Teóricamente, se aproxima el fin del sexenio (temo que algo extraño ocurra y el período lopezobradorista termine por extenderse). El recuento de daños ha resultado inagotable a lo largo de estos cinco años, además de repetitivo (no por ello, carente de valor). Se suspendió la construcción del aeropuerto de Texcoco. El costo financiero no ha sido tan grave como el económico: México perdió la grandísima oportunidad de convertirse en el gran centro de conexiones de toda la región latinoamericana, atractivo para las inversiones.
El manejo que México hizo de la pandemia fue de los peores. Como consecuencia, nuestras muertes fueron excesivas y la economía sufrió un fuerte retroceso; en término generales, el aparato productivo no se ha recuperado del todo y el funcionamiento macroeconómico no alcanza aún los registrados en 2018.
El seguro popular fue eliminado y sustituido por un instituto de salud y bienestar que fue tan inútil como ineficiente, al grado que fue desaparecido por su propio creador. Se asumió, sin que hasta ahora se haya comprobado, que la adquisición de medicamentos se realizaba a través de una poderosa red de corrupción. Se eliminó, entonces, el modelo de proveimiento sin haber diseñado, antes, uno alternativo que garantizara economía y eficiencia.
El desabasto de medicamentos es un hecho innegable. Los niños enfermos de cáncer han sido unas de las principales víctimas de este irresponsable proceder; también los enfermos de VIH. Las madres trabajadoras fueron afectadas por los cierres de las guarderías a las que confiaban el cuidado y la atención de sus hijos.
El manejo presupuestal ha sido violatorio de la ley y lo único que se ha perseguido es fondear los megaproyectos y los programas sociales. Los primeros, no han resultado lo que la imaginación presidencial supuso. El aeropuerto apenas es utilizado; el tren Maya ha provocado daños ecológicos severos y los expertos dicen que no será terminado. Dos Bocas no refina gasolina aún y presenta problemas serios para su funcionamiento. Financieramente, las tres obras han sido verdaderos desastres. Sus costos reales superaron tres veces los cálculos con los que se proyectaron. Los segundos, manejados con intereses político-electorales, amenazan crear, en el futuro mediano, una crisis muy seria a las finanzas públicas.
Políticamente, López Obrador ha dirigido todos sus esfuerzos a recuperar para la presidencia todo el poder que le fue propio durante el régimen autoritario priísta y que le fue restado, de a poco, por los esfuerzos ciudadanos por construir un régimen democrático. Organismos autónomos y Poder Judicial se han visto así, atacados y muchos de ellos, prácticamente desaparecidos. Otros, como el INE y el INAI, disminuidos o paralizados.
Pero al fortalecimiento de la presidencia le corresponde, paradójicamente, el debilitamiento del Estado. Aun cuando no había necesidad—pues el ejército mexicano ha tenido un comportamiento institucional histórico—López Obrador modificó la relación que los gobiernos priístas habían establecido con él, y los panistas respetaron inteligentemente.
López Obrador le abrió la puerta para intervenir en la obra pública y en posiciones tradicionalmente reservadas para los civiles con fines que no están del todo claros (¿aún?). Las relaciones con el crimen organizado también fueron objeto de la más radical de las transformaciones. El priísmo de los años setenta erróneamente hizo acuerdos por debajo de la mesa con los principales líderes del crimen. En vez de frenar su avance, mediante policías profesionales y estado de derecho, optó por la cooptación, especialidad de los gobernantes de la época.
El crimen creció y los acuerdos se modificaron, en detrimento, por supuesto, del poder del estado. Sin embargo, había ciertas reglas y el crimen estuvo contenido por un tiempo. Pero, quien pacta con criminales termina siendo uno de ellos. El estado, con López Obrador, ha perdido casi por completo el control. La violencia no es más monopolio del Estado. Las bandas del crimen organizado se han convertido, hoy, en el eje de la vida social. Como se ha dado a conocer recientemente, el crimen organizado se ha constituido en uno de los principales empleadores del país. Esto es importante porque es una actividad que produce grandes ganancias, que no paga impuestos, que ensucia a otras ramas de la economía y, quizás lo más grave, dicta normas de comportamiento político y empresarial.
A finales de los sesenta México estaba más cerca del ideal democrático que hoy. En esa época, la fuerza de la sociedad civil propiciaría cambios que hoy están prácticamente desaparecidos. Además, las condiciones actuales para alcanzar la meta son más complejas que las de esos años. El avance resulta mucho más complicado.