de contribuciones que colaboren con el gasto público, hace dos décadas, con la finalidad de limitar el uso de efectivo, así como su entrada al Sistema Financiero Mexicano se estableció en julio de 2008 el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) el cual señalaba que las personas físicas y morales tendrían que pagar dicho impuesto, con respecto de todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que realizaran en cualquier tipo de cuenta que tuvieran en las instituciones del sistema financiero, cuya suma excediera 15,000 pesos en un mes, cantidad a la cual se le calculaba un 3% y se le enteraba al órgano recaudador, cabe señalar que este impuesto se abrogó en 2014 dejándolo sin efecto a partir de esa fecha.
Considerando lo anteriormente expuesto, se ha presentado una confusión en el imaginario colectivo que el gobierno cobra por este concepto, así mismo se debe considerar que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) desmiente lo anterior, informando que es falso que el SAT cobre impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias, sin embargo es pertinente aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo (cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros), tandas o préstamos personales no se les vigila, ni cobra algún tipo de impuesto.
Se debe recordar que el gobierno actual tiene como política pública la inclusión financiera, definida como el acceso y uso de servicios financieros formales (cuentas, seguros, créditos y Afores) bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva las competencias económico-financieras, una de sus ventajas es que contribuye al crecimiento económico y al bienestar, ya que dota a las personas y empresas de herramientas para mejorar el manejo de su liquidez, prepararse y superar alguna emergencia económica, alcanzar metas financieras y aprovechar oportunidades, y tener mayor control sobre sus finanzas; es decir, a lograr una mejor salud financiera.
Considerando que la bancarización es una de las prioridades de la administración actual, la supervisión de los depósitos en efectivo realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha sido un tema polémico en México, especialmente en un contexto donde la informalidad económica y la evasión fiscal son problemáticas persistentes, la SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT, monitorea las operaciones en efectivo con el objetivo de combatir delitos como el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento al terrorismo. Si bien esta supervisión busca proteger la estabilidad del sistema financiero y asegurar que todos contribuyan de manera justa al fisco, también plantea preguntas sobre la privacidad y los derechos de los contribuyentes.
La autoridad fiscal ha establecido límites específicos para la vigilancia de depósitos en efectivo en cuentas bancarias, especialmente aquellos que superan los $15,000 pesos mensuales, cuando una persona o empresa realiza depósitos en efectivo que exceden este umbral, los bancos están obligados a reportarlo al SAT, lo que activa un proceso de revisión para determinar si estos montos corresponden con los ingresos declarados por el contribuyente, al detectarse discrepancias, es posible que el SAT exija el pago de impuestos sobre los montos no justificados, lo que se traduce en la recaudación de impuestos sobre ingresos que no han sido declarados formalmente.
¿Por qué realizar estas acciones por parte de la autoridad? desde un punto de vista fiscal, esta medida tiene un propósito claro: reducir la evasión y aumentar la recaudación tributaria, en un país donde una gran parte de la economía se mueve en la informalidad y muchos ingresos no son reportados, la supervisión de depósitos en efectivo se convierte en una herramienta clave para ampliar la base de contribuyentes y garantizar que el sistema tributario sea más justo, además, esta vigilancia ayuda a combatir el lavado de dinero, una actividad que no solo evade impuestos, sino que financia actividades ilegales que afectan la seguridad y estabilidad del país.
A pesar de sus beneficios, esta práctica no está exenta de críticas, ya que muchas personas argumentan que la supervisión de los depósitos en efectivo puede violar la privacidad financiera y generar un ambiente de desconfianza hacia el sistema bancario; para algunos, la idea de que cada movimiento en efectivo pueda ser monitoreado por el gobierno representa una invasión a la privacidad; por lo tanto el reto para la SHCP no es solo monitorear y cobrar impuestos, sino también generar confianza en que estas medidas son para el beneficio colectivo y no una simple cacería fiscal, un enfoque que priorice la educación, la claridad en la comunicación de las reglas y un trato justo a los contribuyentes podría transformar la percepción pública y fomentar una cultura de cumplimiento que, en última instancia, beneficiará al desarrollo económico del país.