Ayotzinapa y Frontera Comalapa
Jorge Calles Santillana
Esta semana se dio a conocer un segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, elaborado por la Secretaría de la Defensa.
En él se indica que la secretaría ha entregado toda la información disponible y sustenta tres posibles hipótesis sobre el suceso que son muy parecidas a las que, en su tiempo, Jesús Murillo Karam, procurador general de la república del momento, defendió como la “verdad histórica”.
El reporte disgustó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace nueve años, quienes reiteraron que el ejército oculta información.
Ante las protestas de los padres, el presidente López Obrador defendió a la organización militar señalando que todos están empeñados en acusarla. “No es culpar por culpar”, dijo. “No es nada más ‘fue el Estado y fue el Ejército y ya’. No”.
El sábado pasado, un fuerte comando armado del Cartel de Sinaloa arribó al municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas—haciendo un fuerte despliegue de armas de alto calibre y siendo objeto de una recepción jubilosa por parte de los habitantes del lugar—con el fin de desalojar a fuerzas del Cartel de Jalisco Nueva Generación, que desde septiembre habían tenido controladas las rutas de la zona, sin que autoridad alguna hubiese intervenido.
La respuesta del gobierno federal fue enviar, de inmediato, fuerzas de la Guardia Nacional al área. El presidente informaría poco después de la llegada del contingente militar, que todo volvió a la normalidad, que los bloqueos fueron eliminados y que la energía eléctrica—que había sido interrumpida—fue restablecida. “Yo conozco bien allá y conozco a la gente; sé que van a ayudarnos en todo y que están con nosotros”, declaró.
Los dos sucesos exhiben, por un lado, las consecuencias de largo plazo de la desatención que la política de seguridad ha sufrido a través de varias gestiones gubernamentales, y, por otro, la irresponsabilidad comunicativa de López Obrador cuando era opositor al gobierno de Peña Nieto, así como su desdén por el estado de derecho y la seguridad nacional, ahora siendo presidente.
Que el caso de Ayotzinapa siga sin ser resuelto nueve años después y que los grupos delincuenciales de México tengan control de áreas del país y que sean otros delincuentes los que acudan en ayuda de las poblaciones, y no las autoridades del estado hacen evidente que: a) el poderío del crimen organizado hay crecido de manera tal que si México no es aún un estado fallido y narco estado está en el camino a serlo y b) que el poderío del ejército es tal que es un serio obstáculo al desarrollo del estado de derecho propio de una nación democrática.
Como varios analistas han insistido, lo que sucedió en Ayotzinapa no es tan secreto. Es muy posible que el secuestro y eliminación de los jóvenes normalistas haya sido resultado del enfrentamiento de dos grupos del crimen organizado (Guerreros Unidos y Los Rojos) que tenían conexiones, tanto con las autoridades municipales y policiales de Iguala, como con miembros del ejército. Los jóvenes fueron asesinados y calcinados; sus cenizas fueron depositadas, en bolsas, en el río San Juan.
El asunto se complicó porque las fuerzas armadas se habrían opuesto a aceptar que algunos de sus integrantes estaban coludidos con estas bandas, a pesar de que, desde la noche misma de los hechos, múltiples testigos dieron fe de la presencia y el accionar de soldados. La Procuraduría de Murillo se vio compelida a crear la “verdad histórica” eliminando de la narrativa la intromisión militar.
Pero el caso se incendió cuando López Obrador, en su afán por ganar notoriedad y fortalecer su camino a la candidatura que lo llevaría a la presidencia, afirmó que el ejército era quien los había aniquilado, dando pie a la hipótesis del “crimen de estado”. Con base en ella, dio inicio a su campaña a favor de regresar a los soldados a sus cuarteles. López Obrador fue irresponsable, porque hizo la acusación sin pruebas y basado en su interés personal.
Desde que surgieron las primeras organizaciones criminales, los gobiernos han sido incapaces de enfrentarlas con un sólido estado de derecho. Han optado por las negociaciones en lo “oscurito” y por fortalecer el poderío militar.
Hoy México está atrapado entre ambas fuerzas y no se ve a futuro una salida sana, una salida que fortalezca al estado, en vez de debilitarlo, una salida que garantice que México se vuelva un país seguro, fuerte y democrático.
Todo parece indicar que, en poco tiempo, alguno de estos dos ejércitos tomará control del estado y del país.
