Un Tribunal rechazó amparo solicitado por la conductora de televisión Inés Gómez Mont, quien buscaba deshechar dos órdenes de aprehensión en su contra por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal equiparable.
Miguel Ángel Medécigo Rodríguez, Magistrado adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, confirmó el fallo de un Juez de Distrito, quien negó a Gómez Mont la protección de la justicia.
El fallo aprobado plantea que la resolución del Juez fue correcta ya que se adscribe a lo establecido en el Artículo 16 constitucional y el Artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El Juez puede girar una “orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela”, especifica el artículo mencionado del Código de Procedimientos Penales.
Es por ello que, además, existen elementos de prueba y requisitos suficientes para que las autoridades argumente la presunta responsabilidad de la quejosa por los delitos imputados en su contra, por lo que los recursos interpuestos no son procedentes.
“Hasta este momento no existe dato que permita suponer que la quejosa obtuvo ingresos no declarados como asimilados a salario. Por esa razón, se propone confirmar la sentencia y negar la protección de la justicia constitucional solicitada con relación a la orden de aprehensión y su ejecución reclamadas”, añadió el Magistrado.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Mont por un presunto fraude fiscal de seis millones 613 mil 867 pesos en impuestos omitidos en 2015.
Buscada por la Interpol! Inés Gomez Mont Involucrada en lavado de dinero
La orden fue otorgada por un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, por lo que Gómez Mont suma dos órdenes de aprehensión en su contra. La primera fue girada por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El 20 de enero del 2022, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero, consiguió órdenes de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, Gómez Mont, por los delitos antes mencionados.
El 26 de ese mismo mes, Inés Gómez Mont promovió un amparo contra la orden de aprehensión y la ficha roja emitida por la Interpol en la que está señalada. Sin embargo, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal le negó dicha protección.
En noviembre de 2019, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
LA ACUSACIÓN
De acuerdo con la dependencia, todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.
Para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraron diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por Internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.
La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez Pga y su esposa Inés Gómez Mont, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales.
Inés Gómez Mont fue acusada en 2016 de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos. Foto: Cuartoscuro.
La Fiscalía General informó que durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
El 14 de octubre del año pasado, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Gómez Mont dijo que fue informada de la solicitud de órdenes de arresto contra ella y su esposo por asuntos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), a pesar de que ellos ya habían concluido acuerdos con ambas instituciones.
Con información de Sin Embargo