Tras una batalla legal que inició en 2019, un Tribunal absolvió de manera definitiva a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido de la función pública en La Estafa Maestra, el esquema de corrupción mediante el que 11 dependencias federales desviaron más de 3 mil millones de pesos a través de universidades y empresas fantasma durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Se trata de la única exsecretaria de Estado que fue investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por este caso, pero solo la acusó de omisiones, al no detener la firma de convenios entre las dependencias y universidades durante su gestión como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu), lo cual derivó en el desvío de recursos públicos.

Sin embargo, en el proceso que la llevó a la cárcel por tres años, nunca le imputó algún delito financiero. Esto significa que la Fiscalía jamás investigó a las empresas fantasma, ni sus respectivas cuentas bancarias, ni las finanzas de todos los funcionarios involucrados, y mucho menos el destino final de los recursos públicos desviados. Tampoco inició procesos en contra de algún otro exsecretario de Estado.

Esto, pese a que el fiscal Alejandro Gertz Manero, al inicio de su gestión y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, prometió que La Estafa Maestra sería investigada como un caso de delincuencia organizada, al tratarse de un sistema de corrupción en el que intervinieron decenas de personas y se desviaron miles de millones de recursos públicos.

Esa promesa nunca se cumplió. Al iniciar el proceso judicial, la FGR solo le atribuyó omisiones prácticamente administrativas, y las únicas pruebas que ofreció durante las audiencias fueron los informes de Cuenta Pública realizadas de la Auditoría Superior de la Federación de 2013 a 2016, documentos oficiales como los oficios de nombramiento de sus cargos en el gabinete o los convenios firmados entre las dependencias y las universidades.

En cambio, en estos años de proceso, la FGR no investigó la ruta del dinero que llevara hacia los responsables y beneficiarios del desvío, pese a tener a su alcance la legislación que le permite trabajar con la Unidad de Inteligencia Financiera o colaboraciones con entes internacionales para rastrear el dinero incluso fuera del país.

La resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, de este 5 de diciembre, resolvió la apelación de la Fiscalía de una sentencia de febrero pasado, y dio por concluido el proceso en contra de Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido de la función pública.

La ponencia a cargo del ministro Alberto Torres Villanueva aprobada por unanimidad de votos ratificó la sentencia dictada por el juez Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat, quien consideró que la acusación de la FGR ya no era aplicable, pues ya no existía en el código penal, tras reformas constitucionales de 2015.

Además, determinó que las imputaciones y pruebas ofrecidas por la Fiscalía no eran suficientes para sostener la acusación de un delito en contra de Robles, sino que más bien se trataba solo de faltas administrativas.

Es decir, la Fiscalía en realidad no investigó La Estafa Maestra, pese a que la Auditoría Superior de la Federación ofreció las primeras pruebas del desvío en sus revisiones de Cuenta Pública, al investigar algunas cuentas bancarias en las que encontró triangulación de dinero entre empresas. Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción retomaron parte de esa información y continuaron investigando.

Así, revelaron que 11 dependencias de gobierno hicieron convenios por más de 7 mil millones de pesos con universidades para hacer supuestos servicios, y éstas subcontrataron a 148 empresas fantasma o ilegales, por lo que el dinero público desapareció.

La Sedesol, dirigida por Robles, por ejemplo, hizo convenios por de 2 mil 224 millones de pesos con las Universidades de Morelos y del Estado de México para supuestos servicios como repartir medio millón de despensas en los municipios más pobres del país, para verificar la sobrevivencia de beneficiarios, para comprar y repartir artículos como gorras y playeras, ninguno de ellos relacionados con la labor académica de una universidad.

Sin embargo, estos convenios, considerados como una excepción en la Ley de Adquisiciones, permitieron que la Sedesol no hiciera licitaciones, como estaba obligada por ley dado los montos contratados que, por ejemplo, podían ascender a 300 millones de pesos solo por un convenio.

Luego, las universidades, dada su naturaleza jurídica, también podían evadir las licitaciones, y, por lo tanto, contrataron directamente a las empresas que funcionarios federales les indicaban, a cambio de una comisión que a algunas universidades les permitía cumplir con sus compromisos económicos después de una asfixia presupuestal, como se revela en el libro La Estafa Maestra, la historia del desfalco.

La investigación de La Estafa Maestra, publicada en 2018, comprobó que las empresas “contratadas” por las universidades eran ilegales o fantasma, toda vez que no tenían capital, infraestructura ni personal para cumplir con los servicios que supuestamente debían hacer a las dependencias.

Posteriormente, Aristegui Noticias publicó “Operación entregables”, una investigación que demostró cómo funcionarios de Sedesol fabricaban documentos para supuestamente comprobar que los servicios se habían realizado, y con ello solventar las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Durante la investigación de La Estafa Maestra, la historia del desfalco, Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, narró cómo Rosario Robles pretendía entregarle cajas llenas de esos documentos, pero que al revisarlos, detectó que no podían comprobar los servicios. “Llévense esa basura de aquí”, dijo el auditor cuando llevaron las cajas en las instalaciones de la Auditoría.

Él mismo insistía en que simplemente era imposible creer, solo con los documentos, que los servicios se habían hecho, puesto que un día contrataban y, supuestamente, al otro día todo estaba entregado.

Incluso, después de que Rosario Robles asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, nuevamente hubo convenios con universidades que utilizaron a empresas fantasma por mil 747 millones de pesos.

El encargado de los recursos tanto en Sedesol y Sedatu fue Emilio Zebadúa, el colaborador más cercano a Robles y quien tenía las claves de los sistemas administrativos y las facultades legales para autorizar la salida de dinero de la dependencia.

Él, jamás fue imputado por la Fiscalía, y en cambio, se ofreció como testigo colaborador de la FGR y por lo que realizó una declaración en la que acusó a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, de participar en la trama de desvió de recursos para pagar deudas electorales y financiar campañas políticas, línea que tampoco fue investigada.

El proceso judicial contra Rosario Robles

El proceso judicial en contra de Robles comenzó en agosto de 2019 cuando se presentó ante el juez Felipe Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, enemiga política de Robles, para afrontar la acusación de ejercicio indebido de la función pública por haber permitido la firma de convenios de sus dependencias con universidades, pese a que la Auditoría había señalado irregularidades en ellos.

En la segunda audiencia, el 12 de agosto de 2019, Rosario Robles fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla como medida cautelar concedida por el juez al considerar un riesgo de fuga, pese a que el delito de ejercicio indebido de la función pública no ameritaba prisión mientras seguía el proceso.

En los años siguientes su defensa, encabezada por Epigmenio Mendieta, interpuso una serie de recursos judiciales para cambiar la medida cautelar, pero sin lograrlo.

El 19 de agosto de 2022, la FGR informó en un comunicado que Robles solicitó un cambio de medida cautelar y un juez de control aceptó la petición. Por ello, la exfuncionaria siguió su proceso penal en libertad.

La estrategia legal de la defensa consiguió la resolución al recurso de revisión 260/2022 en el Noveno Tribunal Colegiado Penal del Primer Circuito en la que los magistrados mandataron la realización de una nueva audiencia para determinar si la acusación debía seguir la vía penal o administrativa desde un análisis pro persona, es decir, en mayor beneficio de la acusada.

El 24 de febrero de este año se llevó a cabo dicha audiencia encabezada por el juez Omar Paredes, quien se involucró en el caso por primera vez, luego del cambio que hubo con su colega Ganter Villar, quien había presidido las audiencias previas en las que negó beneficios a la exfuncionaria y siempre le dio la razón a la FGR.

Después de analizar el caso y los argumentos de la Fiscalía, el juez determinó que “en términos de los principios pro persona, interpretación conforme y control difuso de constitucionalidad, la conducta de la justiciable podrá ser sancionada conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, es decir, descartaba el proceso penal y aducía un proceso administrativo.

La Fiscalía apeló la decisión, pero con la resolución del Tribunal de este martes, Robles termina absuelta y se cierra el caso.

Con información de Animal Político